Intendentes van a la carga con una denuncia penal contra Caputo por malversación
Intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), avanzan en la posibilidad de denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventual malversación de caudales.
El movimiento implica llevar a la Justicia un conflicto que, hasta ahora, se canalizaba en el terreno político. La advertencia tiene una condición explícita: si el Gobierno no convoca de manera urgente a una mesa de trabajo para normalizar el flujo de fondos, la presentación judicial será inminente.
En ese marco, la protesta frente al Ministerio de Economía marcó un giro en la estrategia, con intendentes que resolvieron apuntar directamente contra la administración de Javier Milei, sin intermediación de los gobernadores.
El mensaje fue claro: la crisis financiera que atraviesan los municipios responde, según su diagnóstico, a decisiones nacionales. La caída de transferencias, la reducción de la coparticipación y el freno de la obra pública son señalados como los principales factores de presión sobre las gestiones locales.
En ese marco, el rol del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue central para articular una convocatoria que incluyó jefes comunales de distintos espacios políticos, aunque con fuerte presencia del peronismo bonaerense.
El eje del conflicto: el impuesto a los combustibles
El núcleo técnico del reclamo está en el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según los intendentes, la legislación vigente —artículo 19 de la ley 23.966, modificada por la ley 27.430— establece que esos fondos deben alimentar el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
Ese esquema fija que la mayor parte de lo recaudado debe destinarse a obras viales, mientras que un porcentaje menor puede aplicarse a infraestructura ferroviaria. Sin embargo, desde la FAM sostienen que esos recursos no están llegando a su destino.
La acusación escala un peldaño más: aseguran que parte de esos fondos estaría siendo redireccionada hacia el circuito financiero, en particular a operaciones vinculadas a deuda, compra de divisas y estrategias de carry trade.
El argumento de los intendentes se apoya en cifras concretas. Según sus cálculos, durante el último año el Estado nacional recaudó alrededor de 3,5 billones de pesos para el fideicomiso de transporte.
De ese total, estiman que unos 2,25 billones deberían haber sido transferidos a obras viales. Sin embargo, afirman que solo se giraron 1,2 billones, lo que dejaría un desfasaje de aproximadamente 1,15 billones de pesos.
Esa diferencia es la base sobre la que se construye la eventual denuncia por malversación. Para los jefes comunales, no se trata solo de una discusión contable, sino de recursos que impactan directamente en el mantenimiento de rutas y en la seguridad vial.
Impacto social y económico en los territorios
El conflicto por los fondos no se limita a una discusión técnica. Los intendentes advierten que la falta de recursos ya tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana.
Según el documento presentado ante Economía, los municipios enfrentan un aumento del 100% en la demanda de asistencia alimentaria, mientras que denuncian la interrupción de envíos de alimentos por parte del Gobierno nacional.
A esto se suma el encarecimiento de los combustibles, que —según datos expuestos por funcionarios provinciales como Gabriel Katopodis— acumularon subas superiores al 500% desde el inicio de la gestión libertaria, con impacto directo en transporte, logística y precios. "El gobierno no arregla una sola ruta, no hay hecho ni una sola obra pública. Estamos retrocediendo en el tiempo, es lamentable", confió un jefe comunal a GRUPOLAPROVINCIA.COM.
El deterioro también se refleja en indicadores productivos: cierre de empresas, caída de la actividad y dificultades en economías regionales. En ese contexto, los municipios se convierten en el primer mostrador de la crisis.
El conflicto por los fondos viales suma presión política e institucional
Ese cuadro de situación encontró su correlato en la infraestructura. El deterioro de las rutas nacionales dejó de ser una postal habitual para convertirse en un frente político de alto voltaje. Con accidentes en aumento, obras paralizadas y costos logísticos en alza, la discusión por el destino de los fondos del impuesto a los combustibles escaló a niveles institucionales y suma presión sobre la estrategia económica del Gobierno.
En paralelo, el conflicto ya ingresó al Congreso. Un grupo de diputados de Unión por la Patria formalizó un reclamo contra el Ministerio de Economía por la presunta retención indebida de recursos con asignación específica para infraestructura vial. Según ese planteo, desde 2024 hasta el inicio de 2026 se habrían retenido más de $1,1 billones correspondientes al sistema que financia obras en rutas, lo que —advierten— no solo implica una subejecución crítica, sino que también podría derivar en futuros litigios judiciales.
La tensión también se traslada al territorio. Intendentes de distintas provincias comenzaron a coordinar acciones conjuntas, mientras crecen las protestas de vecinos por el estado de los caminos y las demoras en obras clave. En ese escenario, el reclamo deja de ser sectorial y se inscribe en una disputa más amplia por el reparto de recursos entre Nación y provincias, con el equilibrio fiscal como telón de fondo y la infraestructura como uno de los principales puntos de conflicto.