La rebelión del interior bonaerense por Zona Fría suma jueces, firmas y presión al Senado
Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa cambios que reducirían significativamente los beneficios vigentes en las tarifas de gas, intendentes, legisladores, concejales y oficinas municipales de defensa al consumidor comenzaron a coordinar acciones para intentar frenar una medida que consideran perjudicial para millones de usuarios.
En las últimas horas, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dio un paso más allá del rechazo político y envió un proyecto al Concejo Deliberante para obtener respaldo institucional que le permita avanzar en la Justicia si el Senado convierte en ley la reforma impulsada por el oficialismo nacional.
La decisión marca un cambio de estrategia en una discusión que hasta ahora se había expresado principalmente mediante comunicados, encuentros regionales y pronunciamientos públicos.
El proyecto presentado por Susbielles propone que el Concejo Deliberante exprese formalmente su rechazo a la eliminación de Zona Fría y respalde eventuales acciones legales en defensa de los usuarios bahienses.
Desde el municipio argumentan que el régimen vigente no constituye un subsidio discrecional sino una compensación vinculada a las condiciones climáticas que obligan a un mayor consumo energético durante buena parte del año.
Antes de enviar la iniciativa, el jefe comunal había anticipado públicamente su postura. “Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad para ponerle un freno al Gobierno nacional en este despojo que quiere hacer con la ciudad de Bahía Blanca”, afirmó.
Días atrás también había reclamado preservar el reconocimiento obtenido en 2021. “Pretender quitar la Zona Fría es desconocer nuestra realidad climática y darle un nuevo golpe al bolsillo de la comunidad en un contexto que ya es muy difícil”, sostuvo.
Según la administración bahiense, la eliminación del beneficio impactaría sobre hogares, comercios, instituciones y sectores productivos, en una ciudad donde las bajas temperaturas forman parte de la realidad cotidiana durante varios meses del año.
Una reacción que atraviesa partidos políticos
La preocupación excede a Bahía Blanca. Intendentes de distintos espacios políticos comenzaron a coincidir en un diagnóstico común: la reforma podría generar aumentos significativos en las facturas de gas de amplias zonas del interior bonaerense.
Uno de los pronunciamientos más firmes llegó desde Coronel Suárez. El intendente Ricardo Moccero recordó que la ampliación del régimen respondió originalmente a reclamos de municipios con inviernos rigurosos y sostuvo que gran parte del sudoeste bonaerense presenta condiciones climáticas comparables con las de varias provincias patagónicas.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, rechazó que se catalogue a Zona Fría como un subsidio. “No estamos hablando de subsidio, estamos hablando de un derecho que tienen quienes viven y quienes producen en Tres Arroyos y en la región”, afirmó.
El jefe comunal sostuvo que las condiciones climáticas justifican plenamente la inclusión de la ciudad dentro del régimen y advirtió que una eventual eliminación afectaría tanto a las familias como a la actividad económica regional.
“Esto no es un subsidio generalizado ni nada por el estilo, es un derecho que tiene que ver con el contexto en el que vivimos”, remarcó. El rechazo también alcanzó al Foro de Intendentes Radicales bonaerense, que expresó su preocupación por el proyecto y reclamó a los senadores nacionales que rechacen cualquier intento de reducir o eliminar el beneficio.
Mientras los intendentes elevan el tono político, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) comenzaron a desplegar una estrategia territorial para visibilizar el impacto económico que tendría la reforma.
En más de cien municipios se pusieron en marcha campañas de concientización y recolección de firmas destinadas a llegar al Senado antes de la votación definitiva. La resistencia también encontró eco en la Legislatura bonaerense.
La senadora provincial Valeria Arata lanzó una herramienta digital destinada a calcular cuánto aumentaría la factura de gas de los usuarios de Junín si prospera la modificación del régimen.
Según los datos difundidos por la legisladora, más de 24.500 hogares de esa ciudad podrían verse afectados. El informe estima además que, durante los meses de mayor consumo, el costo adicional para la comunidad superaría los 620 millones de pesos mensuales.
“Queremos que cada familia pueda ver con números concretos lo que significa perder este beneficio”, explicó Arata al presentar la plataforma.
La herramienta permite simular distintos escenarios de consumo y estimar el impacto económico que tendría la medida impulsada por el Gobierno nacional.
El Senado, próximo escenario de la disputa
La reforma ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá atravesar el Senado, donde se concentra gran parte de la estrategia de quienes buscan preservar el régimen.
En paralelo, dirigentes de la Quinta Sección Electoral firmaron recientemente un documento conjunto en defensa de Zona Fría y calificaron la iniciativa como una decisión “profundamente injusta, insensible y centralista”.
Además de las campañas de firmas, algunos sectores preparan movilizaciones y actividades públicas para el día de la votación.
En ese contexto, la iniciativa impulsada por Susbielles aparece como un nuevo capítulo de una disputa que ya dejó de limitarse al Congreso. La posibilidad de una ofensiva judicial abre un escenario inédito y anticipa que, aun si la reforma obtiene el respaldo legislativo necesario, la discusión sobre Zona Fría podría trasladarse a los tribunales.