La VTV supera los $114 mil y el PRO reabre la disputa con Kicillof por la reforma

El aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof volvió a colocar el costo del trámite en el centro de la discusión política bonaerense. Desde este jueves 15 de octubre, la tarifa básica para automóviles de hasta 2.500 kilos pasó a $114.105,99, con una suba del 17,56%, y el PRO reactivó su reclamo para que la Provincia modifique el sistema de inspecciones.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 361/2026 del Ministerio de Transporte, que conduce Martín Marinucci. La decisión llega después de una postergación de 90 días acordada con las concesionarias y se produce cuando la oposición insiste en ampliar la cantidad de talleres habilitados, modificar la frecuencia de las revisiones y promover mayor competencia entre prestadores.

El senador Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO, cuestionó al gobernador por aplicar una nueva tarifa sin avanzar con los cambios solicitados por la Cámara alta en septiembre. En esa oportunidad, el Senado aprobó una declaración impulsada por el legislador, aunque el pronunciamiento no reformó la normativa vigente ni obligó al Ejecutivo a adoptar las medidas propuestas.

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El aumento que la Provincia había postergado

El precio para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos era de $97.057,65 desde el 16 de enero. Con la nueva escala, realizar la verificación cuesta $17.048,34 más. La tarifa básica funciona como referencia para establecer los importes del resto de las categorías, de modo que la actualización alcanza también a motos, vehículos pesados y acoplados.

Los vehículos de más de 2.500 kilos pasan a pagar $205.390,78. Para las motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos el costo es de $45.642,40; para las de más de 200 y hasta 600 centímetros cúbicos, de $68.463,59; y para las de mayor cilindrada, de $91.284,79. Todos esos valores corresponden al nuevo cuadro tarifario provincial.

El mecanismo de cálculo está previsto en las condiciones de concesión. La tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, según el convenio colectivo entre el sindicato SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). El acuerdo salarial de abril a junio fijó ese haber en $1.630.085,67, que sirve de base para el importe ahora vigente.

Las concesionarias habían solicitado aplicar la actualización desde el 16 de julio, pero la Dirección Provincial de VTV y las empresas acordaron suspenderla por tres meses. El argumento expresado entonces fue evitar que el incremento tuviera un impacto inmediato en los usuarios en medio de la situación económica general. La postergación venció el 14 de octubre y al día siguiente comenzó a regir la nueva escala.

El aumento nominal del 17,56% quedó por debajo de la inflación acumulada desde la última actualización, que superó el 23%. Sin embargo, la aplicación efectiva representa un mayor gasto para quienes deban cumplir con la inspección obligatoria.

Además, existe un acuerdo salarial posterior, correspondiente al trimestre julio-septiembre, que podría impulsar otra revisión tarifaria. Por el momento no se anunció su aplicación ni una fecha para un nuevo incremento.

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Petrecca vuelve a reclamar la reforma

La reacción opositora llegó el mismo día de la entrada en vigencia de las tarifas. “La Provincia va a contramano”, afirmó Petrecca, quien recordó que en marzo presentó una iniciativa para modernizar la VTV mediante la incorporación de talleres mecánicos y concesionarias oficiales que acrediten condiciones técnicas suficientes para realizar las inspecciones.

El senador cuestionó que Kicillof, en lugar de avanzar con la propuesta, “sigue aumentando la VTV y golpeando el bolsillo de los bonaerenses”. El legislador plantea que una mayor cantidad de establecimientos permitiría acercar el servicio a zonas del interior y ofrecer más opciones a los conductores.

La iniciativa también propone revisar los intervalos de verificación. Entre los cambios que pide evaluar se encuentran que los automóviles cero kilómetro realicen su primera inspección a los cinco años del patentamiento y que los vehículos de hasta diez años tengan controles cada dos años. Los de mayor antigüedad continuarían con verificaciones anuales.

Uno de los argumentos del PRO es la distribución de las plantas. Según las cifras utilizadas en los fundamentos de su propuesta, la red provincial cuenta con alrededor de 52 plantas fijas y diez unidades móviles para 135 municipios. Petrecca puso como ejemplo a los vecinos de Villalonga, en el partido de Patagones, que, según señaló, deben recorrer unos 111 kilómetros para realizar el trámite.

El reclamo tiene un antecedente legislativo reciente: en septiembre, los senadores presentes acompañaron una declaración para instar al gobierno bonaerense a revisar el servicio, ampliar prestadores y estudiar cambios en los plazos.

El voto favorable significó un pronunciamiento institucional, pero no la sanción de una ley. Las tarifas, plantas autorizadas y exigencias de verificación permanecen bajo el régimen provincial vigente.

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La posición del Gobierno y los puntos pendientes

El Ministerio de Transporte ha defendido la continuidad del modelo bonaerense y rechazó adherir automáticamente a las reformas impulsadas por Nación. Marinucci sostiene que mantener requisitos homogéneos, supervisión estatal y trazabilidad de los certificados permite preservar controles de seguridad vial y establecer responsabilidades cuando una inspección resulta defectuosa.

Desde el PRO responden que habilitar nuevos prestadores no debería significar reducir exigencias técnicas. Su planteo apunta a permitir que talleres y concesionarias se incorporen bajo condiciones de equipamiento, habilitación y fiscalización, con un eventual esquema de competencia tarifaria frente al precio regulado que rige actualmente.

La discusión también tiene una dimensión territorial. Mientras en las ciudades con mayor cantidad de plantas los usuarios disponen de distintas opciones para sacar turno, en localidades alejadas de las cabeceras deben sumar traslados, combustible y tiempo al valor de la revisión.

Para la oposición, ese problema exige modificar la organización del servicio; para la Provincia, cualquier apertura debe preservar las condiciones de control técnico.

La Ciudad de Buenos Aires avanzó este año con la incorporación de nuevos tipos de prestadores sujetos a registro, requisitos profesionales y auditorías. Ese antecedente, junto con la desregulación nacional, fue utilizado por Petrecca para insistir en cambios provinciales. La administración de Kicillof, sin embargo, mantiene su propia regulación y no anunció una reforma equivalente.

El incremento de octubre instala así dos discusiones simultáneas: cuánto deben pagar los propietarios de vehículos bajo la fórmula salarial vigente y si el sistema puede ampliarse o modificarse sin afectar la seguridad vial.

El Senado ya expresó su posición mediante una declaración, mientras la decisión sobre eventuales cambios continúa en manos del Ejecutivo. Por ahora, la única modificación efectiva es el nuevo cuadro tarifario.