Milei busca frenar en la Corte el financiamiento y las universidades ya preparan otra marcha federal
La disputa entre el sistema universitario y el gobierno de Javier Milei sumó en los últimos días un nuevo capítulo de alta tensión: mientras vencía el plazo judicial para transferir fondos a las casas de estudio, la comunidad académica salió a la calle con una marcha de antorchas y ratificó un plan de lucha que incluye paros, carpas y una movilización federal prevista para mayo.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una estrategia judicial para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y llevar el caso a la Corte Suprema.
Marchas, paros y advertencias por el ajuste
La protesta más visible se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, donde docentes, no docentes y estudiantes marcharon desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco bajo la consigna “Salario igual a la canasta familiar”. La movilización fue impulsada por gremios como CONADU y Ademys, en un contexto de creciente deterioro salarial y presupuestario.
“La situación es extremadamente crítica”, advirtió el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quien además señaló que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde diciembre de 2023. En la misma línea, la titular de CONADU, Clara Chevallier, fue tajante: “El tiempo se acabó”.
El conflicto no se limita a una jornada de protesta. Desde principios de abril, se multiplican en todo el país las “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, espacios que combinan clases públicas, actividades culturales y acciones de visibilización. La iniciativa retoma el símbolo histórico de la Carpa Blanca docente de los años noventa y busca instalar el reclamo en la agenda social.
Además, los gremios ya delinearon un cronograma de medidas que incluye paros sin asistencia y una marcha federal universitaria prevista entre el 13 y el 15 de mayo. “Si no hay respuestas de las autoridades, vamos a volver a convocar a la sociedad argentina”, sostuvo Bartolacci.
La ofensiva judicial del Gobierno
En simultáneo con las protestas, el Gobierno presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo para suspender la aplicación de la ley. La presentación, encabezada por el procurador del Tesoro Sebastián Amerio, busca evitar el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma, que obligan a actualizar partidas y salarios.
El movimiento judicial se concretó horas antes de que venciera el plazo fijado por la Justicia para girar los fondos adeudados. Sin una resolución favorable, el Ejecutivo decidió insistir por esa vía con efecto suspensivo, lo que en la práctica le permitiría postergar los pagos hasta que intervenga la Corte Suprema.
Dentro del oficialismo sostienen que la ley es “inconstitucional” porque no establece de dónde salen los recursos, y advierten que su aplicación implicaría un desembolso cercano a los $2,5 billones, lo que pondría en riesgo el superávit fiscal. Sin embargo, en ámbitos judiciales calificaron el planteo como “débil” y lo interpretaron como una maniobra dilatoria.
Incluso, el Gobierno pidió que los jueces de la Corte se excusen del caso dado que todos ellos son docentes universitarios, una estrategia que generó polémica en tribunales.
Universidades al límite: salarios, hospitales y fuga de docentes
Mientras escala la disputa, desde las universidades advierten que la crisis ya impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano. Alejandro Martínez, decano de Ingeniería de la UBA, describió un escenario alarmante: “El presupuesto alcanza hasta mayo, junio. Los médicos me dicen: ‘la plata nos alcanza hasta mayo, junio’”.
El problema se agrava porque cerca del 90% del presupuesto se destina a salarios, lo que deja poco margen para infraestructura o equipamiento. “No le pagás bien al docente, se va. Hay privadas que buscan llevarse profesores de Exactas e Ingeniería”, explicó.
El deterioro no es nuevo, pero se profundizó en los últimos meses. Según Martínez, la inversión por estudiante en Argentina es entre cinco y diez veces menor que en universidades de la región. “Esto viene pasando desde hace dos años. La calidad se resiente”, advirtió.
En ese contexto, desde el sistema universitario reclaman la reapertura de paritarias, la actualización de becas estudiantiles y el cumplimiento efectivo de la ley votada por el Congreso y respaldada por la Justicia. “Sin salarios dignos no hay universidad de calidad”, remarcaron en un comunicado conjunto.
La tensión sigue en aumento y, con el calendario de protestas en marcha y la judicialización del conflicto en curso, el sistema universitario anticipa un escenario de mayor confrontación en las próximas semanas.