La pelea por los $2,3 billones llega a la Corte: Kicillof espera una respuesta de Milei
La disputa entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Javier Milei por los fondos previsionales retenidos tendrá este miércoles un nuevo capítulo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Axel Kicillof espera que la administración nacional presente finalmente una propuesta concreta para comenzar a saldar la deuda que la Provincia calcula en más de 2,3 billones de pesos por transferencias destinadas al Instituto de Previsión Social (IPS).
La audiencia fue fijada por el máximo tribunal luego del encuentro realizado en abril, cuando representantes de la ANSES y del Ministerio de Economía nacional asumieron el compromiso de llevar una oferta que permitiera avanzar en una salida al conflicto. Se trata de uno de los expedientes más sensibles dentro de la extensa batalla judicial que la administración bonaerense mantiene con la Casa Rosada por distintos recortes de fondos.
Kicillof prevé participar personalmente del encuentro, que comenzará a las 11 en la sede de la Corte. Allí volverán a encontrarse funcionarios provinciales y nacionales bajo la mirada de los jueces del tribunal encabezado por Horacio Rosatti.
El origen del reclamo se remonta a abril de 2024, cuando la Provincia decidió acudir a la Justicia tras no obtener respuestas en la vía administrativa. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la demanda apunta a las compensaciones que el Estado nacional debe realizar a las provincias que conservaron sus cajas jubilatorias propias y no las transfirieron al sistema nacional durante la década de 1990.
Según la presentación realizada por Buenos Aires, la deuda incluye anticipos adeudados, actualizaciones pendientes y diferencias acumuladas de ejercicios anteriores. En febrero de 2024 el monto reclamado rondaba los 681 mil millones de pesos, pero la actualización de las partidas elevó la cifra hasta superar actualmente los 2,3 billones.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que la última transferencia recibida por el IPS fue en diciembre de 2023. Posteriormente, la interrupción de los giros quedó consolidada con decisiones adoptadas por la administración nacional que también fueron cuestionadas judicialmente.
Durante la audiencia realizada en abril, Kicillof recordó que de las trece provincias que mantienen cajas previsionales propias, diez ya habían recibido fondos por parte de la Nación, mientras que Buenos Aires seguía sin una solución.
“Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer una propuesta concreta de pago”, afirmó entonces el mandatario provincial al término de la reunión.
El caso que involucra a más de 374 mil beneficiarios
La discusión tiene impacto directo sobre uno de los organismos más importantes del sistema previsional bonaerense. El IPS administra más de 374.500 jubilaciones y pensiones y representa una estructura clave dentro de las políticas sociales de la Provincia.
La presidenta del organismo, Marina Moretti, remarcó en distintas oportunidades que el reclamo excede cualquier disputa política entre administraciones. Según explicó, los recursos reclamados corresponden a fondos destinados al sostenimiento de prestaciones previsionales.
“Es muy difícil porque la deuda es con los jubilados”, sostuvo la funcionaria durante las negociaciones impulsadas por la Corte Suprema.
Desde el Ejecutivo provincial destacan que los haberes continúan pagándose con recursos propios, aunque advierten que la situación genera una presión adicional sobre las cuentas públicas en un contexto marcado por la caída de la recaudación y la desaceleración económica.
El expediente vinculado al IPS forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Kicillof ante la Corte Suprema. Actualmente, la Provincia mantiene siete procesos judiciales vinculados a la eliminación o reducción de distintas transferencias nacionales.
Entre ellos figuran los reclamos por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte del Interior, los subsidios al sistema SUBE para el Área Metropolitana, los recursos destinados a bosques nativos, fondos para infraestructura gasífera y las transferencias previsionales adeudadas.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, aseguró que el conjunto de deudas y compromisos incumplidos por parte del Estado nacional supera los 15 billones de pesos. Según planteó, la situación se agrava por el esquema de coparticipación vigente, mediante el cual Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación nacional pero recibe alrededor del 7% de los recursos distribuidos.