¿Más competencia o menos garantías? El debate que divide al mercado inmobiliario en la Provincia
La discusión que el gobierno de Javier Milei prepara para llevar al Congreso nacional ya desembarcó en la provincia de Buenos Aires. Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para modificar de manera profunda las reglas que rigen el mercado inmobiliario bonaerense, eliminando la exclusividad que hoy tienen los martilleros y corredores públicos en las operaciones de compraventa de inmuebles.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Juan Osaba y acompañada por otros ocho integrantes de la bancada libertaria, propone reformar la Ley 10.973, que regula el ejercicio profesional de los martilleros y corredores públicos. El objetivo central es habilitar que personas físicas o jurídicas sin matrícula profesional puedan intervenir en tareas de intermediación, corretaje y cierre de contratos inmobiliarios.
La propuesta replica el espíritu de la reforma que diseña el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que el Ejecutivo nacional pretende enviar al Congreso en las próximas semanas.
El proyecto libertario incorpora explícitamente el principio de “autonomía de la voluntad” para que las partes puedan acordar libremente honorarios y comisiones, sin las limitaciones establecidas por la normativa vigente.
Además, elimina las sanciones que actualmente recaen sobre quienes realizan actividades reservadas a martilleros o corredores sin contar con matrícula habilitante. Hoy, la Ley 10.973 prevé multas que pueden alcanzar hasta el doble de los honorarios percibidos por quien ejerza ilegalmente la actividad.
En los fundamentos de la iniciativa, Osaba cuestionó el esquema actual y sostuvo que la Provincia “impone un monopolio de intermediación basado en una matrícula” para tareas que considera esencialmente comerciales.
Según argumentó el legislador, la regulación vigente terminó convirtiéndose en una barrera de acceso que limita la libertad de contratación y restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan quién los asesora al momento de disponer de sus bienes.
El plan de Sturzenegger y la estrategia nacional
La iniciativa bonaerense aparece en sintonía con el proyecto que Federico Sturzenegger terminó de delinear en las últimas semanas y que busca modificar de manera estructural el negocio inmobiliario en todo el país.
El borrador nacional contempla eliminar la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer como corredor inmobiliario, habilitar la actividad interjurisdiccional sin restricciones y liberalizar completamente la fijación de honorarios y comisiones.
Otro de los puntos centrales es el reconocimiento formal de las plataformas digitales y aplicaciones como canales válidos para la intermediación inmobiliaria, una medida que apunta a ampliar la competencia y reducir costos de transacción.
Desde el Gobierno nacional sostienen que el sistema actual funciona como una barrera de entrada que restringe la competencia y encarece las operaciones. En cambio, los sectores profesionales advierten que la iniciativa podría debilitar los controles y afectar la seguridad jurídica de las compraventas y alquileres.
La reacción de los colegios profesionales y el respaldo de Massa
La avanzada libertaria ya generó una fuerte reacción en el sector inmobiliario. A comienzos de junio, el exministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, recibió a las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires para analizar el impacto que tendría una eventual desregulación.
Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Luis Eusebio Colao; el vicepresidente Alfredo Lavalle; y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco.
Según informó el Colegio profesional, Massa manifestó su respaldo a las instituciones que regulan la actividad y comprometió el acompañamiento político del Frente Renovador frente a cualquier intento de modificar el esquema vigente.
La postura del ex candidato presidencial se tradujo también en el plano legislativo. El diputado bonaerense Rubén Eslaiman reingresó un proyecto que había perdido estado parlamentario y que apunta justamente en sentido contrario al promovido por La Libertad Avanza.
Mientras el proyecto libertario busca abrir completamente el mercado inmobiliario y eliminar restricciones para ejercer la intermediación, la iniciativa impulsada por el massismo propone fortalecer los mecanismos de regulación profesional.
Entre otros cambios, el texto de Eslaiman actualiza incompatibilidades para el ejercicio de la profesión y endurece algunos requisitos vinculados a potenciales conflictos de interés.
La disputa expone dos visiones contrapuestas sobre el funcionamiento del mercado. De un lado, el Gobierno nacional y La Libertad Avanza sostienen que la competencia reducirá costos y ampliará las opciones disponibles para los usuarios. Del otro, colegios profesionales y sectores de la oposición advierten que la eliminación de controles puede generar mayores riesgos para quienes realizan operaciones inmobiliarias.
El debate se da en medio de una crisis habitacional
La discusión no ocurre en cualquier contexto. Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el avance de la desregulación coincide con una situación habitacional compleja en todo el país.
Un informe reciente del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) reveló que el 48,1% de los hogares argentinos presenta algún tipo de déficit habitacional. El estudio señala problemas vinculados con la calidad constructiva de las viviendas, el acceso a servicios básicos, el hacinamiento y las dificultades de infraestructura.
La situación es aún más crítica en los barrios populares, donde el déficit habitacional alcanza al 96,9% de los hogares y casi la mitad registra más de una carencia simultánea.
Al mismo tiempo, el sector enfrenta el impacto de la paralización de obras de urbanización, el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y una reducción de la inversión pública destinada a vivienda e infraestructura.
En ese escenario, el debate sobre la desregulación inmobiliaria trasciende la discusión corporativa entre martilleros y corredores. Lo que está en juego es el modelo de regulación que tendrá uno de los mercados más sensibles de la economía argentina en un momento marcado por la crisis habitacional, la caída de la inversión pública y la búsqueda oficial de profundizar el proceso de liberalización económica.