La crisis del IOMA se agrava y crece la presión política y social en la Provincia

La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) suma cuestionamientos políticos, reclamos gremiales, denuncias judiciales y testimonios de afiliados que describen un deterioro sostenido en las prestaciones. Demoras en turnos, cortes de servicios, tratamientos interrumpidos y conflictos con prestadores conforman un escenario que, según dirigentes opositores y organizaciones, afecta a más de dos millones de bonaerenses.

En las últimas semanas, el tema volvió al centro del debate público en medio de la interna del peronismo bonaerense y de la agenda política del gobierno de Axel Kicillof. Desde la oposición cuestionan que la administración provincial priorice discusiones partidarias mientras, aseguran, se profundizan problemas estructurales en áreas sensibles como la salud.

El Instituto, conducido por Homero Giles, enfrenta denuncias por demoras prolongadas en autorizaciones, falta de cobertura de medicamentos y deudas con profesionales y centros de atención, lo que en varios distritos derivó en la suspensión o limitación de prestaciones.

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Prestaciones interrumpidas y reclamos en toda la provincia

Los cuestionamientos no provienen solo del ámbito político. Afiliados, gremios y organizaciones vienen señalando dificultades crecientes para acceder a la atención.

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) declaró en diciembre la “emergencia salarial” y describió una “grave situación” en el funcionamiento de la obra social, con demoras en autorizaciones, suspensión de prácticas y servicios deficitarios en ciudades como Mar del Plata. Según el gremio, los policonsultorios que sostienen en Mar del Plata y Tigre funcionan como red de contención ante el colapso, aunque arrastran una deuda “enorme” que el IOMA y A.C.E.A.P. mantienen desde hace meses.

En el interior bonaerense, la Juventud de la UCR de la Cuarta Sección advirtió sobre un “marcado abandono” del sistema de salud provincial. En un documento difundido tras un plenario, señalaron: “Demoras, rechazos y excesivos trámites burocráticos continúan dejando desprotegidos a los pacientes en los momentos más críticos. En paralelo, hospitales provinciales hacen malabares frente a faltas de insumos y bajos salarios”.

El impacto también alcanza a los municipios. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, explicó que cuando la obra social no cubre determinadas prestaciones, “los vecinos recurren al sistema público local en busca de respuestas”.

El deterioro prestacional se agravó a fines de 2024, cuando el conflicto con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) dejó a más de veinte municipios sin cobertura. En ese contexto, muchos afiliados denunciaron que, pese a los descuentos mensuales, deben pagar consultas particulares o contratar una segunda cobertura. La entonces senadora provincial, Yamila Alonso, remarcaba a este medio: “Son los afiliados los que quedan de rehenes y los que sufren las consecuencias porque les vulneran el derecho a la salud”.

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Por su parte, el diputado de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, advirtió que los reclamos “son constantes y angustian” y sostuvo: “Cortes de prestaciones, turnos postergados, cirugías demoradas y cortes de servicio no son un problema administrativo: son un problema de salud y de derechos”.

Pacientes oncológicos y denuncias por riesgo vital

Uno de los focos más sensibles del conflicto lo protagonizan pacientes con enfermedades graves. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, afiliados oncológicos denunciaron en los últimos días un “peregrinaje cruel” para acceder a tratamientos y medicación.

Bajo la consigna “IOMA no cumple y el cáncer no espera”, cuestionaron el funcionamiento del plan Meppes, que —según señalaron— limita la provisión de medicamentos a convenios con determinados laboratorios, lo que obligaría a aceptar alternativas terapéuticas definidas por criterios administrativos.

Los reclamos sostienen que existen interrupciones de tratamientos y demoras que pueden derivar en recaídas evitables. En algunos casos, familiares organizaron redes solidarias para compartir medicación entre pacientes ante las dificultades de acceso.

La problemática derivó también en presentaciones judiciales. En diciembre se radicó una denuncia penal federal que solicita la intervención urgente del organismo por hechos que podrían encuadrarse, de comprobarse, en el delito de abandono de personas. El escrito advierte sobre la suspensión de tratamientos crónicos y oncológicos, falta de medicación vital y cancelación de cirugías por deudas con prestadores.

La presentación pide investigar posibles responsabilidades funcionales de autoridades provinciales y del propio IOMA, además de medidas cautelares para garantizar prestaciones y regularizar pagos.

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En paralelo, otra denuncia impulsada por el abogado Marcelo Mazzeo solicitó que la Justicia investigue presuntos delitos vinculados a la administración del organismo, entre ellos administración fraudulenta y malversación de fondos. Desde el Gobierno provincial indicaron que no habían sido notificados formalmente y señalaron que el texto contiene consideraciones políticas sin base en hechos concretos.

Presión política y propuestas de reforma

El escenario también escaló en el plano legislativo. Garciarena presentó un proyecto para otorgar autarquía financiera y administrativa al IOMA, con el objetivo de que los fondos se transfieran directamente al organismo antes del día 15 de cada mes.

Según el legislador, la medida permitiría mejorar la capacidad de planificación y acción de la obra social, que cuenta con más de dos millones de afiliados. “Los recursos de IOMA son de IOMA. Deben destinarse a mejorar las prestaciones y garantizar la atención que los afiliados merecen”, afirmó.

Otros dirigentes también cuestionaron la gestión. El concejal marplatense Ariel Martínez Bordaisco sostuvo que los afiliados “solo reciben malas noticias” y calificó la situación como un “abandono sanitario”.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Romina Braga describió el escenario como “calamitoso” y advirtió sobre la falta de un plan de urgencia para atender las demandas más críticas. “Estamos hablando de situaciones realmente complejas que no pueden esperar”, señaló en una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

El diputado radical Valentín Miranda, por su parte, consideró que la situación actual “no tiene precedentes” y también en una charla con este medio reclamó medidas inmediatas para resolver los cortes de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos y la falta de pagos a farmacias.