¿Dónde está la plata del Fondo Hídrico mientras el campo no puede sacar la cosecha?
El deterioro de los caminos rurales, los campos anegados y la imposibilidad de sostener el ritmo productivo volvieron a poner en primer plano el malestar de los productores bonaerenses, que apuntan contra el Gobierno nacional por la falta de ejecución de fondos específicos y la paralización de obras estructurales.
En el noroeste provincial, una de las zonas más afectadas, el cuadro ya no se explica solo por el clima: se combina con decisiones políticas que, según denuncian, agravan una crisis que lleva más de un año.
Las lluvias de los últimos días profundizaron un escenario que arrastra al menos 13 meses de emergencia hídrica. En distritos como Nueve de Julio y Carlos Casares, el agua volvió a avanzar sobre caminos y zonas productivas, bloqueando la salida de la cosecha y complicando actividades clave como la lechería.
En ese contexto, desde la dirigencia rural denuncian que el Gobierno de Javier Milei no ejecutó cerca de $189 mil millones correspondientes al Fondo Hídrico Nacional durante 2025.
La dirigente de Federación Agraria de Nueve de Julio, Patricia Gorza, sintetizó el malestar con un mensaje directo: “Qué buen momento para dejarse de joder con la estupidez de ‘no obra pública’. Si no la vas a hacer deja de cobrarla al menos”. En la misma línea, describió la gravedad del cuadro: “El agua llegó adentro de los pueblos. La emergencia hídrica lleva ya 13 meses, aunque a nadie le importe demasiado”.
Caminos colapsados, cosecha frenada y presión fiscal
El impacto no se limita a la infraestructura. La demora en la cosecha de soja, producto de las lluvias persistentes y la falta de piso en los suelos, ya genera pérdidas potenciales y pone en riesgo la calidad del grano. En muchas zonas, el avance apenas alcanza entre el 10% y el 20%, muy por debajo de los niveles habituales para esta época.
A esa dificultad se suma el estado crítico de los caminos rurales, clave para sacar la producción. Desde el territorio, intendentes y funcionarios advierten que sin recursos locales es imposible sostener el mantenimiento.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, fue tajante frente a los proyectos de La Libertad Avanza para eliminar tasas municipales: “Si no se cobra la tasa, no se pueden reparar los caminos. Si ya así como están hay muchos productores que se quejan, imaginate si no se cobrara la tasa y nadie arreglara los caminos”.
El secretario de Gobierno de Salto, Camilo Alessandro, también describió el momento crítico que atraviesa el sector: “Hay que estar al lado del productor agropecuario, que es el que más necesita, con los caminos rurales, sobre todo tras un año tan lluvioso. Y con los precios, con los commodities en una situación bastante difícil, sobre todo la soja, el gasoil, la tasa de crédito que no da. Sacar un crédito hoy es una osadía”.
Mientras tanto, desde el propio sector productivo cuestionan la presión impositiva nacional sin correlato en obras. Según remarcan, el impuesto a los combustibles —que se incrementó hasta representar cerca del 20% del precio final— debería destinarse en parte a infraestructura vial e hídrica, algo que no se estaría cumpliendo.
La diputada provincial de la UCR-Cambio Federal y productora agropecuaria, Silvina Vaccarezza, reforzó ese reclamo: “Lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse a obras viales. Lo que pasa en las rutas no es un caso aislado, es el reflejo del abandono total de la infraestructura en todo el país”.
Obras frenadas y fondos sin ejecutar: el núcleo del conflicto
El trasfondo del conflicto remite a la parálisis de obras estratégicas, como el Plan Maestro del Río Salado, donde el tramo bajo responsabilidad nacional sigue sin avances significativos. La falta de intervención en ese punto genera un “cuello de botella” que impide el escurrimiento y agrava las inundaciones en amplias zonas productivas.
Desde el Consejo Asesor del plan, entidades agropecuarias advierten que la falta de ejecución del Fondo Hídrico es parte central del problema. “Son fondos afectados que están durmiendo la siesta”, había señalado el referente técnico de CARBAP, Alberto Larrañaga.
En paralelo, crece el contraste con la gestión provincial, que mantiene obras y licitaciones en marcha. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, lo expresó sin matices: “Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras”.
En el interior, el impacto se traduce en dificultades concretas para sostener la producción diaria. La tambera Andrea Passerini, desde Carlos Casares, describió la situación: “De nuevo el aislamiento y la pelea diaria por sacar la leche. Las vacas enterradas en el barro. La angustia permanente. Caminos rurales y rutas detonados. Ah pero el boom del agro”.
El cuadro se agrava con otras decisiones del Gobierno nacional que impactan directo en la producción. El cierre de agencias del INTA —11 en territorio bonaerense— reduce la asistencia técnica en zonas clave, mientras que los recortes en el Servicio Meteorológico Nacional amenazan con debilitar el sistema de alertas en un contexto de eventos climáticos cada vez más extremos.
“Menos presencia territorial es menos desarrollo y menos oportunidades”, advirtió la diputada Silvina Vaccarezza, mientras desde el sector alertan que sin datos confiables ni acompañamiento técnico, la planificación productiva queda aún más expuesta.
El malestar crece a medida que se acumulan los efectos de la falta de infraestructura: cosechas demoradas, costos en alza y una logística cada vez más precaria. Con pronósticos que anticipan la continuidad del patrón húmedo al menos hasta mayo, en el sector advierten que otro año con niveles de inundación similares a 2025 sería “intolerable”.