La “ley hojarasca” y el intento de diluir el reclamo de los intendentes
Mientras los intendentes de todo el país terminan de organizar una movilización al Ministerio de Economía para reclamar por la caída de recursos, el gobierno de Javier Milei acelera en paralelo con una jugada de alto impacto institucional: el desfinanciamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM), la principal herramienta política y de articulación del poder territorial.
La tensión escaló en las últimas horas, luego de una cumbre virtual encabezada por Fernando Espinoza que reunió a jefes comunales de distintas provincias. Allí se resolvió avanzar con una protesta directa frente a la cartera que conduce Luis “Toto” Caputo, en un contexto que los propios intendentes definieron como “de catástrofe”.
El dato no es menor: la FAM nuclea a unos 500 intendentes, 85 de ellos bonaerenses, y viene siendo el canal institucional desde donde los municipios intentan canalizar reclamos frente a un escenario de caída sostenida de ingresos.
Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional descendieron 3,8% interanual, mientras que la coparticipación cayó 7%. En el primer trimestre de 2026, la baja promedio fue aún más profunda: 6,1% en recursos nacionales y 8% en coparticipación.
Ese deterioro impacta de lleno en administraciones locales que ya destinan entre el 70% y el 80% de su gasto a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
La “ley hojarasca” y el intento de vaciar a los municipios
En ese marco, el Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto conocido como “ley hojarasca”, impulsado por Federico Sturzenegger. Bajo el argumento de eliminar normas obsoletas, la iniciativa incluye un punto que encendió todas las alarmas en el universo municipal: la eliminación del financiamiento estatal a la FAM.
La modificación apunta directamente al artículo 11 de la ley de creación del organismo y establece que la federación no podrá recibir fondos del Estado nacional ni de empresas o entes con participación estatal.
El impacto sería inmediato. Según explican desde adentro de la entidad, el grueso de su financiamiento proviene actualmente del aporte nacional, mientras que las cuotas de los municipios tienen un peso marginal y, en muchos casos, están impagas. “Casi todo lo que entra viene del gobierno nacional, por lo que, si lo sacan, la entidad también entraría en crisis”, admitió una fuente con conocimiento directo del funcionamiento interno.
La jugada no sólo implicaría asfixiar económicamente a la FAM, sino también debilitar un espacio que históricamente funcionó como caja de resonancia de los reclamos territoriales. En los últimos meses, ese rol se intensificó: comunicados críticos, pedidos de audiencia con el Presidente y ahora una movilización directa a Economía.
Incluso, entre dirigentes municipales no descartan que el avance oficial incluya la recuperación de la sede central de la FAM, ubicada en Cerrito 832, un edificio que pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y que ya había sido objeto de disputa durante la gestión de Mauricio Macri.
Espinoza se afirma y el kicillofismo ordena filas
En paralelo a la ofensiva nacional, la interna del peronismo también se movió. En la antesala de la renovación de autoridades de la FAM, prevista para julio, sectores del kirchnerismo habían deslizado la intención de disputar la presidencia que hoy ostenta Espinoza.
Sin embargo, esa discusión encontró un freno en el espacio alineado con Axel Kicillof. En una reunión realizada el martes en la residencia de la Gobernación bonaerense, intendentes del conurbano y funcionarios provinciales ratificaron el respaldo al jefe comunal de La Matanza.
La definición no fue casual. En el esquema actual, la FAM aparece como una herramienta clave para articular la respuesta política frente al ajuste nacional. “No tendrían nunca los intendentes para lograr una mayoría”, deslizaron desde el kicillofismo sobre la posibilidad de un recambio impulsado por otros sectores.
La disputa por la conducción se da en un contexto donde la federación volvió a recuperar centralidad. Durante el kirchnerismo, fue utilizada como canal directo entre la Nación y los municipios; luego, durante el macrismo, se transformó en un ámbito de confrontación política. Hoy, con Milei en la Casa Rosada, vuelve a pararse en ese lugar.
La ofensiva contra su financiamiento coincide con una escalada de reclamos que exceden lo presupuestario. Desde la FAM vienen denunciando recortes en obra pública, caída de programas sociales y un deterioro general de las condiciones económicas que impacta directamente en los territorios.
En ese sentido, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis también sumará presión con un reclamo puntual: la utilización de los fondos del impuesto a los combustibles para obras viales. “Cada vez que cargás nafta, un tercio de lo que pagás debería ir por ley a obras viales. Pero el Gobierno nacional se queda con esa plata y también con los peajes, sin hacer una sola mejora”, afirmó.
El martes, cuando los intendentes lleguen a las puertas de Economía, no sólo llevarán números en rojo. También pondrán en escena una disputa de fondo sobre el rol del Estado, el federalismo y la supervivencia política de los municipios en un escenario cada vez más restrictivo.