El Senado activa su engranaje y la interna oficialista abre la puerta a un nuevo decreto de Magario
El Senado de la provincia de Buenos Aires dio este martes un paso clave en su funcionamiento institucional con la conformación de nuevas comisiones permanentes, en un movimiento que vuelve a poner en marcha el trabajo legislativo. La definición se dio en paralelo a una interna que sigue latente dentro del oficialismo, aunque con un foco puesto en la reorganización del poder parlamentario más que en el conflicto abierto.
La jornada dejó como saldo la puesta en funcionamiento de tres comisiones permanentes que concentran buena parte de la agenda productiva de la provincia. Se trata de Asuntos Agrarios y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sostenible e Industria y Minería.
La primera de ellas quedó presidida por el senador libertario Gonzalo Cabezas, quien destacó el inicio efectivo del trabajo legislativo tras un período de demoras. En ese marco, sostuvo que el funcionamiento del cuerpo estará atravesado por los problemas estructurales del interior bonaerense.
“Creíamos que lo íbamos a hacer mucho antes, a principio de año, pero estuvieron dadas las condiciones recién ahora por los problemas que todo el mundo conoce dentro del Senado”, planteó Cabezas, al vincular el arranque de las comisiones con las tensiones políticas recientes.
El legislador remarcó que la agenda estará centrada en la presión impositiva, las retenciones, las inundaciones en el interior provincial y el estado de los caminos rurales, en una comisión integrada por referentes de distintos bloques.
En paralelo, la comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible quedó encabezada por la senadora de Hechos María Emilia Subiza, quien asumió con un enfoque puesto en la revisión de expedientes y proyectos en curso.
“Es un nuevo desafío, no es una comisión que integraba. Me estoy poniendo al tanto de los expedientes”, explicó Subiza, al detallar el proceso inicial de organización interna del cuerpo.
La legisladora también vinculó el trabajo ambiental con el contexto general de la provincia y el país. “El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que trabajar en pos de este desarrollo sostenible”, señaló, al referirse a los efectos del cambio climático y la gestión de emergencias.
La comisión de Industria y Minería volvió a quedar bajo la presidencia del senador Sergio Vargas, quien planteó la continuidad de una agenda ya iniciada en períodos anteriores y la intención de reforzar la presencia territorial del cuerpo legislativo.
“Es una continuidad de un proceso iniciado hace dos años”, afirmó Vargas, al anticipar además reuniones con funcionarios provinciales del área productiva.
El senador adelantó que la comisión comenzará a recorrer el interior bonaerense con foco en las zonas mineras y productivas, con visitas previstas a distritos como Azul, Olavarría, Bahía Blanca y San Nicolás.
La tensión política en el reparto legislativo
Mientras el Senado avanza con la organización formal de las comisiones, en el oficialismo bonaerense persiste una disputa de fondo por el control de espacios clave del esquema legislativo. El eje del conflicto se concentra en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), considerada una de las más sensibles por su rol en el tratamiento de pliegos judiciales.
La discusión se intensificó tras la posibilidad de que la vicegobernadora Verónica Magario revise el decreto original de conformación ante las objeciones de distintos sectores del oficialismo, en particular de La Cámpora, que cuestiona el reparto de presidencias.
La Secretaría Legislativa volvió a solicitar a los bloques que actualicen las nóminas de integrantes para las distintas comisiones, en un intento por destrabar la situación sin alterar el equilibrio general de poder. La estrategia apunta a sostener las presidencias ya definidas y ajustar únicamente los lugares secundarios.
El avance de las comisiones convive así con una interna que no se termina de cerrar y que atraviesa el funcionamiento del Senado bonaerense. En ese escenario, la puesta en marcha del engranaje legislativo aparece como un intento de normalizar la actividad institucional, mientras las discusiones de poder siguen activas en paralelo dentro del oficialismo provincial.