Paritaria estatal bajo tensión: el delicado equilibrio que intenta sostener la Provincia
La negociación salarial entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios estatales volvió a poner sobre la mesa un desafío que atraviesa toda la gestión de Axel Kicillof: sostener el diálogo con los trabajadores en medio de un escenario de fuerte restricción financiera. Después de que la primera propuesta fuera rechazada por insuficiente, la administración bonaerense mejoró la oferta y busca encauzar una paritaria donde no solo se discuten porcentajes de aumento, sino también estabilidad laboral y condiciones de trabajo.
La nueva propuesta presentada a los sindicatos que representan al personal comprendido en la Ley 10.430 contempla un incremento salarial del 7% en dos tramos, con un 5% en julio y un 2% en agosto, calculados sobre los haberes de junio. El ofrecimiento alcanza también a los jubilados del sector.
El cambio de postura del Ejecutivo provincial llegó apenas unos días después del rechazo que había expresado la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a la oferta inicial del 2,5% para julio, considerada insuficiente frente al ritmo de la inflación y la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
Una negociación que va más allá del porcentaje
La nueva propuesta incorpora una serie de medidas que exceden la discusión estrictamente salarial. Entre ellas figura el pase a planta permanente de más de 8 mil trabajadores y trabajadoras temporarios que ingresaron hasta diciembre de 2025, uno de los principales reclamos que venían sosteniendo los gremios.
Además, el Gobierno provincial acordó avanzar con una agenda de mesas técnicas para abordar distintos conflictos sectoriales. El cronograma incluye una reunión específica para auxiliares de la educación prevista para el 6 de agosto, donde se discutirá una nueva normativa para ese sector.
También quedaron definidas mesas de trabajo destinadas a negociar un futuro Convenio Colectivo de Trabajo, revisar la carrera administrativa contemplada por la Ley 10.430 y analizar situaciones particulares en Salud, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, además de las áreas de mantenimiento y producción de equipamiento.
Como parte del entendimiento alcanzado durante la negociación, ambas partes acordaron además reabrir la discusión salarial en septiembre, con el objetivo de evaluar la evolución de los precios y el impacto sobre los ingresos de los trabajadores estatales.
Pese a la mejora de la oferta, ATE resolvió llevar la propuesta a consulta de sus cuerpos orgánicos antes de definir una posición definitiva.
El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, sostuvo que el Gobierno provincial "viene demostrando que pese al ajuste que realiza Milei se pueden continuar haciendo esfuerzos y llevando adelante discusiones paritarias", aunque advirtió que la Provincia enfrenta fuertes dificultades financieras.
En ese sentido, el dirigente afirmó que la administración bonaerense sufrió una pérdida de 26,6 billones de pesos en recursos, situación que, según el gremio, condiciona el margen para otorgar mejoras salariales de mayor magnitud.
Sin embargo, Arévalo remarcó que todavía quedan reclamos pendientes. Entre ellos mencionó la necesidad de mejorar especialmente los ingresos de los auxiliares de la educación, uno de los sectores con salarios más bajos dentro de la administración pública provincial, y acelerar el proceso de regularización laboral para los trabajadores que aún permanecen bajo modalidades precarias.
"Necesitamos que cuando Kicillof termine su mandato estén todos en planta permanente", expresó el dirigente sindical al referirse a los aproximadamente 14 mil trabajadores que, según ATE, todavía esperan su incorporación definitiva.
El difícil equilibrio entre las cuentas públicas y el conflicto social
La negociación refleja el complejo escenario que atraviesa la administración bonaerense. Mientras los sindicatos presionan para recuperar ingresos en un contexto donde la inflación continúa erosionando los salarios, el Ejecutivo sostiene que la caída de recursos limita su capacidad de respuesta.
Desde el Gobierno provincial vienen atribuyendo buena parte de esas dificultades al recorte de transferencias nacionales y a la disminución de ingresos coparticipables, una situación que —afirman— obliga a administrar con mayor cautela cada decisión presupuestaria.
En ese contexto, la estrategia oficial busca evitar una escalada del conflicto sindical mediante acuerdos que combinen mejoras salariales, estabilidad laboral y la apertura de espacios permanentes de negociación.
La definición final quedará ahora en manos de los gremios. Si bien la nueva oferta representa un avance respecto de la propuesta rechazada la semana pasada, las organizaciones sindicales deberán evaluar si el incremento resulta suficiente para comenzar a recomponer el poder adquisitivo perdido o si será necesario volver a la mesa de negociación en busca de nuevas mejoras.