Otro escándalo sacude al Gobierno: denuncian que Caputo se quedó con $1,1 billones destinados a obras viales
El deterioro de las rutas nacionales dejó de ser una postal habitual para transformarse en un frente político de alto voltaje. Con accidentes en aumento, obras paralizadas y costos logísticos en alza, la discusión por el destino de los fondos del impuesto a los combustibles escaló a niveles institucionales y amenaza con abrir un nuevo conflicto entre el Gobierno nacional, las provincias y el Congreso.
En ese contexto, una veintena de diputados nacionales de Unión por la Patria formalizó un reclamo contra el Ministerio de Economía por la presunta “retención indebida” de recursos que, por ley, tienen asignación específica para el mantenimiento de la red vial. El monto en cuestión supera los $1,1 billones y expone una tensión de fondo: el equilibrio fiscal que exhibe la administración de Javier Milei frente a obligaciones legales que, según la oposición, no se están cumpliendo.
El eje del conflicto gira en torno al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se financia con un porcentaje del impuesto a los combustibles. La normativa vigente establece que el 28,8% de lo recaudado debe destinarse a obras de infraestructura vial a través del fideicomiso de transporte.
Según el relevamiento presentado por los legisladores, desde 2024 hasta el primer bimestre de 2026 se habrían retenido $1.165.491.000.000. La cifra incluye más de $354 mil millones en 2024, cerca de $682 mil millones en 2025 y unos $122 mil millones en lo que va de 2026.
“El problema es especialmente grave porque no se trata de fondos de libre disponibilidad”, advirtieron desde el bloque opositor, al tiempo que denunciaron una “subejecución inadmisible” frente al deterioro visible de la red vial.
El planteo no es solo técnico. También apunta a la lógica macroeconómica del Gobierno: parte del superávit fiscal se sostendría, según esta mirada, sobre la postergación de gastos con asignación específica, lo que podría derivar en litigios judiciales a futuro.
El impacto en el interior y la presión de intendentes
Lejos de los despachos, el conflicto ya se siente en el territorio. Intendentes de distintas provincias comenzaron a coordinar acciones conjuntas para exigir la liberación de los fondos y la reactivación de obras paralizadas.
En paralelo, el malestar se amplifica por el contexto económico. La caída de la recaudación y la baja en la coparticipación agravan la situación financiera de las provincias, que ven en estos fondos una herramienta clave para sostener infraestructura básica.
La tensión también se trasladó a las rutas. El último fin de semana, vecinos autoconvocados volvieron a manifestarse en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para visibilizar el estado crítico de los caminos.
Uno de los focos fue la Rotonda del Cristo, en Azul, donde confluyeron reclamos por el deterioro de la Ruta Nacional 3. La protesta reunió a vecinos de localidades como Olavarría, Las Flores, General La Madrid y Tres Arroyos, que denunciaron demoras en licitaciones y falta de mantenimiento. El conflicto no se limita al estado de las rutas. También cuestiona el esquema de concesiones que impulsa el Gobierno nacional.
La respuesta política y la escalada del conflicto
Mientras crecen las protestas, el reclamo político suma volumen. La diputada Victoria Tolosa Paz fue una de las voces más duras al denunciar que “no hay excusas” para retener fondos que tienen destino específico y que deberían estar volcados a obras.
"El abandono de las Rutas Nacionales se traduce en siniestros y en muertes. Si bien la lista es larga, algunas de las que peor se encuentran son las rutas 3, 5, 7, 33 y la 205. La motosierra de Milei atenta contra la vida de los argentinos. Esto no puede esperar más. Le exigimos al ministro Caputo la entrega de los fondos del Impuesto al Combustible", dijo en X.
En paralelo, este martes se espera una movilización de intendentes junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y al presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, hacia el Ministerio de Economía. El objetivo es presentar un documento con tres ejes: retrotraer el precio de los combustibles, frenar el recorte de fondos y reactivar la obra pública.
El trasfondo es más amplio que la discusión vial. La disputa por estos recursos se inscribe en una puja mayor por el reparto de fondos entre Nación y provincias, en un escenario donde el ajuste fiscal redefine las prioridades del gasto público.
Una red vial en deterioro y un debate abierto
El estado de las rutas nacionales se convirtió en un síntoma visible de una discusión estructural. Señalización deficiente, banquinas sin mantenimiento y obras paralizadas son parte de un diagnóstico que se repite en distintas regiones del país.
Al mismo tiempo, el crecimiento de la recaudación del impuesto a los combustibles —que aumentó de manera significativa desde 2024— contrasta con la falta de ejecución en infraestructura. Esa brecha es la que hoy alimenta el conflicto político.
Con intendentes movilizados, diputados en pie de guerra y posibles derivaciones judiciales, el tema promete escalar en la agenda pública. En el centro de la escena, una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué se hace con los fondos que, por ley, deberían estar en las rutas.