El Senado debate cambios en desalojos, tierras rurales y propiedad privada
El Senado de la Nación debate este jueves el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones en el régimen de desalojos, en la normativa sobre tierras rurales y en el sistema de expropiaciones.
La propuesta forma parte de la agenda legislativa del oficialismo y llega al recinto luego de negociaciones con bloques dialoguistas, que derivaron en cambios sobre algunos de los puntos más sensibles del texto original. Si obtiene media sanción, el proyecto deberá continuar su trámite en la Cámara de Diputados.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación de la Ley de Tierras Rurales. El texto elimina el límite que impide que más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental quede en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. También deja sin efecto el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, previsto por la legislación vigente.
El proyecto mantiene restricciones para operaciones vinculadas a Estados extranjeros, empresas con participación estatal o fondos soberanos. Sin embargo, incorpora una excepción: esas transferencias podrían realizarse si la provincia donde se encuentran las tierras lo solicita expresamente y existe autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional.
La discusión sobre tierras rurales fue uno de los puntos que concentró mayor atención en el debate previo. Para destrabar el avance del dictamen, el oficialismo aceptó incorporar un criterio de intervención provincial. De esa manera, cada jurisdicción conservaría potestad sobre su territorio y podría objetar operaciones consideradas críticas.
El otro eje de la iniciativa está vinculado con los desalojos. El texto plantea que determinadas acciones de restitución de inmuebles se tramiten mediante juicio sumarísimo, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales.
En los casos de ocupantes precarios, intrusos u otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible, el juez podría disponer la entrega inmediata del inmueble en cualquier estado del juicio, una vez iniciado el litigio. La iniciativa también contempla procedimientos específicos cuando se invoquen causales como cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo.
Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo aceptó una diferenciación entre situaciones de usurpación y casos de inquilinos con deudas. Para inmuebles con destino habitacional y falta de pago, el proyecto prevé una intimación formal y un plazo de 10 días corridos antes de que el locador pueda iniciar la acción judicial de desalojo.
El texto también incorpora un artículo sobre protección de sujetos vulnerables. En los procesos sumarísimos de desalojo, el juez deberá observar si en el inmueble hay menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. Antes de ejecutar la medida, deberá contemplarse un plazo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional, con intervención del fiscal y de los organismos correspondientes.
Otro punto incluido en el proyecto es la validez de las notificaciones electrónicas. De acuerdo con el esquema propuesto, las comunicaciones enviadas al correo electrónico informado en el contrato podrán considerarse válidas, lo que permitiría que el proceso avance aun cuando no se concrete una notificación física.
La iniciativa también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. Entre las modificaciones acordadas aparece la limitación del cálculo del lucro cesante, que no podría superar el equivalente al 30% del valor del daño emergente. Además, se plantea que la declaración de utilidad pública tenga una interpretación restrictiva, con una finalidad concreta y bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En la negociación legislativa, el oficialismo retiró los artículos que habilitaban desalojos directos sobre asentamientos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Ese cambio fue parte de las concesiones realizadas para intentar reunir los votos necesarios en el recinto.
La sesión también se desarrolla atravesada por tensiones políticas internas en La Libertad Avanza, especialmente por las críticas vinculadas al pliego judicial de María Verónica Michelli. Ese conflicto sumó presión al bloque oficialista en una jornada en la que el Senado tiene en agenda temas de alto impacto institucional y económico.
Con este debate, el Gobierno busca avanzar sobre una de sus reformas vinculadas al derecho de propiedad, la apertura a inversiones y la reducción de restricciones estatales. La discusión, sin embargo, mantiene diferencias entre los bloques por el alcance de los cambios, el rol de las provincias y las garantías previstas en los procesos de desalojo.