Miel, trámites y bronca rural: el nuevo requisito del SENASA agitó al campo bonaerense
La decisión del Gobierno nacional de incorporar un nuevo requisito digital para el traslado de productos apícolas abrió un fuerte frente de conflicto con productores rurales y legisladores bonaerenses.
A menos de tres meses de su entrada en vigencia, la implementación obligatoria del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) generó rechazo en el interior productivo, donde denuncian más carga administrativa, falta de consulta y una desconexión total con la realidad del campo.
La medida comenzará a regir el 1° de agosto y establece que los titulares de apiarios deberán gestionar el DT-e mediante el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) para trasladar el material melario hacia las salas de extracción. A su vez, los responsables de esas salas deberán completar el cierre del documento para validar el circuito.
Desde el organismo nacional argumentaron que el nuevo esquema apunta a “fortalecer el sistema de trazabilidad apícola y reforzar garantías sanitarias”, además de prevenir el ingreso del Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC), una amenaza detectada en países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.
Rechazo político y rural
Sin embargo, la respuesta del sector no tardó en llegar. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó duramente la resolución y sostuvo que el sistema actual ya garantiza la trazabilidad que exigen los mercados internacionales. “El nuevo sistema no tiene una real justificación”, remarcaron desde la entidad ruralista presidida por Ignacio Kovarsky.
En un comunicado difundido durante las últimas horas, la Comisión Apícola de CARBAP sostuvo que el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA) “es elogiado y único en todo el mundo” y planteó dudas sobre el trasfondo de la decisión oficial. “¿A quién le sirve esto? ¿Quién insistió con este sistema y por qué? Preguntas que no logramos hacer escuchar y obtener respuestas satisfactorias”, expresaron.
La crítica central gira alrededor del impacto operativo que tendrá el nuevo procedimiento durante la cosecha de miel, uno de los períodos de mayor intensidad para los productores. Según advirtieron, la obligatoriedad de completar trámites online implicará pérdida de tiempo y mayores dificultades en zonas rurales donde la conectividad todavía es deficiente.
“Si SENASA en vez de facilitar el mercado de la miel tiene por objetivo complicar al productor y agregar cada vez más trámites online, obviando que en el país no hay conectividad estable e ignorando la realidad diaria de los productores apícolas, lo logró”, señalaron desde CARBAP.
La polémica escaló rápidamente a la Legislatura bonaerense. Los diputados Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, y Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, coincidieron en cuestionar el nuevo esquema impulsado por el organismo nacional y denunciaron que se trata de una medida “inconsulta” que suma burocracia sin resolver problemas concretos.
“Son medidas pensadas desde un sillón de un despacho en CABA”, lanzó Bugallo en una entrevista reciente. El legislador sostuvo que el nuevo documento electrónico “no resuelve absolutamente nada” y advirtió que el Gobierno nacional avanza en sentido contrario al discurso de simplificación administrativa que pregona públicamente.
“No están pensando en desburocratizar, sino que van para el otro lado: exigir inscripciones, completar datos y ninguna utilidad a cambio”, afirmó el diputado bonaerense.
El peso de la producción bonaerense
Vaccarezza, en tanto, puso el foco en la superposición de datos que ya existen dentro de los sistemas oficiales. “Esto no es trazabilidad, es más burocracia que solo complica el trabajo diario del apicultor”, sostuvo la legisladora radical, quien además apuntó contra la falta de infraestructura tecnológica en gran parte del interior rural.
“Antes de exigir más trámites, el Gobierno nacional debería garantizar conectividad en todos los rincones del país. No se puede digitalizar lo que en el campo todavía se hace a señal de humo”, planteó. Y agregó: “No se puede tomar una medida que cambia la forma de trabajar sin consultar al sector, y menos avisando de un día para el otro”.
El conflicto adquiere una dimensión especial en la provincia de Buenos Aires, principal distrito productor de miel del país. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que conduce Javier Rodríguez, el territorio concentra el 53% de la producción nacional, reúne más de 7.200 productores registrados y supera las 1,6 millones de colmenas.
Además, más del 90% de la miel bonaerense se exporta, una característica que convierte a la actividad en una fuente importante de ingreso de divisas. Precisamente por eso, desde las entidades rurales sostienen que cualquier modificación administrativa debería surgir de instancias de diálogo previas y no de resoluciones “intempestivas”.
En ese sentido, CARBAP reclamó revisar la medida y abrir canales de discusión “conducentes, efectivos y concretos” para evitar que el productor pierda tiempo en tareas administrativas. “La manera de que el productor pueda dedicarse a lo que sabe, producir y agregar valor”, señalaron desde la entidad.