La avanzada libertaria sobre el mercado inmobiliario reabre una vieja disputa en la Legislatura

La estrategia desreguladora que impulsa el gobierno de Javier Milei ya encontró su correlato en la Legislatura bonaerense. Como adelantamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para modificar la Ley 10.973 y alterar uno de los pilares que regulan el funcionamiento del mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires: la intervención obligatoria de martilleros y corredores públicos matriculados en las operaciones de compraventa.

La iniciativa, encabezada por el diputado provincial Juan Osaba y acompañada por otros ocho legisladores libertarios, propone habilitar que personas humanas o jurídicas sin matrícula profesional puedan realizar tareas de intermediación, corretaje y conclusión de contratos inmobiliarios. El argumento central es que la normativa vigente configura una barrera de acceso que restringe la competencia y limita la libertad de contratación.

La discusión excede una reforma técnica. Lo que comenzó como una propuesta para modificar el régimen profesional terminó abriendo un debate más amplio sobre el modelo de regulación que debe regir uno de los mercados de mayor sensibilidad económica y patrimonial para los bonaerenses.

Entre otros cambios, la propuesta libertaria incorpora el principio de “autonomía de la voluntad” para que las partes puedan acordar libremente honorarios y comisiones, sin quedar sujetas a parámetros establecidos por la regulación vigente.

 Además, elimina las sanciones previstas para quienes ejerzan actividades reservadas a martilleros o corredores sin matrícula habilitante. Actualmente, la legislación bonaerense contempla multas que pueden alcanzar hasta el doble de los honorarios percibidos por quienes desarrollen la actividad de manera ilegal.

El sector profesional responde con una advertencia

La reacción de los colegios profesionales no tardó en llegar. El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Luis Colao, se convirtió en una de las voces más críticas de la iniciativa.

El dirigente sostuvo que la eliminación de los controles actuales podría derivar en una expansión de las maniobras fraudulentas dentro del sector y advirtió que los principales perjudicados serían quienes intenten comprar, vender o alquilar una propiedad.

Según explicó, el proyecto no sólo elimina exigencias para el ejercicio profesional sino que también excluye a quienes operen sin matrícula del régimen sancionatorio vigente, un aspecto que, a su entender, debilita los mecanismos de protección para los usuarios del sistema inmobiliario.

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Aunque buena parte de la controversia se concentra en el futuro de los martilleros y corredores públicos, la discusión involucra cuestiones más amplias vinculadas al funcionamiento del mercado.

Para La Libertad Avanza, la apertura de la actividad permitirá incrementar la competencia, reducir costos y ampliar las opciones disponibles para los consumidores. Bajo esa lógica, la matrícula obligatoria constituye una restricción artificial que beneficia a un sector determinado y limita el ingreso de nuevos actores.

Del otro lado, los colegios profesionales sostienen que la intermediación inmobiliaria no puede reducirse a una simple tarea comercial. Argumentan que las operaciones involucran bienes de alto valor económico y requieren conocimientos específicos, responsabilidades profesionales y mecanismos de control que aporten previsibilidad y seguridad jurídica.

Colao también advirtió que una eventual desregulación podría impactar sobre el sistema previsional del sector, al afectar el funcionamiento de la Caja de Previsión vinculada a la actividad. Según planteó, detrás del debate sobre la matrícula existe también una discusión sobre el sostenimiento de estructuras institucionales que cumplen funciones de fiscalización y protección para los usuarios.

El debate que llega en un momento sensible

La controversia aparece además en un contexto complejo para el acceso a la vivienda. Distintos informes vienen alertando sobre el deterioro de las condiciones habitacionales y las dificultades crecientes para acceder a una propiedad o sostener un alquiler.

En paralelo, el Gobierno nacional impulsa una agenda de reformas orientadas a reducir regulaciones en distintos sectores económicos. El mercado inmobiliario se convirtió así en un nuevo capítulo de una discusión más amplia sobre el alcance de la intervención estatal y los límites de la liberalización económica.

Mientras los libertarios buscan instalar la idea de que una mayor competencia favorecerá a los usuarios, los sectores profesionales intentan poner el foco en las garantías y los mecanismos de control que hoy existen alrededor de las operaciones.

La pregunta que atraviesa el debate es tan simple como compleja: si la eliminación de barreras de ingreso permitirá construir un mercado más eficiente o si, por el contrario, terminará debilitando los resguardos que hoy tienen quienes realizan una de las inversiones más importantes de su vida.