"Racismo, mentiras y desconocimiento": la dura respuesta de la Provincia al proyecto libertario para cobrar la salud a extranjeros
La presentación de un proyecto de ley para arancelar la atención en hospitales públicos provinciales y los estudios universitarios de extranjeros sin residencia permanente reavivó una discusión que combina inmigración, financiamiento estatal y modelo de servicios públicos. La iniciativa, impulsada por legisladores de La Libertad Avanza y acompañada por diputados del PRO, recibió este jueves una contundente respuesta del Gobierno bonaerense.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió al cruce de la propuesta y cuestionó tanto sus fundamentos como sus efectos concretos. En un mensaje publicado en sus redes sociales, calificó la iniciativa como una medida basada en "racismo, mentiras y desconocimiento" y sostuvo que el uso del sistema sanitario por parte de extranjeros no residentes representa una porción mínima de las prestaciones que brinda la Provincia.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados bonaerense por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, junto a legisladores de su espacio y del PRO, entre ellos el titular de esa bancada, Alejandro Rabinovich.
El proyecto establece que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas que reciban en hospitales públicos provinciales. El pago podría realizarse con recursos propios, mediante un seguro de salud o a través de un tercero responsable.
Para las prácticas programadas o aquellas que no constituyan una urgencia, el texto prevé que el paciente deba acreditar cobertura o abonar el arancel correspondiente antes de acceder a la atención.
La propuesta aclara que las emergencias continuarán siendo gratuitas y que ninguna persona podrá ser rechazada cuando exista riesgo para la vida. Además, quedan exceptuadas las víctimas de trata y las prestaciones vinculadas a vacunación, prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles.
Los autores plantean que los cobros se administren mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y que los recursos obtenidos se destinen a medicamentos, equipamiento, infraestructura e insumos para los hospitales provinciales.
El proyecto incorpora un capítulo dedicado a la educación superior. Allí propone que las universidades públicas de gestión provincial establezcan aranceles para estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.
Cada institución definiría los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización dentro del marco fijado por la ley.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que "la salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes" y argumentan que la Provincia "no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país".
No obstante, especialistas remarcan que la mayor parte del sistema universitario argentino depende del Estado nacional y cuenta con autonomía, por lo que el alcance efectivo de la iniciativa quedaría limitado a las universidades provinciales.
La respuesta de Kreplak: "Tiene nulo impacto"
La reacción del Gobierno bonaerense no tardó en llegar. Kreplak sostuvo que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado y cuestionó que se pretenda instalar el arancelamiento como solución a los problemas presupuestarios del sistema sanitario.
"Racismo, mentiras y desconocimiento", comenzó el ministro en su publicación. Luego agregó: "Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a extranjeros".
El funcionario fue todavía más contundente al definir la propuesta como "una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto".
Para respaldar esa afirmación, citó un informe elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria, según el cual durante 2023 los extranjeros no residentes representaron apenas el 0,2% de las más de 1,4 millones de consultas registradas en el sistema de salud bonaerense y el 0,81% de las internaciones.
Con esos datos, Kreplak sostuvo que el debate no pasa por el peso que tienen los extranjeros en el uso del sistema sanitario, sino por la concepción del acceso a la salud pública.
Una discusión con fuerte contenido político
La iniciativa fue presentada pocos días después de que cobraran notoriedad en redes sociales publicaciones realizadas por algunos ciudadanos extranjeros tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial de fútbol, un contexto que varios de sus impulsores utilizaron para justificar el proyecto.
El propio Agustín Romo escribió en sus redes sociales: "¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires".
En la misma línea, el diputado Juan Osaba afirmó que el objetivo es "ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos" y priorizar a quienes contribuyen al sostenimiento del sistema.
Sin embargo, el proyecto enfrenta un escenario legislativo complejo. En materia sanitaria, la Provincia tiene facultades para regular el funcionamiento de sus hospitales, aunque el oficialismo cuenta con mayoría suficiente para dificultar su aprobación. En el plano universitario, además, la discusión encuentra límites institucionales debido a la autonomía que poseen las universidades nacionales y al marco establecido por la Ley de Educación Superior.