Milei delegó en provincias aliadas la concesión de rutas nacionales con peajes
El Gobierno nacional oficializó un cambio de fondo en la administración de la red vial al delegar en nueve provincias la facultad de gestionar, mantener y licitar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida habilita además el cobro de peajes como mecanismo para financiar obras y conservación.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa un nuevo paso en la estrategia de descentralización impulsada por la administración de Javier Milei para reducir la intervención directa del Estado nacional en áreas de infraestructura.
Qué provincias quedaron habilitadas
Las jurisdicciones que podrán avanzar con este nuevo esquema son:
- Corrientes
- Santa Fe
- Córdoba
- San Luis
- Mendoza
- Río Negro
- Neuquén
- San Juan
- Santa Cruz
Según la normativa, cada una de esas provincias tendrá la posibilidad de otorgar concesiones de obra pública a empresas privadas, sociedades mixtas o entes públicos para la explotación y mantenimiento de corredores viales estratégicos.
Cómo funcionará el nuevo esquema
El decreto establece que las provincias podrán asumir tareas vinculadas a:
- Funciones delegadas
- Administración de tramos viales
- Conservación de rutas
- Reparación de infraestructura
- Ampliación de corredores
- Cobro de peajes
- Licitación de obras públicas
La Casa Rosada aclaró que la delegación será “funcional, limitada, temporal y revocable”, por lo que el Estado nacional mantendrá la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal sobre esos corredores.
El texto oficial remarca que la transferencia no implica que las provincias pasen a ser dueñas de las rutas, sino que asumirán su gestión operativa durante el plazo fijado en cada convenio.
El rol del Ministerio de Economía
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del nuevo sistema, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad conservará la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de cada contrato.
Cada provincia deberá firmar un convenio individual con Vialidad Nacional donde se detallarán:
- Los tramos incluidos
- El plan de obras
- El cronograma de ejecución
- El régimen tarifario
- Los mecanismos de auditoría
- Límite para las concesiones
El decreto fija además un límite para la duración de esos contratos. Ninguna concesión podrá extenderse por más de 30 años desde su aprobación formal.
Ese plazo busca dar previsibilidad a las inversiones privadas, aunque al mismo tiempo deja abierta una administración prolongada por parte de los gobiernos provinciales.
La presión sobre los gobernadores
Uno de los puntos centrales de la norma establece que si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, perderá automáticamente la delegación otorgada sobre ese tramo.
Ese punto obliga a los gobernadores a avanzar rápidamente si pretenden sostener el control de esos corredores bajo el nuevo modelo.
En el Ejecutivo sostienen que el objetivo es acelerar obras pendientes en rutas deterioradas sin depender exclusivamente del presupuesto nacional.
Qué cambia para los usuarios
El nuevo sistema podría impactar directamente en los conductores que circulan por esas rutas nacionales. Entre las principales modificaciones podrían aparecer:
- Nuevos peajes en corredores hoy gratuitos
- Actualización de tarifas existentes
- Cambios en la prestación de servicios
- Nuevas inversiones en infraestructura vial
El decreto exige que cualquier esquema tarifario respete criterios de razonabilidad económica para evitar subas arbitrarias.
Sin embargo, en distintos sectores ya advierten que parte del costo del mantenimiento terminará trasladándose a los usuarios mediante el pago de peajes.
Un nuevo modelo de gestión vial
La decisión marca un cambio en la relación entre la Nación y las provincias en materia de infraestructura.
Hasta ahora, la administración de las rutas nacionales estaba centralizada en Vialidad Nacional, pero con esta nueva política el Gobierno busca que las provincias asuman un papel más activo en la conservación y explotación de los corredores.
Para la Casa Rosada, la descentralización puede agilizar decisiones y mejorar la ejecución de obras. Para varios gobernadores, en cambio, el desafío será administrar una red vial deteriorada en medio de restricciones presupuestarias y con la presión política que implica trasladar costos al usuario.