Ficha Limpia vuelve al Congreso y expone las tensiones entre Milei y sus aliados

En pleno año preelectoral, el Congreso volvió a convertirse en escenario de una pulseada política sensible: el relanzamiento de los proyectos de Ficha Limpia, la iniciativa que busca impedir que personas con condenas judiciales puedan ser candidatas. 

Esta vez, el impulso no llega sólo desde la oposición, sino también desde sectores aliados al oficialismo, lo que deja al gobierno de Javier Milei en una posición incómoda tras el fallido intento de 2024.

La movida fue coordinada. Distintos bloques en ambas cámaras presentaron proyectos en simultáneo, luego de contactos con organizaciones de la sociedad civil que vienen impulsando la iniciativa desde 2016. “Es una sincronicidad que armamos con el movimiento de Ficha Limpia”, reconoció un legislador involucrado en la estrategia.

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Proyectos más amplios y nuevos criterios

A diferencia de versiones anteriores, las nuevas propuestas amplían el alcance de las inhabilitaciones. En el Senado, el bloque PRO presentó un proyecto que no se limita a delitos de corrupción, sino que incluye condenas por delitos dolosos contra las personas, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad pública y el narcotráfico. La iniciativa fue firmada por los senadores Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala.

En Diputados, la radical Karina Banfi avanzó con un texto que también incorpora delitos graves, con especial énfasis en casos de violencia de género y agresiones motivadas por odio. “Durante diez años promovimos, debatimos y llevamos al recinto este proyecto. Sigo comprometida con la integridad de quienes representan a la ciudadanía”, sostuvo.

Por su parte, el proyecto impulsado por Gisela Scaglia, alineada al espacio Provincias Unidas, suma además delitos como lavado de activos, trata de personas, abuso y ataques contra el orden constitucional. También introduce una novedad: la exclusión de deudores alimentarios morosos como candidatos.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue en la misma línea: “Vamos a trabajar junto al resto de los diputados para que esta vez sea ley”.

El antecedente que incomoda al oficialismo

El nuevo intento legislativo llega con el recuerdo fresco del episodio que frustró la sanción en 2024. En aquella oportunidad, el proyecto había logrado media sanción en Diputados y parecía encaminado a convertirse en ley, pero en el Senado fue rechazado tras el sorpresivo voto en contra de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que hasta entonces se alineaban con el oficialismo.

Ambos legisladores se retiraron del recinto sin dar explicaciones, en una maniobra que generó sospechas. Luego trascendió que el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, habría admitido que el rechazo fue a pedido del Gobierno, algo que Milei negó públicamente.

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El episodio dejó heridas abiertas. En ese momento, el vocero presidencial Manuel Adorni responsabilizó al PRO por “impericia” y acusó a Silvia Lospennato de haber apurado la votación por especulación electoral.

Hoy el escenario es distinto: La Libertad Avanza pasó de tener 6 a 21 senadores, por lo que, en teoría, el número no debería ser un obstáculo si existe voluntad política para avanzar.

Macri presiona y crece la tensión con Milei

El relanzamiento de Ficha Limpia también expone la estrategia de Mauricio Macri de marcar diferencias con el Gobierno. Aunque el PRO acompañó varias iniciativas oficiales, el expresidente busca instalar agenda propia en temas sensibles.

“Vamos a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal. El silencio no ayuda al cambio: lo traiciona”, lanzó Macri en un acto este viernes, en un mensaje directo a la Casa Rosada.

El debate deja a Milei en una encrucijada. Si impulsa la ley, deberá despegarse de las sospechas que rodearon el fracaso anterior. Si no lo hace, quedará expuesto frente a una bandera que históricamente tuvo alto consenso social.

En paralelo, persisten dudas dentro del oficialismo. Según trascendió, en el entorno presidencial temen que una norma de este tipo pueda dejar el armado electoral en manos de decisiones judiciales, especialmente en un contexto donde aún quedan vacantes en el Poder Judicial. Se espera que a fines de mayo ingresen al Senado los primeros pliegos para cubrir cerca de 70 cargos, en un paquete que podría superar las 300 designaciones.

Mientras tanto, Unión por la Patria mantiene su postura histórica: sostiene que la inhabilitación sólo debería aplicarse con condena firme, y no en segunda instancia, lo que anticipa un debate áspero en ambas cámaras.