Paro de residentes bonaerenses: salarios, hospitales y reclamos a Kicillof y Milei
Los médicos y profesionales residentes de hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires realizaron este jueves 8 de octubre un paro de 24 horas con movilización en La Plata, en reclamo de una recomposición salarial, mejores condiciones laborales y mayor presupuesto sanitario. La protesta, impulsada por la Comisión Provincial de Residentes (CPR), incluyó cuestionamientos tanto al gobierno nacional de Javier Milei como a la administración bonaerense de Axel Kicillof.
La jornada comenzó en Plaza Malvinas y continuó con una marcha hacia el Ministerio de Salud provincial, conducido por Nicolás Kreplak. Posteriormente, los manifestantes se dirigieron a la Casa de Gobierno para reclamar respuestas sobre sus ingresos, la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones en las que se desempeñan dentro del sistema público.
La medida fue resuelta en una asamblea virtual de la que participaron 103 trabajadores y representantes de más de 35 residencias. Los organizadores difundieron una carta abierta dirigida a la comunidad, pacientes, familiares, docentes y organizaciones sindicales, en la que advirtieron que el deterioro salarial se combina con una creciente demanda de atención y dificultades para sostener las prestaciones.
El conflicto también expone las diferencias entre los avances que presenta la gestión provincial en materia de formación sanitaria y los reclamos de quienes ya trabajan en hospitales y centros de atención primaria. Mientras Buenos Aires desarrolla un régimen propio de residencias tras la discontinuidad del examen nacional, los profesionales denuncian que sus remuneraciones y condiciones laborales siguen siendo insuficientes.
Salarios de $1,2 millones, guardias extensas y un reclamo de $2,6 millones
El principal pedido de los residentes es establecer un salario mínimo de $2.600.000 para el personal sanitario, tomando como referencia una canasta calculada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a partir de indicadores del INDEC.
Según la Comisión Provincial de Residentes, un profesional de primer año percibe actualmente poco más de $1.200.000 mensuales sin adicionales por guardias. La cifra representa menos de la mitad del ingreso que reclaman y, de acuerdo con la organización, resulta insuficiente para afrontar alquileres, servicios, alimentación y otros gastos básicos.
Las diferencias se extienden a los distintos años de formación. Jeremías Marti, residente de Medicina General del Centro de Salud Villa Hudson, en Florencio Varela, explicó que mientras un ingresante cobra alrededor de $1,2 millones, un profesional de cuarto año puede alcanzar los $1,8 millones.
El trabajador describió jornadas de entre ocho y diez horas y la realización de dos guardias semanales, según la especialidad. "Estamos por debajo de lo que es la canasta básica", advirtió durante una entrevista reciente.
Los cuestionamientos también alcanzan las condiciones en los establecimientos sanitarios. Marti señaló problemas relacionados con la disponibilidad de medicamentos y las remuneraciones del personal, al tiempo que sostuvo: "Se nota mucho el vaciamiento".
La Comisión Provincial incorporó otros planteos a su convocatoria: diferencias salariales entre residencias y disciplinas, dedicación exclusiva, reconocimiento de quienes cumplen tareas bajo regímenes de becas y continuidad laboral una vez finalizada la formación.
Los profesionales sostienen que la residencia no constituye solamente una instancia educativa, ya que participan cotidianamente de la atención de pacientes, guardias, seguimiento de tratamientos y actividades interdisciplinarias. En ese sentido, reclaman que el funcionamiento de los servicios no dependa de condiciones de trabajo que consideran precarias.
La protesta se amplía y exige una respuesta de CICOP
La carta abierta difundida por la organización vincula el deterioro de los ingresos con las dificultades que atraviesan los establecimientos públicos. Los residentes denuncian faltantes de medicamentos, problemas de infraestructura, escasez de personal y una demanda creciente de atención, especialmente entre sectores que encuentran mayores dificultades para acceder a otras coberturas sanitarias.
En el documento también cuestionan las políticas económicas de ambos gobiernos. Señalan que las medidas del presidente Milei profundizan el deterioro del sistema de salud y sostienen que la administración de Kicillof no ha logrado garantizar remuneraciones suficientes para quienes trabajan en la primera línea de atención.
El reclamo se desarrolla mientras otros sectores sanitarios mantienen conflictos similares. En la Ciudad de Buenos Aires, residentes y concurrentes realizaron una jornada de protesta de 24 horas con concentración en el Obelisco, para exigir mejoras salariales, reconocimiento de las tareas no remuneradas y soluciones frente a la sobrecarga laboral.
En territorio bonaerense, la Comisión Provincial de Residentes exigió a la conducción de CICOP que convoque a un paro y organice un plan de lucha. La organización presentó una nota ante el sindicato y solicitó que el conflicto sea acompañado por el conjunto de los profesionales de la salud.
El reclamo recibió manifestaciones de apoyo de distintas seccionales gremiales, entre ellas Hurlingham, Tigre, Morón, Haedo, San Isidro, Escobar, Mercedes, Moreno, Florencio Varela y establecimientos como el Hospital Paroissien, el Hospital Iriarte de Quilmes y el Hospital Eva Perón de San Martín.
La Comisión también convocó a pacientes, familiares y trabajadores de otros sectores a participar de las actividades. Los residentes buscan vincular las demandas salariales con la defensa de las condiciones de atención y con la necesidad de garantizar recursos suficientes para hospitales y centros de salud.
La política sanitaria provincial frente a los reclamos laborales
La protesta se produce mientras el Ministerio de Salud bonaerense implementa modificaciones en el sistema de formación de profesionales y desarrolla iniciativas para ampliar la capacidad de atención pública.
En agosto, la cartera conducida por Kreplak anunció la incorporación de 1.793 profesionales mediante el Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES). La primera adjudicación permitió cubrir el 76% de los más de 2.300 cupos disponibles, con 263 ingresos correspondientes al Programa de Pre-residencias.
El esquema fue creado después de que el Gobierno nacional discontinuara el examen único que articulaba el ingreso de especialistas en distintas jurisdicciones. Frente a esa decisión, la administración de Kicillof organizó una evaluación propia para preservar el acceso a la formación sanitaria y fortalecer la cobertura de especialidades prioritarias.
La Provincia también introdujo cambios en el régimen de residencias. Desde 2022 rige un reglamento que eliminó el sábado como jornada laboral regular, redujo las guardias previstas a doce horas e incorporó adicionales por tareas de guardia y por desempeño en zonas de baja cobertura.
A estas medidas se sumaron incentivos salariales del 15% para determinadas especialidades estratégicas, como pediatría, clínica médica, neonatología, terapia intensiva, medicina general y psiquiatría.
En materia salarial, CICOP había aceptado en julio un incremento del 7%, distribuido en dos tramos del 5% y 2%, con una reapertura de la negociación prevista para septiembre. El acuerdo también estableció el inicio de una recategorización del salario básico desde octubre para trabajadores comprendidos en la Ley 10.471, con impacto sobre adicionales y antigüedad.
El gobierno provincial, además, impulsó dos proyectos legislativos relacionados con el financiamiento y la organización sanitaria: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y el establecimiento de un Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense para fortalecer la producción pública de medicamentos e insumos.
Estas iniciativas forman parte de la estrategia presentada por Kreplak ante el Senado bonaerense, aunque los residentes mantienen sus demandas específicas sobre salarios, recursos cotidianos y estabilidad laboral.
En la carta abierta difundida para la movilización, la Comisión Provincial sostuvo que el acceso a la salud pública es un derecho que debe garantizarse con personal suficiente, medicamentos, infraestructura y presupuesto. La organización reclamó que CICOP convoque a un paro y un plan de lucha, y ratificó su pedido de un salario mínimo de $2.600.000 para los trabajadores sanitarios.