De Macri a Milei: el peronismo bonaerense busca blindar empresas y recursos ante la deuda nacional
La diputada provincial Silvina Nardini, de Fuerza Patria, volvió a presentar en la Legislatura bonaerense un proyecto para impedir que los recursos naturales y las empresas estatales de capital provincial sean utilizados como garantía de deudas contraídas por el Gobierno nacional. La iniciativa recupera una propuesta impulsada por Susana González en 2019 y reactiva una discusión sobre los límites del endeudamiento federal frente al patrimonio de las provincias.
El planteo adquiere relevancia durante la gestión de Javier Milei y Luis Caputo, en medio de las negociaciones financieras de la Nación y la disputa por la propiedad de tierras rurales. Para el peronismo bonaerense, se trata de establecer una protección legal sobre activos estratégicos que pertenecen a la Provincia y evitar que puedan quedar comprometidos por decisiones tomadas desde la Casa Rosada.
La propuesta también recupera un antecedente concreto: Santa Cruz sancionó una legislación similar durante el gobierno de Alicia Kirchner. Buenos Aires busca avanzar sobre ese modelo, pero incorporando expresamente a las empresas estatales provinciales.
Qué empresas y recursos busca proteger el proyecto
El artículo central establece que las riquezas y los recursos naturales existentes en territorio bonaerense y en su plataforma marítima continental, junto con las empresas estatales de capital provincial, no podrán afectarse como garantía de pago de compromisos asumidos por el Gobierno nacional en violación del artículo 124 de la Constitución.
La formulación comprende dos componentes del patrimonio público: los recursos naturales bajo dominio provincial y las participaciones estatales en sociedades que desarrollan actividades económicas o prestan servicios. La iniciativa apunta así tanto a la riqueza territorial como a los activos empresariales administrados desde la Provincia.
Entre las compañías con participación accionaria mayoritaria del Estado bonaerense figuran Aguas Bonaerenses (ABSA), con el 90% de su capital en manos provinciales, y Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), donde esa participación alcanza el 93%. También se encuentran Buenos Aires Gas (BAGSA) y Buenos Aires Energía, denominación que adoptó en 2024 la antigua Centrales de la Costa Atlántica.
Son sociedades vinculadas con servicios esenciales, infraestructura vial, distribución de gas y generación eléctrica. Su inclusión dentro del universo de empresas de capital provincial muestra el alcance económico que podría tener la protección legislativa.
El fundamento jurídico se encuentra en la reforma constitucional de 1994, que reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Sobre esa disposición, las impulsoras sostienen que el Gobierno federal no puede comprometer bienes provinciales para responder por sus propias obligaciones financieras.
El proyecto contiene tres artículos: declara esa protección patrimonial, dispone la derogación de normas provinciales incompatibles y establece su formalidad legislativa. Su objetivo no es prohibir que la Nación tome deuda, sino impedir que utilice patrimonio bonaerense como respaldo de esos compromisos.
De los decretos de Macri al antecedente de Santa Cruz
La iniciativa tiene una historia que se remonta al gobierno de Mauricio Macri, cuando las condiciones de emisión de deuda externa provocaron cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la inmunidad soberana y la protección de los bienes estatales.
En enero de 2017, Macri firmó el decreto 29/2017, también suscripto por Luis Caputo, entonces ministro de Finanzas. La norma autorizó operaciones por hasta 20.000 millones de dólares y habilitó cláusulas de sometimiento a tribunales de Nueva York y Londres, junto con una renuncia limitada a oponer la defensa de inmunidad soberana ante determinados reclamos.
El decreto preservaba de la ejecución distintos activos públicos, incluidos bienes del dominio público, reservas del Banco Central e infraestructura afectada a servicios esenciales. Sin embargo, los cuestionamientos se concentraron en el tratamiento de otros bienes estatales, particularmente los comprendidos dentro del dominio privado del Estado.
En abril de ese mismo año, el decreto 231/2017 extendió un esquema semejante a operaciones por hasta 3.000 millones de francos suizos, con jurisdicción en ese país. Esas decisiones motivaron presentaciones judiciales y propuestas parlamentarias para reforzar la protección de los recursos naturales.
Una de ellas fue impulsada en el Congreso por diputados del Frente para la Victoria, encabezados por Darío Martínez, mediante el expediente 2154-D-2017. El proyecto buscaba declarar inembargables determinados recursos naturales e impedir que constituyeran garantías directas o indirectas de operaciones de crédito público.
El conflicto se profundizó con el acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018. El préstamo, inicialmente aprobado por 50.000 millones de dólares, fue ampliado hasta aproximadamente 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron unos 44.500 millones. Aquella operación consolidó al endeudamiento externo como uno de los principales ejes de confrontación política.
En junio de 2019, Susana González trasladó esa discusión a la Legislatura bonaerense mediante el expediente D-1795/19-20. El texto contó con firmas de legisladores de distintos bloques y fue reproducido en marzo de 2021, durante la primera gestión de Axel Kicillof, bajo el expediente D-80/21-22.
El antecedente directo había surgido poco antes en Santa Cruz. El 25 de abril de 2019, la Legislatura santacruceña sancionó la Ley 3.651, que impide considerar sus recursos naturales como garantía de operaciones financieras nacionales. La protección comprende hidrocarburos, minerales, carbón, recursos hídricos, turísticos y los correspondientes a su plataforma marítima continental.
La diferencia es que el proyecto bonaerense incorpora expresamente las empresas estatales de capital provincial. Ese agregado amplía la protección propuesta más allá de los recursos naturales y coloca a las sociedades públicas dentro de la discusión sobre las garantías del endeudamiento nacional.
La Ley de Tierras reabre la disputa con Milei
El regreso de la iniciativa coincide con una nueva controversia por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales. Su artículo central fija un límite del 15% tanto para el conjunto del territorio nacional como para cada provincia y departamento.
Milei había dispuesto su derogación mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. Después de distintas intervenciones judiciales, el 9 de octubre de 2026 la Corte Suprema suspendió provisionalmente los efectos de esa derogación, restituyendo temporalmente las restricciones mientras continúa el trámite judicial.
La controversia también llegó al Congreso. El 14 de octubre, el oficialismo nacional y sus aliados incorporaron al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos artículos para dejar sin efecto la derogación y restablecer legislativamente la Ley de Tierras. El dictamen obtuvo 34 firmas.
Un día después, la oposición no consiguió reunir quórum para tratar el rechazo integral del DNU 70/2023: hubo 121 diputados presentes, ocho menos de los necesarios. La restitución legislativa de la Ley de Tierras continúa pendiente de aprobación.
En paralelo, el peronismo bonaerense abrió otro frente en el Senado provincial. Sergio Berni presentó un proyecto para establecer un régimen de protección de la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales, ampliando la agenda legislativa sobre el control de activos territoriales estratégicos.
La propuesta de Nardini se suma a ese escenario con un objetivo diferente: impedir que el endeudamiento de la Nación alcance el patrimonio provincial. El proyecto deberá atravesar su tratamiento parlamentario para convertirse en ley.
Así, una iniciativa nacida durante la presidencia de Macri vuelve al debate político bajo el gobierno de Milei, con Caputo nuevamente al frente de la política económica. El oficialismo bonaerense busca transformar aquella respuesta legislativa en una protección permanente para sus empresas y recursos, más allá de quién gobierne la Nación.