Salarios policiales, reclamos y el límite que marca Kicillof

El conflicto salarial que atravesó a la Policía de Santa Fe en los últimos días encendió luces de alerta en la provincia de Buenos Aires y reactivó un mensaje político claro desde el Ministerio de Seguridad bonaerense: los reclamos pueden ser legítimos, pero no se tolerarán acciones que vulneren la ley ni pongan en riesgo la seguridad pública. La referencia directa fue el antecedente de septiembre de 2020, cuando más de 1.200 efectivos de la Bonaerense fueron desafectados o expulsados tras una protesta considerada insubordinación.

Mientras en Santa Fe el gobernador Maximiliano Pullaro anunció un nuevo esquema salarial y logró que la fuerza levantara las medidas de protesta, en La Plata el Gobierno de Axel Kicillof buscó marcar límites ante cualquier intento de réplica. “Nadie está obligado a ser policía, pero quien lo es debe cumplir la ley. No se juega con la seguridad pública”, señalaron fuentes del área de Seguridad bonaerense, al recordar cómo se resolvió el conflicto de 2020.

Recoulat llevó a La Plata la agenda educativa de Trenque Lauquen

Santa Fe: recomposición salarial y fin de la protesta

El anuncio de Pullaro estableció que, desde febrero, ningún integrante de la Policía ni del Servicio Penitenciario santafesino cobrará menos de $1.350.000. Además, se definieron adicionales que elevan los ingresos de los agentes operativos en zonas de mayor conflictividad, con sueldos que pueden superar los $1.900.000 y alcanzar más de $2.100.000 para quienes conducen móviles policiales.

El esquema también incluyó la duplicación de la tarjeta alimentaria, que pasó de $84.000 a $168.000, y suplementos diferenciados según riesgo y destino. A eso se sumaron medidas vinculadas al bienestar laboral, como refuerzos en el gabinete psicológico y mejoras logísticas para efectivos que prestan servicio lejos de sus lugares de residencia.

Pullaro calificó el reclamo como “justo y genuino” y sostuvo que, con las medidas adoptadas, “no hay ninguna razón para que siga la movilización”. La protesta, que había tenido su punto más crítico tras el suicidio de un suboficial en Rosario, fue finalmente desactivada luego de varios días de tensión.

Escala de haberes pautada para Diciembre 2025 para el personal de las Policías de PBA.

Buenos Aires: salarios ajustados y advertencia política

La comparación con la provincia de Buenos Aires no es casual. Según datos oficiales del sistema previsional policial, el piso del esquema salarial se ubica en torno a los $950.000 de bolsillo para los grados iniciales, aunque en actividad los ingresos pueden incrementarse con horas adicionales y otros suplementos. En ese contexto, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, reconoció la profundidad de la crisis salarial: “Los sueldos en la Argentina son una miseria hoy”.

Alonso detalló que un oficial que recién inicia su carrera percibe alrededor de $1.050.000, sumando salario básico y adicionales, pero admitió que “igual no alcanza”. También señaló que unos 30.000 efectivos realizan tareas de policía adicional para complementar ingresos y que algunos recurren a trabajos en aplicaciones digitales, una práctica que el Ministerio regula para evitar faltas disciplinarias y preservar la imagen institucional.

El funcionario vinculó el deterioro salarial con el contexto económico general y apuntó contra el Gobierno nacional por la caída de recursos: aseguró que, en los últimos dos años, la provincia de Buenos Aires perdió alrededor de 12 mil millones de dólares por la reducción de la coparticipación federal.

Abad sobre la reforma laboral: "Creo que esta ley es necesaria"

Reclamos latentes y debate político

Aunque en Buenos Aires no hubo un estallido como el de Santa Fe, el malestar policial permanece latente. Los reclamos incluyen aumentos salariales, actualización de horas extras, mejoras en la obra social IOMA y atención a la salud mental, en un escenario atravesado por licencias psiquiátricas y una problemática persistente de suicidios dentro de la fuerza.

Desde el Gobierno bonaerense insisten en que cualquier reclamo debe canalizarse por vías institucionales. La línea roja, repiten en La Plata, es cualquier acción que implique dejar sin servicio a la ciudadanía o condicione la seguridad pública.