Kicillof formaliza la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad y marca contraste con el conflicto abierto en Nación
El gobierno bonaerense avanzó en la formalización de una política salarial que venía aplicándose de hecho y que ahora quedó consolidada en el Boletín Oficial. Con la firma del gobernador Axel Kicillof, el Decreto N°246/2026 terminó de ordenar los aumentos para la Policía y el Servicio Penitenciario, en una decisión que expone tanto la estrategia de recomposición provincial como la profundidad de la crisis de ingresos en las fuerzas de seguridad.
La medida llega en un contexto delicado: mientras la Provincia busca cerrar la brecha salarial con el resto de la administración pública, a nivel nacional crecen las protestas contra el gobierno de Javier Milei por los bajos salarios en las fuerzas federales.
Un decreto para ordenar atrasos y cerrar la paritaria de hecho
El decreto oficializa incrementos con vigencia retroactiva a agosto y octubre de 2025, completando los tramos definidos previamente en la política salarial establecida por la administración bonaerense.
En términos concretos, se actualizan sueldos básicos, bonificaciones y compensaciones para todos los subescalafones operativos de la Policía —Comando, General, Profesional, Administrativo, Técnico, Servicios y 911— y para el Servicio Penitenciario Bonaerense.
La decisión no implica un nuevo aumento sino la formalización administrativa de una recomposición que ya se venía aplicando de manera escalonada. En la práctica, el Ejecutivo buscó alinear los ingresos de las fuerzas con los criterios utilizados para el resto de los trabajadores estatales bajo la Ley 10.430.
El decreto también establece la actualización de bonificaciones remunerativas no bonificables y fija nuevos valores para la compensación por mantenimiento de uniformes y equipos, un ítem sensible para el personal en actividad. Este adicional, clave en el ingreso mensual, también se liquidará con retroactividad, aunque excluye a cadetes.
En paralelo, se replica el mismo esquema para el Servicio Penitenciario, incluyendo a escalafones técnicos, profesionales y auxiliares, además de aspirantes en formación. La intención oficial es homogeneizar criterios en toda la estructura estatal, en medio de una política de actualización general de salarios.
La admisión oficial: “no alcanza”
El trasfondo de la medida quedó expuesto en declaraciones previas del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien reconoció abiertamente la crisis salarial que atraviesan los efectivos.
“Los sueldos en la Argentina son una miseria hoy. Un oficial que recién empieza ya en su segundo año está cobrando un millón cincuenta mil pesos, entre el salario básico, su actividad y el uniforme. Igual no alcanza, con esto no le alcanza a nadie”, sostuvo.
El diagnóstico oficial no se quedó ahí. Alonso admitió que una porción significativa del personal policial necesita complementar ingresos fuera de la fuerza para cubrir gastos básicos. “Tenemos muchos policías que, por ejemplo, manejan autos de aplicación, incluso a veces combinan el trabajo policial con el trabajo adicional”, explicó.
El funcionario también reveló situaciones que reflejan el impacto económico en la vida cotidiana de los efectivos: “También se ha subido a la dinámica de OnlyFans y hemos dado un trabajo institucional respecto de eso, asesorándolas fundamentalmente para que no cometan un acto de indisciplina”.
Las declaraciones, poco habituales por su crudeza, dejaron en evidencia que la recomposición salarial, aun con los aumentos formalizados, corre por detrás del costo de vida.
Seguridad, salarios y disputa con Nación
El movimiento del gobierno bonaerense se inscribe en una estrategia más amplia que combina inversión en seguridad con recomposición de ingresos. Días atrás, Kicillof encabezó el egreso de 1.547 nuevos oficiales y defendió el rumbo de su gestión: “Invertimos en equipamiento, infraestructura y capacitación para transformar y devolverle el prestigio a nuestra Policía”.
En ese mismo acto, Alonso planteó una crítica directa al gobierno nacional al reclamar mayor intervención en la lucha contra el narcotráfico, marcando diferencias en la política de seguridad.
El contraste se profundiza con la situación de las fuerzas federales, donde en los últimos días se registraron protestas por salarios considerados insuficientes.
Efectivos y familiares denunciaron ingresos que no cubren necesidades básicas y rechazaron el pago de bonos como solución. “No queremos bono, queremos un sueldo justo”, fue una de las consignas del reclamo.
Incluso el propio Milei, durante su breve discurso en el acto por Malvinas, reconoció la existencia de un atraso salarial: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las Fuerzas”, afirmó recientemente.
En ese escenario, la decisión de la Provincia de formalizar aumentos busca mostrar una política activa frente a un problema estructural que atraviesa a todo el sistema de seguridad, con diferencias cada vez más marcadas entre jurisdicciones y con un impacto directo en la operatividad de las fuerzas.