“Un verdadero remate”: las claves del giro nuclear de Nación que cuestiona el oficialismo bonaerense
El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) entró en una nueva etapa. A la discusión iniciada por la privatización parcial de la empresa que opera las tres centrales nucleares del país se sumaron ahora la cancelación de los proyectos previstos para Atucha III, la utilización de parte del predio de Zárate para una futura iniciativa financiada por privados y nuevos cuestionamientos sobre el futuro de la estructura científica y tecnológica vinculada con el sector.
El oficialismo bonaerense volvió a llevar el tema al Senado provincial. Esta vez, mediante un proyecto de declaración presentado por el jefe del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, que reúne en un mismo planteo la venta del 44% de NASA, las últimas decisiones adoptadas sobre el complejo de Atucha y la situación del CAREM-25.
La presentación amplía una disputa que ya había llegado al recinto en septiembre, cuando la Cámara alta aprobó una iniciativa para que Buenos Aires reclame participación formal en el procedimiento de privatización.
El argumento provincial se apoya en un dato territorial: Atucha I y Atucha II funcionan en Lima, partido de Zárate, donde también se encuentra el proyecto CAREM. La tercera central operada por NASA, Embalse, está ubicada en Córdoba. La empresa cuenta con 1.763 MW de potencia instalada total.
Del 44% de NASA a Atucha III
El último planteo legislativo incorpora un hecho nuevo respecto de la discusión que dominó gran parte de 2026. El Gobierno nacional había autorizado en septiembre de 2025 la privatización parcial de Nucleoeléctrica. El esquema establece la venta en bloque del 44% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional, un 5% destinado al Programa de Propiedad Participada para los trabajadores y la conservación del 51% en manos estatales.
Nación mantiene así la mayoría accionaria. El propio Decreto 695/2025 fundamentó la incorporación de privados en la necesidad de “ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal”.
La norma mencionó expresamente dos necesidades de financiamiento: la extensión de vida de Atucha I, cuyo regreso al sistema eléctrico está previsto para 2027, y el proyecto de almacenamiento en seco de combustibles gastados necesario para sostener la operación de Atucha II.
Pero el conflicto sumó un nuevo capítulo durante septiembre de este año. Según el acta de la asamblea de accionistas de NASA del 23 de septiembre, difundida por Página/12 y reproducida posteriormente por distintos medios, se resolvió dejar sin efecto los proyectos CANDU y Hualong vinculados con una futura cuarta central.
La fundamentación consignada fue la “falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento”, dentro del contexto de emergencia establecido por la Ley Bases.
Doce hectáreas y un nuevo proyecto privado
La misma asamblea autorizó otro movimiento. NASA habilitó al directorio a avanzar con una licitación pública para instalar un reactor financiado con capital 100% privado, sin fondos ni avales estatales, sobre 12 hectáreas del terreno que había sido reservado para Atucha III.
La inversión estimada quedó establecida en US$1.203 millones. El esquema contempla el otorgamiento de un derecho real de superficie sobre esa porción del predio y deja abierta la posibilidad de que Nucleoeléctrica participe posteriormente de la operación y el mantenimiento de la planta.
Dentro de ese escenario apareció el nuevo proyecto de Berni. El senador pidió que la Cámara alta exprese formalmente su rechazo tanto a la privatización parcial como a las decisiones recientes sobre Atucha III y los terrenos del complejo.
“El Gobierno nacional está llevando adelante un verdadero remate de nuestra infraestructura estratégica”, sostuvo y agregó: “Se pretende entregar a intereses privados y extranjeros lo que la Argentina construyó durante décadas con inversión pública, conocimiento científico y el esfuerzo de generaciones de trabajadores”.
Se trata de la caracterización política formulada por el legislador. El esquema oficial, en cambio, mantiene al Estado nacional con el 51% de NASA y propone incorporar capital privado para financiar inversiones.
El proyecto bonaerense también cuestiona el cambio de destino de parte del terreno en Zárate. “Mientras se paralizan proyectos nucleares argentinos y se desfinancia la investigación científica, se habilita el ingreso de capitales extranjeros para desarrollar negocios sobre nuestras propias tierras y con tecnología construida con recursos públicos”, afirmó Berni.
Una empresa con récord de generación
Uno de los elementos centrales del debate está en los propios números de NASA. El Decreto 695/2025 reconoce que durante 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10.449.015 MWh netos de generación, con un factor de carga del 73,3%.
El informe sectorial oficial elaborado por Economía también identifica a 2024 como el máximo histórico de generación nuclear. Aun reconociendo esos resultados, el Ejecutivo fundamentó la privatización parcial en las necesidades futuras de capital.
El presupuesto 2026 de la compañía permite observar otro costado de la discusión. Economía proyectó $974.353 millones de ingresos operativos y $1,046 billones de gastos operativos, con una pérdida operativa estimada de $72.275 millones.
Al mismo tiempo, calculó ahorro corriente por $160.756 millones y un resultado financiero positivo de aproximadamente $392,6 millones.
Esos números vienen siendo utilizados de manera distinta por cada sector: los críticos cuestionan que se avance con una empresa que conserva capacidad de generación y resultados financieros positivos en determinadas mediciones, mientras Nación señala que las inversiones de largo plazo requieren fuentes adicionales de financiamiento.
El gobierno de Axel Kicillof ya había fijado posición a fines de 2025. En diciembre reunió en la Casa de Gobierno a dirigentes gremiales, especialistas y referentes vinculados con la actividad nuclear.
El subsecretario bonaerense de Energía, Gastón Ghioni, sostuvo entonces que Buenos Aires debía intervenir por ser la principal jurisdicción nuclear del país. “Obviamente nos afecta muchísimo esta situación porque somos la primera provincia nuclear de Argentina con Atucha I y II”, afirmó.
Ghioni también cuestionó la lógica económica de la privatización: “¿Por qué deberíamos darle a un privado una empresa que es superavitaria, eficiente y con proyección internacional?”.
Kicillof, por su parte, aseguró durante aquel encuentro que respaldaría las iniciativas destinadas a impedir la venta parcial. “Vamos a potenciar todas las iniciativas que estén encaminadas a detener la privatización de Nucleoeléctrica”, afirmó.
El CAREM, otro punto del conflicto
El nuevo planteo legislativo incorpora además la situación del CAREM-25, el reactor modular desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Su construcción se encuentra en el mismo polo nuclear de Lima. Los sindicatos y distintos especialistas vienen denunciando desde 2025 la reducción de personal y la paralización de trabajos vinculados con el proyecto.
ATE afirmó que el CAREM tiene aproximadamente un 70% de avance y denunció que durante el proceso de ajuste se produjo la desvinculación de trabajadores y contratistas. Esos porcentajes y cantidades corresponden a estimaciones del sindicato.
El investigador y exvicepresidente de la CNEA Diego Hurtado también cuestionó la política oficial. En declaraciones recogidas anteriormente por este medio, calificó al sector nuclear como estratégico y sostuvo que la Argentina desarrolló capacidades científicas y de exportación tecnológica durante décadas.
Las objeciones alcanzan además a la pérdida de personal especializado. Representantes gremiales y científicos vienen advirtiendo que empresas privadas están incorporando profesionales formados durante años dentro de la CNEA y otros organismos estatales.
La disputa también tuvo episodios dentro de Nucleoeléctrica. Durante junio, ATE denunció la situación del delegado Mariano Saleh, trabajador de Atucha y opositor al proceso de privatización, luego de que la empresa avanzara con medidas disciplinarias.
En septiembre, la organización informó que una decisión judicial ordenó restablecer sus derechos sindicales y permitir nuevamente su ingreso. ATE presentó el caso como una represalia vinculada con su actividad gremial y sus críticas públicas a la política nuclear.
La empresa había iniciado previamente actuaciones contra el trabajador. La controversia continuó en sede judicial y sindical. El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, afirmó después del fallo que el gremio seguirá “defendiendo la Central Nuclear Atucha” y rechazando la privatización.
Zárate también fijó posición
El reclamo no se limita al gobierno provincial. El Concejo Deliberante de Zárate aprobó el 17 de septiembre la Resolución 4390/26, mediante la cual expresó su rechazo formal al proceso de privatización parcial.
El texto declaró a NASA empresa de interés estratégico para el distrito y mencionó expresamente su impacto sobre el empleo, la industria local, los servicios, la educación técnica y universitaria y la red de proveedores y pymes.
La resolución también pidió al Poder Ejecutivo nacional que deje sin efecto la privatización y cuestionó los mecanismos de valuación del paquete accionario.
Zárate ya había aprobado en 2025 otra declaración contra la venta del 44%. Ese antecedente incluía un dato relevante: el Concejo calculaba que el sistema nuclear aportaba alrededor del 7% de la electricidad argentina y remarcaba la importancia de Atucha sobre la economía local.