Chapadmalal: crece la alarma por posibles despidos en medio del plan nacional para concesionar los hoteles
La Unidad Turística Chapadmalal volvió a quedar en el centro de la discusión política, gremial y social por el futuro del complejo. En las últimas horas, trabajadores y representantes sindicales alertaron sobre versiones y documentos que circulan de manera extraoficial y que, de confirmarse, podrían abrir una nueva etapa de incertidumbre laboral para el personal que todavía cumple tareas de mantenimiento y custodia en el predio.
Según plantearon fuentes gremiales, la preocupación apunta a una eventual decisión administrativa vinculada al pase a disponibilidad de trabajadores de planta permanente y a la posible no renovación de contratos vigentes. La medida, podría alcanzar a unos 58 agentes vinculados al funcionamiento residual del complejo, cerrado operativamente desde 2025.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advierten que el escenario genera alarma porque podría inscribirse dentro del proceso impulsado por el Gobierno nacional para avanzar con la concesión de los históricos hoteles de turismo social.
En ese marco, los gremios miran con atención cualquier movimiento administrativo que involucre a Chapadmalal y a la Unidad Turística Embalse, en Córdoba, dos predios que la gestión de Javier Milei pretende entregar al sector privado por un plazo proyectado de 30 años.
Alerta gremial y falta de notificación formal
La inquietud de los trabajadores se profundizó luego de que comenzaran a circular versiones sobre una presunta resolución vinculada a la Jefatura de Gabinete de la Nación. De acuerdo con esos trascendidos, el texto llevaría la firma del secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia, y habría sido impulsado a partir de una solicitud de la Secretaría de Turismo y Ambiente, encabezada por Daniel Scioli.
Sin embargo, hasta ahora los trabajadores remarcan que no recibieron una notificación formal. Por eso, el eje de la denuncia gremial se concentra en la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con un esquema que, en la práctica, pueda derivar en cesantías o desvinculaciones futuras.
La delegada de ATE Florencia Marco Ruiz señaló, en diálogo con la prensa local, que el personal se enteró de la situación de manera extraoficial. “Una noticia de último momento, nos enteramos hoy a la mañana”, afirmó este jueves.
También sostuvo que el documento al que hicieron referencia desde el gremio estaría “firmado digitalmente con nombre y apellido”, aunque aclaró que aún no hubo comunicación oficial a los empleados.
El punto más sensible es el eventual pase a disponibilidad del personal de planta permanente. Ese mecanismo, previsto en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, puede aplicarse frente a reestructuraciones del Estado que impliquen supresión de organismos, áreas o funciones.
En esos casos, los agentes quedan durante un plazo determinado a la espera de una posible reubicación. Si esa reubicación no se concreta, la desvinculación puede producirse con derecho a indemnización.
Por eso, desde el gremio sostienen que una medida de ese tipo sería mucho más que un trámite administrativo. “Utilizan la Ley Bases para pasarnos formalmente a disponibilidad, que es el paso previo al despido definitivo”, advirtió Marco Ruiz.
La concesión por 30 años como trasfondo
La preocupación laboral se cruza con una decisión política más amplia: el rumbo que la Casa Rosada busca darle a Chapadmalal. En respuestas enviadas al Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la posibilidad de concesionar los hoteles por 30 años, bajo el argumento de atraer inversiones, restaurar la infraestructura, elevar la calidad de los servicios y reducir el costo fiscal que implicaba sostener el complejo estatal.
De todos modos, el proceso todavía no aparece cerrado en términos formales. Según fuentes consultadas, no se publicaron pliegos definitivos ni se inició una licitación pública. Esa ausencia de definiciones alimenta la incertidumbre entre los trabajadores y también entre sectores políticos de General Pueyrredón, donde el futuro del predio se convirtió en una discusión sobre empleo, patrimonio público y turismo social.
El conflicto había sumado otro capítulo cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado intimó a trabajadores a desalojar viviendas ubicadas dentro del complejo, que ocupan desde hace décadas por sus funciones laborales. Esa medida, según los antecedentes disponibles, no llegó a efectivizarse.
La pelea por el destino del predio
Mientras el Gobierno nacional sostiene su orientación hacia la inversión privada, en Mar del Plata también aparecen propuestas alternativas. El senador nacional Maximiliano Abad impulsó una iniciativa para que parte del complejo pase a la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata y sea reconvertido en un campus con infraestructura académica y residencias estudiantiles.
La propuesta fue acompañada en el Concejo Deliberante por el bloque UCR + Nuevos Aires, integrado por Ariel Bordaisco, Vilma Baragiola, Gabriela Azcoitía y Ricardo Liceaga Viñas. “El Estado no puede dejar en suspenso un activo estratégico como Chapadmalal. Hay una oportunidad concreta de transformarlo en un espacio de desarrollo educativo y científico, y eso requiere decisión política”, señalaron los ediles.
En paralelo, otros sectores del oficialismo marplatense sostienen variantes ligadas a la inversión privada. El intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro respalda ese camino, mientras el dirigente del PRO Emiliano Giri promovió la creación de una “Corporación Urbanística Chapadmalal S.A.”, con una lógica similar a Puerto Madero.
Para los trabajadores, la prioridad es otra: saber si conservarán sus puestos y qué pasará con una política pública que durante décadas permitió el acceso al turismo social. Marco Ruiz sintetizó esa preocupación al afirmar que estas acciones podrían “consolidar el vaciamiento de los hoteles”.