Salarios atrasados y paro: la bronca municipal escala en Villa Gesell y abre otro capítulo de desgaste para Gustavo Barrera
El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Gesell y el gobierno de Gustavo Barrera sumó un nuevo capítulo y amenaza con escalar durante agosto. Tras denunciar falta de respuestas por parte del Ejecutivo local, el gremio aprobó un esquema progresivo de medidas de fuerza que podría desembocar en un paro general de 48 horas.
La disputa tiene como eje principal el deterioro salarial de los trabajadores municipales, aunque la lista de reclamos incluye también denuncias por horas extras impagas, falta de insumos, problemas en las condiciones laborales, traslados cuestionados y pedidos de regularización de la situación contractual de empleados.
La Asamblea General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Gesell (STMVG) resolvió avanzar con un cronograma que contempla distintas etapas de protesta. Según informaron desde la organización gremial, la medida busca presionar al Ejecutivo para abrir una instancia de diálogo y encontrar respuestas a los reclamos planteados.
El primer paso será un cese de actividades previsto para el 12 de agosto. La protesta comenzará a las 8 en Corralones Municipales y Obras Públicas, mientras que desde las 9 alcanzará al resto de las dependencias. La medida finalizará el 13 de agosto a las 6.
Si no existe una respuesta antes de esa fecha, el gremio anunció un paro general de 24 horas para el 18 de agosto. La última instancia será una huelga de 48 horas desde el 24 hasta el 26 de agosto, en caso de que continúe el conflicto.
Desde el sindicato aclararon que durante todas las jornadas de protesta se garantizarán las guardias mínimas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.
Un reclamo que apunta al salario y al diálogo con el Municipio
La secretaria general del STMVG, Laura D’Ambrosio, cuestionó la postura del gobierno municipal y sostuvo que el gremio agotó las instancias institucionales antes de avanzar con medidas de fuerza.
Según planteó la organización sindical, los trabajadores atraviesan una situación económica crítica producto de la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización salarial. A eso sumaron reclamos vinculados al pago de horas extras y otros conceptos adeudados.
El conflicto también incorpora pedidos relacionados con la estabilidad laboral. Entre los puntos planteados aparecen el pase a planta permanente de trabajadores, recategorizaciones, cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, mejoras en higiene y seguridad, regularización de la ART y devolución de descuentos aplicados a empleados que participaron de protestas anteriores.
“No pedimos privilegios. Exigimos respuestas”, remarcaron desde el sindicato, que responsabilizó al Ejecutivo municipal por no haber abierto una mesa de negociación.
Para los trabajadores, la falta de diálogo profundizó una situación que venía acumulando tensión y que ahora amenaza con afectar el funcionamiento cotidiano del Municipio.
Una gestión que acumula frentes abiertos
El conflicto salarial aparece en un momento complejo para Gustavo Barrera, quien atraviesa una etapa marcada por cuestionamientos políticos, reclamos opositores y disputas vinculadas al funcionamiento de la administración municipal.
Uno de los últimos episodios que generó impacto fue la discusión por el Presupuesto 2026 en el Concejo Deliberante, una sesión que terminó atravesada por acusaciones cruzadas y un clima de fuerte tensión política.
A ese escenario se sumaron cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y obras inconclusas. Entre ellos, tomó relevancia la situación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ubicado en Paseo 111 y Circunvalación, una obra financiada con fondos nacionales que quedó paralizada luego de alcanzar un avance parcial.
Según un informe elaborado por concejales del PRO, el proyecto había sido licitado mediante el Decreto N° 2954/21 y adjudicado a Mafra Construcciones S.A.S. por un contrato firmado en enero de 2022. La iniciativa contemplaba espacios destinados a primera infancia, salas maternales, sanitarios, cocina y áreas recreativas.
Sin embargo, de acuerdo con la documentación difundida por la oposición, la obra quedó detenida en 2023 con un avance físico del 42,25%.
Otro de los puntos que generó críticas fue el esquema financiero del contrato. Según información citada por concejales opositores, la empresa habría recibido un anticipo financiero cercano al 30% del monto contratado, equivalente a unos $10,8 millones.
Con la paralización de los trabajos, el Municipio inició acciones administrativas para reclamar la devolución de esos fondos. Desde la oposición señalaron que existiría una deuda superior a los $21 millones entre anticipos no rendidos e intereses.
El bloque del PRO reclamó conocer el destino de los recursos, las medidas adoptadas por el Ejecutivo y el estado actual del proyecto.
Además, cuestionaron los tiempos administrativos para intimar a la empresa contratista y reclamaron mayores explicaciones sobre los mecanismos de control utilizados durante el desarrollo de la obra.
Un intendente bajo presión por varios frentes
El conflicto con los municipales vuelve a colocar a Barrera en el centro de la escena política local. La disputa salarial se suma a otros reclamos que vienen marcando la agenda de Villa Gesell: cuestionamientos opositores, problemas financieros, críticas por aumentos de tasas y tensión con distintos sectores de la comunidad.
En ese contexto, el paro anunciado por el sindicato representa un nuevo desafío para la administración municipal. El Ejecutivo deberá definir si apuesta a una negociación para desactivar la protesta o si el conflicto avanza hacia una escalada con mayor impacto en los servicios públicos.
Mientras tanto, los trabajadores municipales sostienen que la discusión no pasa únicamente por una recomposición salarial, sino por una respuesta integral a una serie de reclamos que, aseguran, llevan meses sin solución.