El ajuste llegó al corazón de la búsqueda de identidad: peligra el Banco Genético que permitió hallar a 140 nietos
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave para la identificación de hijos e hijas apropiados durante la última dictadura militar, atraviesa una situación crítica por falta de presupuesto y designaciones, según denunciaron Abuelas de Plaza de Mayo y funcionarios judiciales que intervienen en causas de lesa humanidad.
La alarma escaló esta semana cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para obligar al Gobierno nacional a garantizar de manera inmediata el funcionamiento del organismo.
La resolución judicial intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a disponer “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el normal funcionamiento del BNDG, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras biológicas y las condiciones de seguridad e higiene.
Según pudo reconstruir este medio, la situación se agravó luego de que la directora técnica del organismo, Mariana Herrera Piñero, advirtiera formalmente que el Banco ya no estaba en condiciones de continuar tomando muestras biológicas por falta de recursos.
El riesgo sobre 32 mil muestras genéticas
El BNDG conserva cerca de 32 mil muestras genéticas, en su mayoría vinculadas a delitos de lesa humanidad. Allí se resguardan perfiles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y personas que dudan sobre su identidad biológica.
La preocupación central pasa por la preservación de ese material considerado “único e irrepetible”. En los escritos presentados ante la Justicia, Herrera Piñero alertó sobre posibles fallas en servicios esenciales como vigilancia, limpieza, mantenimiento edilicio y sistemas de conservación ambiental indispensables para sostener los laboratorios.
“Cualquier interrupción en las condiciones de conservación, refrigeración, climatización, bioseguridad o monitoreo ambiental constituye un riesgo para la preservación de la evidencia genética”, señalaron desde Abuelas de Plaza de Mayo.
Ramos Padilla remarcó en su fallo que la eventual interrupción de las tareas periciales del Banco podría comprometer “seriamente” investigaciones judiciales en curso vinculadas a apropiación de niños durante la dictadura. El magistrado sostuvo además que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en materia de investigación y reparación de violaciones a los derechos humanos.
En paralelo, el juez federal Ernesto Kreplak también intervino y pidió informes urgentes sobre el estado de conservación de las muestras y el avance de distintos cotejos de ADN ordenados en expedientes judiciales.
Un organismo pionero atacado por el ajuste
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo. Su creación convirtió a la Argentina en referencia mundial en genética forense aplicada a Derechos Humanos.
El organismo desarrolló el llamado “índice de abuelidad”, una herramienta científica inédita que permitió establecer vínculos biológicos aun sin contar con ADN de los padres desaparecidos. Gracias a ese método ya fueron restituidas las identidades de 140 nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.
Desde Abuelas denunciaron que el actual escenario forma parte de una avanzada más amplia del gobierno de Javier Milei sobre organismos vinculados a memoria, verdad y justicia.
Recordaron que el BNDG ya había quedado bajo amenaza durante el debate de la Ley Bases y luego mediante el decreto 351/2025, que intentó modificar su funcionamiento. “Hoy pareciera que se busca su parálisis con el ahogo presupuestario”, advirtieron desde la organización.
La diputada bonaerense de Fuerza Patria Soledad Alonso también presentó un proyecto de repudio al ajuste sobre el organismo. “Defender el Banco de Datos Genéticos es defender la memoria colectiva y el derecho de las futuras generaciones a conocer la verdad sobre nuestra historia reciente”, sostuvo.
Mientras tanto, fiscales especializados en apropiación de niños durante la dictadura advirtieron que la crisis presupuestaria ya amenaza la producción de pericias genéticas indispensables para causas judiciales en trámite.
“No podremos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, había advertido Herrera Piñero en una presentación remitida a distintos juzgados federales.