“Pandemia de estafas”: el aviso que precedió al repliegue libertario en el mercado inmobiliario bonaerense
La avanzada de La Libertad Avanza sobre el mercado inmobiliario bonaerense sufrió un freno en la Legislatura provincial. Tras el rechazo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, el diputado libertario Juan Osaba pidió retirar el proyecto que buscaba modificar la Ley 10.973 y habilitar la intervención de personas humanas o jurídicas no matriculadas en operaciones de compraventa de inmuebles.
La iniciativa, presentada bajo el nombre “Desregular el mercado inmobiliario en el territorio de la Provincia de Buenos Aires”, formaba parte de una discusión más amplia que el Gobierno nacional de Javier Milei viene alentando a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En territorio bonaerense, el texto abrió una pelea con los colegios profesionales, que advirtieron sobre el posible debilitamiento de los controles en un sector sensible para propietarios, compradores e inquilinos.
El retiro del expediente
Según pudo reconstruir este medio, Osaba formalizó la decisión mediante una nota dirigida a Pedro Digiglio, director de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Cámara de Diputados bonaerense. Allí solicitó, de acuerdo con el Reglamento Interno del cuerpo, el retiro del expediente D-2105/26-27 y su correspondiente baja del sistema informático Intranet.
El proyecto había sido impulsado por Osaba junto a otros legisladores de su bloque. Su punto más discutido era la modificación de la normativa que regula el ejercicio de martilleros y corredores públicos en la Provincia. En concreto, proponía quitar la exclusividad de los profesionales matriculados para realizar tareas de intermediación, corretaje y conclusión de contratos inmobiliarios.
La propuesta también incorporaba el principio de “autonomía de la voluntad” para fijar honorarios y comisiones, dejando esos acuerdos librados a las partes. Además, planteaba eliminar sanciones para quienes participaran en operaciones inmobiliarias sin contar con matrícula habilitante, un cambio que el Colegio leyó como una puerta abierta a la informalidad en compraventas y alquileres.
En sus fundamentos, la bancada libertaria sostuvo que las funciones de control legal y técnico ya estarían cubiertas por abogados y escribanos. “Bajo esta propuesta, se reconoce que las funciones de control legal y técnico tradicionalmente asignadas a la figura del martillero se encuentran plenamente garantizadas y suplidas por la intervención de abogados y escribanos”, argumentaba el texto.
El rechazo de los martilleros
El Colegio de Martilleros bonaerense calificó como “positiva” la decisión de retirar el proyecto, aunque evitó leerla como una victoria definitiva. Desde la entidad advirtieron que el archivo del expediente “no implica que, en el futuro, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, no se vuelva a intentar impulsar una iniciativa reprochable similar”.
El presidente de la institución, Luis Eusebio Colao, había sido una de las voces más duras contra la propuesta. En una entrevista reciente, alertó que la desregulación podía derivar en una “pandemia de estafas inmobiliarias” y remarcó que el Colegio busca resguardar a compradores, vendedores e inquilinos frente a operaciones sin respaldo profesional.
Colao también recordó la campaña impulsada por la entidad en 2025 para prevenir maniobras fraudulentas durante la temporada de verano en la costa bonaerense. “Más de 14 millones de personas fueron advertidas por nuestra iniciativa, ahora no podemos permitir que amparen a los estafadores con una ley”, sostuvo.
La preocupación del sector no se limitaba a la matrícula. En el debate previo, los martilleros también plantearon que una reforma de este tipo podía afectar el sistema previsional vinculado a la actividad y debilitar estructuras institucionales de fiscalización. En la Provincia, según señaló Colao en otra entrevista reciente, hay más de 12.000 profesionales que dan trabajo directo o indirecto a más de 200.000 familias.
Massa, Sturzenegger y el trasfondo nacional
La discusión provincial se movió en paralelo a la agenda nacional. A comienzos de mes, representantes del Colegio se reunieron con Sergio Massa para plantearle su preocupación por una eventual desregulación inmobiliaria impulsada desde el Gobierno nacional. Del encuentro participaron Colao, el vicepresidente Alfredo Lavalle y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco.
Según informó la entidad, Massa compartió la mirada de los dirigentes del sector y se comprometió, en lo personal y junto a su espacio político, a acompañar a los profesionales ante una eventual embestida legislativa. El respaldo del líder del Frente Renovador le dio volumen político a un reclamo que hasta entonces venía concentrado en el plano corporativo y técnico.
Desde el Colegio también señalaron que otros sectores profesionales observan con inquietud el avance desregulador. Marina Mongiardino, titular del Colegio de Abogados de La Plata, graficó el problema con una comparación directa: “Imagínate lo que sería médicos, arquitectos o abogados sin un control… Eso desprotege al ciudadano porque no sabe con quién está contratando ni qué hay detrás de cada profesional”.
Tras el retiro del expediente, Colao ratificó la postura de la entidad y dejó una advertencia para los próximos capítulos de la discusión: “Seguiremos atentos y vigilantes en la defensa no solo de nuestra profesión, sino también de toda la sociedad, que día a día elige a un profesional para brindarle seguridad y confianza en sus operaciones. Mantendremos firmes y en alto nuestras convicciones y, más que nunca, ratificamos nuestro orgullo de ser martilleros y corredores públicos colegiados”.