De la coparticipación al trueque: el diagnóstico que los municipios llevaron a Economía

La postal frente al Ministerio de Economía expuso algo más que una protesta: intendentes de todo el país, con fuerte impronta bonaerense, decidieron saltear a los gobernadores y apuntar directamente contra la Casa Rosada por la asfixia financiera que, aseguran, ya impacta de lleno en la vida cotidiana. 

La movilización, encabezada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), dejó al descubierto una estrategia política que busca nacionalizar el conflicto por los recursos retenidos y la paralización de la obra pública.

Reclamo directo a Nación y sin intermediarios

La decisión de concentrarse en la puerta del Palacio de Hacienda no fue casual. Según plantearon los propios jefes comunales, el objetivo fue evitar “confusiones y costos políticos injustos” sobre los gobiernos provinciales y direccionar el reclamo hacia la administración de Javier Milei.

En esa línea, remarcaron que muchos de los problemas que reciben los intendentes —desde la falta de alimentos hasta la interrupción de obras— dependen de decisiones nacionales.

El dato político es relevante: hacía más de dos años que no se veía una convocatoria de este tipo, con intendentes de distintos signos, aunque con predominio del peronismo bonaerense. La escena tuvo como protagonistas al intendente de La Matanza y presidente de la FAM, Fernando Espinoza, y funcionarios del gabinete de Axel Kicillof, como el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en una señal de alineamiento entre los municipios y la Provincia.

El documento entregado —aunque sin recepción formal por parte del ministro Luis Caputo— detalla un cuadro crítico: caída de la coparticipación, recorte de transferencias y eliminación de herramientas de asistencia. En los primeros tres meses del año, los municipios registraron una baja del 11% en los recursos coparticipables, que se suma a una tendencia negativa acumulada desde 2024.

Combustibles, obras frenadas y fondos retenidos

Uno de los ejes más sensibles del reclamo gira en torno al impuesto a los combustibles líquidos. Los intendentes denuncian que Nación retiene fondos millonarios que deberían destinarse a infraestructura vial. Según el petitorio, la cifra asciende a 6,1 billones de pesos.

El planteo se completa con un pedido concreto: retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo. El trasfondo es el impacto directo en la economía local. “La nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno”, sostuvo Katopodis, quien vinculó esa suba con el encarecimiento del transporte, la logística y los alimentos.

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Desde los municipios, el diagnóstico es aún más crudo. Ricardo Alessandro, intendente de Salto, advirtió que “la situación en los municipios es crítica: el freno total de la obra pública y el aumento de combustibles (que ya supera los USD 1,42 por litro) golpean fuerte a nuestra producción y al bolsillo de las familias”.

En la misma línea, Francisco Echarren, de Castelli, apuntó directamente contra el esquema de recaudación nacional: “Te cobran un impuesto en cada litro de nafta para arreglar las rutas. No arreglan una sola. Y se quedan con la plata”.

Emergencia social y presión sobre los municipios

El documento de la FAM profundiza en el impacto social del ajuste. Allí se advierte que la demanda de asistencia alimentaria creció un 100% y que, según denuncian, los municipios no reciben envíos de alimentos por parte del Gobierno nacional. A esto se suma la dificultad de acceso a medicamentos para jubilados y la interrupción de tratamientos en personas con discapacidad.

El texto describe una escena que, hasta hace poco, parecía lejana: el regreso del trueque en plazas y barrios como mecanismo de subsistencia. “Familias intercambian ropa usada por ½ kg de pan”, señala el documento, en una definición que busca graficar el deterioro del tejido social.

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, sintetizó el clima general: “Intendentas e intendentes de todo el país presentamos ante el Ministerio de Economía un documento que refleja la difícil realidad económica y social que atraviesan nuestros municipios”.

En paralelo, la FAM puso el foco en el impacto productivo: más de 22 mil empresas cerradas, caída de la actividad industrial y crisis en economías regionales. La combinación de tarifas en alza, apertura de importaciones y retracción del consumo configura, según los intendentes, un escenario que compromete el empleo y la sostenibilidad local.

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El trasfondo institucional también aparece en el reclamo. Los intendentes cuestionan el uso “discrecional” de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y exigen que se distribuyan con criterios similares a la coparticipación. Además, reclaman la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía.

Antes de la movilización, Espinoza había sintetizado el tono del reclamo: “El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”. Y ya frente a Economía, desde la conducción de la FAM advirtieron: “No vamos a irnos sin dejar constancia formal de nuestro reclamo en la mesa de entradas del Ministerio”.