Autarquía judicial: las claves de la jugada que activa la Corte bonaerense
Esta semana, la Suprema Corte bonaerense presentó un proyecto de autarquía económico-financiera para avanzar en el control de su presupuesto, salarios y recursos. La iniciativa será elevada a la Legislatura en un contexto marcado por vacantes sin cubrir, reclamos salariales y la falta de una ley de paritarias para el sector.
El planteo excede lo técnico. El máximo tribunal, encabezado por su presidente Sergio Torres junto a Hilda Kogan y Daniel Soria, pone en discusión la dependencia histórica del Poder Judicial respecto del Ejecutivo y traslada la presión al terreno político.
Con este movimiento, la Corte obliga tanto al gobierno de Axel Kicillof como a la Legislatura a fijar posición sobre un punto sensible: hasta dónde están dispuestos a avanzar en la autonomía real del sistema judicial.
El punto de partida es crítico. La Corte funciona con tres integrantes cuando debería tener siete, tras años sin acuerdos políticos para completar su integración. La salida de Luis Genoud en 2024 profundizó un escenario que el propio tribunal calificó como inédito.
La falta de jueces no es un dato administrativo. Impacta directamente en la capacidad de tomar decisiones, en la formación de mayorías y en la velocidad de resolución de causas. A eso se suma un cuadro más amplio: más de 200 cargos judiciales vacantes en distintos fueros, pese a que en los últimos meses se avanzó con más de 400 designaciones.
Ese desfasaje expone una dificultad estructural del sistema político bonaerense: la imposibilidad de sostener un ritmo constante de nombramientos en un contexto de alta fragmentación, donde el gobernador no cuenta con los dos tercios del Senado necesarios para avanzar sin acuerdos.
La Constitución provincial establece que el Ejecutivo debe enviar pliegos en un plazo acotado, pero en la práctica ese mecanismo quedó trabado. La Corte, al visibilizar el problema, no solo describe una falencia: instala un costo político concreto para la inacción.
El corazón del conflicto: la autarquía judicial
El proyecto elevado a la Legislatura propone un giro de fondo. La Suprema Corte pasaría a elaborar su propio presupuesto, que se incorporaría como una sección autónoma dentro del Presupuesto General de la Provincia, sin posibilidad de recortes discrecionales.
El esquema incluye una distribución interna del 65% para la administración de justicia y 35% para el Ministerio Público, además de la incorporación de recursos propios, como una participación de entre el 40% y el 50% en la renta de los depósitos judiciales en el Banco Provincia.
También se prevé la creación de un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación Tecnológica, con un horizonte de 30 años, destinado a financiar obras, equipamiento y modernización. Este punto apunta a revertir uno de los déficits más señalados: la falta de inversión estructural en el sistema judicial.
Salarios, paridad y negociación colectiva
El otro eje central es la política salarial. Actualmente, más del 90% del presupuesto judicial se destina a sueldos, pero aun así existe una brecha superior al 50% con la Justicia federal.
El proyecto plantea que la Corte defina el escalafón y las remuneraciones, con el objetivo de alcanzar progresivamente una paridad razonable. Para ello, se propone un esquema de recomposición coordinado con el Ejecutivo durante los primeros años.
En paralelo, se incorpora una demanda histórica del sector: la creación de una ley marco de negociación colectiva. En ese punto, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) jugó un rol clave en la discusión.
El secretario general del gremio, Hugo Russo, fue explícito: “Para nosotros es importante, más allá del tema de la autarquía, que tengamos la ley marco de paritaria”. Y agregó: “Esto nos va a permitir discutir mano a mano con la Suprema Corte y la Procuración las condiciones de trabajo en todos los ámbitos de la carrera judicial”.
Russo también subrayó una anomalía que el proyecto busca corregir: “Las y los trabajadores judiciales somos los únicos trabajadores del Estado bonaerense que no tenemos regulada la negociación colectiva”.
Aunque el texto del proyecto se apoya en principios constitucionales y estándares internacionales —como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre independencia judicial—, su impacto es inevitablemente político.
La autarquía implica reducir la capacidad del Ejecutivo de influir en la asignación de recursos, en la política salarial y, en términos más amplios, en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial. En otras palabras, redefine relaciones de poder.
El proyecto ingresará en las próximas horas a la Legislatura, donde deberá atravesar un camino complejo. Con entrada en vigencia prevista para el presupuesto 2028, el esquema deja margen para la negociación, pero fija un horizonte claro. La Corte ya planteó sus condiciones: más autonomía, recursos propios y reglas claras para salarios y funcionamiento.
En paralelo, el reclamo por las vacantes y la presión sindical por paritarias completan un escenario donde distintos actores convergen en un mismo punto: la necesidad de redefinir el funcionamiento del Poder Judicial bonaerense.