Tras la marcha, la UBA presiona a la Corte por el financiamiento universitario
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. La Universidad de Buenos Aires reclamó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida “a la mayor brevedad posible” sobre la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente.
El planteo fue aprobado por el Consejo Superior de la UBA durante la sesión realizada el 13 de mayo y se conoció apenas un día después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de personas en Plaza de Mayo y distintos puntos del país en defensa de la educación pública.
La universidad apuntó directamente contra la falta de aplicación de la Ley 27.795 y reclamó una resolución urgente que garantice el cumplimiento efectivo de la norma votada por el Congreso.
La pelea judicial llegó a la Corte Suprema
La causa judicial por el financiamiento universitario atraviesa distintas instancias desde hace meses y ya quedó en condiciones de ser tratada por el máximo tribunal.
El expediente, caratulado “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN - PEN - DTO 759/25 s/ amparo ley 16.986”, quedó listo para resolución luego de que avanzaran las actuaciones judiciales impulsadas por el sistema universitario público.
Qué reclama la UBA
En el escrito presentado ante la Corte, la UBA sostuvo que existen fallos favorables tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenaron al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades universitarias remarcaron que el Gobierno de Javier Milei “no cuenta con un fallo definitivo favorable” que lo habilite a continuar sin aplicar la normativa aprobada por amplia mayoría parlamentaria.
“Resulta necesario que la Corte Suprema se expida a fin de garantizar la plena vigencia de la ley y la protección efectiva del sistema universitario público argentino”, sostuvo la resolución aprobada por el Consejo Superior.
El impacto del ajuste sobre las universidades
La UBA advirtió además sobre el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades nacionales desde el inicio de la gestión libertaria.
Según señalaron las autoridades académicas, las transferencias destinadas al sistema universitario registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
Salarios, becas y hospitales en crisis
El reclamo universitario no sólo apunta al financiamiento general del sistema, sino también al impacto directo sobre salarios docentes y nodocentes, becas estudiantiles, investigación científica y hospitales universitarios.
Entre los casos mencionados aparece el funcionamiento del Hospital de Clínicas José de San Martín, uno de los principales centros de atención médica y formación académica del país.
En paralelo, las universidades denunciaron una fuerte pérdida salarial. Según cifras difundidas por las organizaciones convocantes a la marcha, mientras la inflación acumuló un 293,3% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios universitarios aumentaron un 147,3%, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo superior al 37%.
La marcha universitaria y el respaldo social
La resolución aprobada por la UBA también incluyó un reconocimiento explícito a la movilización federal realizada el martes.
“Amplio consenso social”
Las autoridades universitarias destacaron “la masiva participación registrada a lo largo y a lo ancho del país” y señalaron que la convocatoria volvió a demostrar “el amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública”.
En ese sentido, la universidad reafirmó su compromiso con “la defensa del sistema universitario público argentino, sus valores históricos y la plena vigencia del derecho a la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de excelencia académica”.
El documento también reclamó que el Ejecutivo implemente de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar “el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud”.
Los próximos pasos judiciales
La expectativa ahora está puesta en la próxima reunión de acuerdo de la Corte Suprema, prevista para este jueves.
En paralelo, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para intentar destrabar las transferencias pendientes.
Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, la ejecución de la ley continuará suspendida y el Estado no estará obligado a transferir los fondos reclamados por las universidades.