Nuevo round por las rutas: la decisión que reconfigura la pelea entre Provincia y Nación
La decisión de la provincia de Buenos Aires de avanzar con la impugnación de la licitación de rutas nacionales marca un punto de inflexión en la pelea con el Gobierno nacional. Ya no se trata solo de denuncias públicas: el conflicto entró en una fase institucional, con consecuencias políticas, económicas y judiciales.
El movimiento del gobierno de Axel Kicillof aparece como una respuesta directa a lo que considera un intento de excluir a AUBASA de la competencia por corredores estratégicos. Pero, al mismo tiempo, funciona como una señal más amplia: la Provincia busca disputar poder en un terreno donde hasta ahora había predominado la lógica centralizada de Nación.
El paso hacia la impugnación no es aislado. Llega después de semanas de cuestionamientos por cambios en los pliegos, nuevas exigencias y criterios de evaluación que, según denuncian desde La Plata, alteraron las condiciones originales del proceso.
“Dicen que una empresa de concesiones viales no puede presentarse a una concesión vial. No nos vamos a quedar callados. Es una decisión política para impedir que la Provincia gestione sus propias rutas”, afirmó el ministro Carlos Bianco.
El dato que más ruido generó fue la modificación de 33 de los 34 artículos del pliego en plena licitación. Para el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, eso no solo rompe la previsibilidad, sino que habilita un escenario donde las reglas pueden ajustarse según el oferente.
En ese contexto, la Provincia interpreta que la exclusión de AUBASA no sería un efecto colateral, sino parte de una decisión política. De ahí que la impugnación no se limite a lo técnico: apunta a cuestionar la legitimidad del proceso.
AUBASA como símbolo y herramienta
La defensa de AUBASA excede lo operativo. Para el gobierno bonaerense, la empresa se convirtió en un instrumento clave para sostener un modelo de gestión propio en infraestructura, basado en la reinversión de recursos y el control estatal de corredores estratégicos.
Perder esa disputa implicaría, en términos políticos, resignar capacidad de intervención en un área sensible para la economía provincial. Pero también tendría impacto en la narrativa oficial: la Provincia viene construyendo un discurso que contrasta su esquema con el del Gobierno nacional, al que acusa de paralizar la obra pública y promover concesiones más costosas. Por eso, la impugnación también es una forma de defender ese modelo.
El conflicto por las rutas condensa varias tensiones en simultáneo. Por un lado, la disputa por recursos y competencias entre Nación y Provincia. Por otro, el debate sobre el rol del Estado en la gestión de servicios estratégicos.
Pero además hay una dimensión política más profunda. En un contexto de ajuste y recorte de transferencias, la Provincia busca construir volumen propio y mostrarse activa frente a un Gobierno nacional que concentra decisiones.
La impugnación abre ahora un escenario incierto. Si prospera, podría obligar a revisar el proceso licitatorio. Si no, la Provincia ya anticipa que avanzará por la vía judicial.
Ese camino no es menor. Implica trasladar la disputa al plano institucional, con tiempos más largos y resultados menos previsibles. Pero también permite sostener el conflicto en agenda y reforzar la idea de que hubo irregularidades.
En definitiva, la decisión de la Provincia no solo escala la pelea por las rutas: redefine el terreno donde se juega. Y deja planteado un interrogante de fondo sobre el vínculo entre Nación y Provincia en un contexto de alta tensión política.