De las aulas a las cárceles: el PRO reclama a Kicillof un sistema para controlar celulares
La reciente sanción de una ley que regula el uso de celulares en las escuelas secundarias bonaerenses abrió un nuevo frente de discusión política. El bloque de senadores del PRO respaldó la medida educativa, pero aprovechó ese avance para cuestionar al gobernador Axel Kicillof por la falta de una solución integral para controlar las comunicaciones desde las cárceles provinciales, donde distintas investigaciones detectaron dispositivos presuntamente utilizados para cometer estafas, amenazas y extorsiones.
El planteo fue encabezado por el senador Juan Manuel Rico Zini, quien reclamó trasladar la decisión de establecer límites tecnológicos al ámbito penitenciario. La oposición busca reactivar un proyecto presentado por Pablo Petrecca y Alex Campbell para sustituir los teléfonos particulares de los internos por un sistema institucional supervisado. Sin embargo, la discusión excede las atribuciones del Ejecutivo: el régimen vigente está atravesado por autorizaciones judiciales dictadas durante la pandemia y por el derecho de las personas detenidas a mantener sus comunicaciones.
Nuevas reglas en secundaria y una reglamentación pendiente
El Senado bonaerense otorgó el 7 de octubre sanción definitiva a la norma que regula los teléfonos celulares en establecimientos secundarios públicos y privados. La legislación establece que los dispositivos solo podrán utilizarse durante la jornada educativa cuando exista una finalidad pedagógica fundamentada y autorización de las autoridades escolares.
El objetivo es reducir las distracciones, mejorar la concentración y favorecer la convivencia escolar. La disposición amplía un proceso regulatorio que Buenos Aires inició en primaria y que se incorporó a una agenda de prevención frente a pantallas, violencia y conflictos digitales.
El PRO acompañó la sanción, aunque cuestionó que el Gobierno provincial todavía no haya reglamentado, según denunció, la Ley 15.534, aprobada el 18 de septiembre de 2025 para promover el uso responsable de pantallas en las escuelas primarias.
Esa legislación establece que los alumnos solo pueden utilizar dispositivos digitales por requerimiento o autorización docente. También obliga al Ejecutivo a desarrollar campañas de concientización y materiales informativos sobre los efectos de la exposición a pantallas durante la infancia.
Su artículo 5 fija un plazo de 180 días para la reglamentación, que ya se encuentra vencido. Desde la bancada opositora sostienen que esa demora evidencia dificultades para transformar las normas aprobadas en herramientas efectivas de aplicación.
Rico Zini utilizó ese antecedente para plantear una comparación con la política penitenciaria. Su argumento es que, si la Provincia puede establecer restricciones tecnológicas por razones educativas, también debería avanzar con herramientas que impidan utilizar teléfonos desde las cárceles para organizar actividades delictivas.
El proyecto del PRO para reemplazar celulares particulares
La principal propuesta legislativa del bloque es el expediente E-121/26-27, ingresado al Senado el 1° de abril de 2026. Su autor es Petrecca y cuenta con Campbell y Rico Zini como coautores.
El texto propone crear el Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS) dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, con el objetivo de reemplazar los celulares particulares por mecanismos institucionales que permitan mantener las comunicaciones bajo control.
El esquema contempla contactos registrados y verificados, especialmente para garantizar la vinculación de las personas detenidas con familiares y abogados. La iniciativa busca impedir el acceso irrestricto a internet, redes sociales y aplicaciones que puedan facilitar maniobras delictivas.
Los impulsores sostienen que la modificación no pretende incomunicar a los internos, sino compatibilizar el derecho a mantener vínculos familiares y asistencia jurídica con mayores controles de seguridad.
El expediente fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y Legislación General. Actualmente continúa en estudio, sin despacho ni fecha de tratamiento confirmada.
El reclamo no se limita al PRO. Durante 2026 también presentaron propuestas para restringir los celulares en las cárceles representantes de La Libertad Avanza, el Frente Renovador y Hechos-UCR Identidad, aunque con diferencias sobre los mecanismos de control y las prohibiciones.
Entre ellos aparecen iniciativas de Malena Galmarini, que propone sistemas de comunicación supervisada; Carlos Curestis, quien reclamó mayores restricciones; y Oscar Liberman, impulsor de la denominada Ley Rodrigo.
La diversidad de expedientes muestra que existe interés parlamentario por modificar el régimen, pero ninguna de esas propuestas consiguió convertirse en una solución legislativa de alcance provincial.
El obstáculo judicial que condiciona al Gobierno
El régimen actual tiene su origen en marzo de 2020, cuando una resolución judicial autorizó excepcionalmente el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios bonaerenses durante el aislamiento por COVID-19.
La medida respondió a la suspensión de visitas presenciales y buscó preservar el contacto de las personas detenidas con sus familiares, defensores y otras instituciones. Sin embargo, la habilitación continuó después de finalizadas las restricciones sanitarias.
En ese escenario, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, sostuvo que las autoridades penitenciarias no pueden modificar unilateralmente el acceso de los internos a los teléfonos porque existen decisiones de los jueces de ejecución que regulan sus condiciones de detención.
El funcionario también diferenció entre internos considerados peligrosos y personas próximas a recuperar su libertad, para quienes las comunicaciones pueden formar parte de sus procesos de reinserción.
La cuestión fue desarrollada previamente en el debate sobre el bloqueo nacional de celulares y los límites judiciales en Buenos Aires, donde también surgieron posiciones contrarias a una prohibición absoluta.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García señaló que el acceso regulado a los teléfonos contribuyó a disminuir conflictos dentro de los establecimientos penitenciarios. La Universidad Nacional del Centro también advirtió sobre su importancia para sostener actividades educativas de las personas privadas de libertad.
Esas posiciones introducen una diferencia respecto de la propuesta opositora: el debate no se limita a permitir o prohibir dispositivos, sino también a determinar cómo garantizar comunicaciones legítimas sin facilitar delitos.
Por eso, cualquier modificación general del régimen requeriría articular decisiones legislativas, controles administrativos y disposiciones judiciales vigentes.
Bloqueo nacional, investigaciones y nuevas exigencias
La discusión cobró impulso después de que el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, implementara herramientas para detectar y bloquear dispositivos móviles utilizados en establecimientos penitenciarios federales.
Mediante la Resolución 806/2026, publicada el 25 de agosto, Nación creó un programa que permite a las provincias adherir a mecanismos de identificación y bloqueo de equipos, tarjetas SIM y líneas telefónicas a través de sus códigos IMEI e IMSI.
El procedimiento busca impedir que los teléfonos sigan funcionando mediante el simple reemplazo de chips. Su aplicación en jurisdicciones provinciales requiere la suscripción de convenios y la coordinación de los organismos correspondientes.
Los senadores del PRO reclaman que Buenos Aires avance con esas herramientas y explique cuáles son los controles que actualmente aplica en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Como antecedente reciente, mencionaron procedimientos realizados en septiembre en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín, donde fueron secuestrados teléfonos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para cometer delitos.
El problema también quedó expuesto en otras causas. Una investigación sobre presuntas extorsiones organizadas desde establecimientos de González Catán derivó en 31 allanamientos y 32 detenciones, mientras que otro procedimiento realizado en la Unidad 39 de Ituzaingó permitió secuestrar cuatro teléfonos y catorce chips.
Los expedientes judiciales muestran los riesgos asociados a la utilización delictiva de las comunicaciones, aunque no permiten atribuir esas conductas a la totalidad de las personas detenidas.
Para el PRO, esos antecedentes justifican acelerar el debate legislativo y adoptar mecanismos tecnológicos que permitan diferenciar comunicaciones autorizadas de actividades ilegales.
Rico Zini sintetizó el planteo opositor con una frase: “La educación necesita reglas claras. La seguridad también”. El senador reclamó que el Ejecutivo explique qué medidas aplica actualmente y que la Legislatura avance sobre los proyectos pendientes.
El escenario deja dos discusiones abiertas para la Provincia. En educación, la aplicación efectiva de las restricciones sobre pantallas; en materia penitenciaria, la posibilidad de reemplazar los teléfonos particulares por sistemas supervisados sin afectar derechos reconocidos judicialmente.
Mientras la nueva regulación escolar inicia su implementación, el proyecto penitenciario del PRO permanece sin despacho y la definición sobre el control de las comunicaciones continúa pendiente entre el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia bonaerense.