Banquinas productivas y caja municipal: el atajo que mira el peronismo para aliviar a los intendentes
La caída de la recaudación y el deterioro de las cuentas locales empujaron a la Legislatura bonaerense una discusión que mezcla necesidad fiscal, producción rural, seguridad vial y autonomía municipal: habilitar a los municipios a otorgar permisos de uso sobre banquinas de rutas y caminos provinciales para explotaciones reguladas, entre ellas la siembra.
El debate aparece en un momento incómodo para muchos intendentes. Con menos recursos coparticipables, baja en la cobrabilidad de tasas, proveedores que reclaman pagos y el calendario salarial apretando, varios jefes comunales empezaron a mirar cada fuente posible de financiamiento.
En ese escenario, el oficialismo legislativo activó propuestas para modificar la Ley 10.342, sancionada en 1985, que actualmente permite arrendar franjas linderas a rutas provinciales, pero excluye de manera expresa a las banquinas.
Esa norma, además, no deja los fondos bajo libre disponibilidad municipal: lo recaudado debe repartirse entre el Consejo Escolar, con el 60%; Bomberos, con el 20%; y caminos rurales, con otro 20%. Para los intendentes, ese esquema quedó desfasado frente a una coyuntura donde la caja cotidiana pesa tanto como la obra pública.
Recursos ociosos y control vial
La iniciativa más reciente del peronismo propone incluir las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre con autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense. También plantea crear un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, bajo la órbita de la autoridad de aplicación, para fiscalizar el uso de esos terrenos.
En los fundamentos legislativos se advierte que la exclusión actual genera “el desperdicio de recursos productivos” y “priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación”. La mirada apunta a miles de hectáreas lineales que, bajo una explotación regulada, podrían destinarse a actividades agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, forestación, parquización o infraestructura de servicios.
El punto más sensible es la seguridad vial. Por eso, el proyecto establece que Vialidad bonaerense y los organismos competentes deberán determinar qué sectores son aptos para otorgar permisos, con dictámenes técnicos que resguarden zonas de escape, distancias de frenado y visibilidad de los conductores. La propuesta sostiene que no busca relegar la seguridad en las rutas, sino ordenar una práctica bajo criterios de promoción, coordinación y fiscalización.
Según el planteo oficialista, los ingresos derivados de esos permisos deberían permitir a los intendentes financiar obras de infraestructura comunitaria, mantenimiento de redes viales internas e inversión en políticas locales de seguridad.
La pelea por fondos menos atados
La discusión por las banquinas no aparece aislada. En mayo, el diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux, presentó otro proyecto para reformular el régimen de arrendamiento de tierras adyacentes a rutas provinciales.
Su iniciativa propone que los recursos ingresen directamente a una cuenta municipal y puedan utilizarse según lo determine cada comuna por ordenanza, con la condición de destinar al menos un tercio al mantenimiento de caminos o banquinas.
Acerbo también plantea extender los permisos de uso de uno a tres años, con posibilidad de renovación, y agilizar la intervención provincial. En sus fundamentos, sostuvo que el objetivo es “compatibilizar la preservación de la seguridad vial, la promoción del productivo racional y ambientalmente responsable de suelos ociosos y la descentralización de la gestión administrativa bajo un esquema de coordinación interjurisdiccional”.
El reclamo por autonomía financiera también viene creciendo por otros carriles. Varios intendentes pidieron que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal pueda utilizarse en su totalidad con libre disponibilidad. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya planteó que la salida más simple sería que el 100% del fondo se distribuya por Coeficiente Único de Distribución y sin condicionamientos.
La situación fiscal de fondo alimenta ese pedido. La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, advirtió que Ingresos Brutos, que representa cerca del 75% de la recaudación provincial, cayó 1,7% real en el primer cuatrimestre de 2026. También marcó bajas en Sellos, con 2,9%, y Patentes, con 0,5%. “Menos recursos. Menor actividad económica. Más dificultades para sostener los servicios que los vecinos necesitan”, afirmó.
Intendentes con la calculadora en la mano
En una entrevista reciente con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, contó que su municipio logró anticiparse al pago del aguinaldo. “Desde febrero nos pusimos a juntar la plata para el aguinaldo”, dijo. Mauro Poletti, intendente de Ramallo, también aseguró que tenía los aguinaldos garantizados, aunque dejó una advertencia: “Si esto se sigue profundizando, evidentemente vamos a estar complicados”.
Otros intendentes pidieron menos restricciones para usar fondos provinciales. José Luis Salomón, jefe comunal de Saladillo, defendió que los recursos puedan aplicarse a salarios, aguinaldos, temas sociales, instituciones u obras “sin tanto condicionamiento”. Ramón Capra, intendente de General Alvear, fue más directo: “Muchos intendentes no la están pasando bien”.
En San Pedro, el secretario de Economía Roberto Borgo expuso el cuadro con números concretos: la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza cayó al 47% de cobrabilidad, el municipio recibe en junio un 8% menos de coparticipación que en mayo, la recolección supera los $360 millones y la deuda con Ashira es superior a $1.900 millones. “Hay que empezar a discutir seriamente qué servicio estamos dispuestos a sostener y cómo lo vamos a financiar”.