El plan de Milei para privatizar los corredores viales suma nuevos focos de resistencia en el interior bonaerense

El Gobierno de Javier Milei avanza con la concesión de miles de kilómetros de rutas bajo la premisa de reducir la participación del Estado, incorporar mayor tecnología y atraer inversiones privadas. Sin embargo, mientras el Ejecutivo presenta el nuevo esquema como un camino hacia una gestión más eficiente, en varias localidades empiezan a aparecer las primeras consecuencias: pérdida de puestos de trabajo, incertidumbre sobre la continuidad de servicios esenciales y una creciente resistencia de comunidades que advierten que el nuevo modelo puede encarecer la movilidad cotidiana.

La provincia de Buenos Aires concentra algunos de los casos más representativos de este proceso. En el centro bonaerense, decenas de trabajadores vinculados a Corredores Viales ya fueron desvinculados como parte de la transición hacia las nuevas concesiones. Al mismo tiempo, en el partido de Azul, vecinos de Cacharí iniciaron una fuerte campaña contra la instalación de una nueva estación de peaje que, aseguran, volverá a aislar a la localidad de su ciudad cabecera.

La reestructuración comenzó formalmente con el Decreto 97/2025, mediante el cual el Gobierno autorizó la privatización total de Corredores Viales S.A. a través del sistema de concesión de obra pública por peaje. La decisión forma parte de una política más amplia orientada a reducir la intervención estatal en la administración de infraestructura y trasladar la operación al sector privado.

Los nuevos pliegos licitatorios contemplan un esquema con mayor utilización de sistemas automáticos de cobro, como TelePASE, dispositivos electrónicos para el monitoreo del tránsito y herramientas digitales destinadas a disminuir costos operativos. Ese rediseño también supone una reducción de la cantidad de trabajadores necesarios para prestar el servicio.

En mayo, el Ministerio de Economía adjudicó por veinte años el Corredor Atlántico a un consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. El tramo comprende sectores estratégicos de la Ruta Nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar, mientras continúan avanzando nuevas licitaciones sobre otros corredores nacionales.

Los primeros efectos sobre el empleo

Uno de los impactos más inmediatos se produjo en la estación de peaje de Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, donde alrededor de 70 trabajadores dejaron de prestar servicios con el cierre de la operación estatal.

La delegada del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) en Azul, Verónica Colman, explicó que el proceso alcanza aproximadamente a 120 familias de la región y que las desvinculaciones no afectan únicamente a quienes trabajan en las cabinas.

Según detalló, también resultan alcanzados operadores viales, personal de mantenimiento, trabajadores de balanzas de control de cargas, grúas, maestranza, supervisores y técnicos de soporte, áreas cuya continuidad dependerá ahora del esquema que implementen las futuras concesionarias.

La principal incertidumbre pasa por conocer cuántos empleados absorberán las empresas privadas. La automatización prevista en los nuevos contratos hace prever estructuras considerablemente más reducidas que las que sostenía Corredores Viales.

Cacharí, el caso que encendió la alarma

Mientras la transformación laboral avanza, otra discusión comenzó a crecer con fuerza en el partido de Azul. Vecinos de Cacharí protagonizaron este domingo una movilización para rechazar la instalación de una nueva cabina de peaje sobre la Ruta Nacional 3, prevista dentro del nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional.

La protesta se desarrolló sobre la Ruta 3, a la altura del acceso a la localidad, con una volanteada abierta a la comunidad, actividades culturales y la participación de organizaciones sociales, comerciantes, productores y representantes institucionales.

El reclamo surgió luego de que Vialidad Nacional incorporara en los pliegos licitatorios dos nuevas estaciones de peaje: una en el kilómetro 290, entre Azul y Cacharí, y otra en cercanías de Chillar, dentro del partido de Benito Juárez.

En el caso de Cacharí, la ubicación elegida despertó un rechazo prácticamente unánime porque la cabina quedaría entre la localidad y Azul, ciudad cabecera del partido. Eso implicaría que miles de vecinos deban pagar peaje cada vez que necesiten trasladarse por cuestiones laborales, educativas, sanitarias o administrativas.

La movilización estuvo encabezada por el delegado municipal de Cacharí, Raúl Alcides Fernández Ortiz, y reunió a representantes de espacios políticos que habitualmente mantienen posiciones enfrentadas.

Participaron integrantes de Estrellas Amarillas, Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3, comerciantes, emprendedores, artistas locales, el cura párroco Padre Oliver, la senadora bonaerense María Inés Laurini y concejales de distintas fuerzas, entre ellas Fuerza Patria, la UCR y el GEN.

Durante la jornada también se impulsó una nueva recolección de firmas para respaldar el petitorio que busca frenar la instalación del peaje y reclamar, además, la construcción de la autovía sobre un tramo de la Ruta Nacional 3 que los vecinos consideran prioritario por su estado y por la cantidad de siniestros registrados en los últimos años.

Fernández Ortiz sostuvo que "los vecinos y vecinas de Cacharí volvimos a demostrar que, cuando una comunidad se une para defender sus derechos, no hay causa pequeña ni lucha imposible". Además, cuestionó que "no podemos permitir que se siga cargando el peso del ajuste sobre los trabajadores" y aseguró que la localidad permanecerá "en estado de alerta y movilización permanente".

Un debate que trasciende el cobro de peajes

La discusión abierta en el centro bonaerense refleja una tensión que empieza a repetirse en distintas regiones del país.

Mientras el Gobierno defiende el nuevo sistema como una herramienta para modernizar la infraestructura vial, las comunidades alcanzadas por las concesiones comienzan a poner el foco en otras variables: el impacto sobre el empleo, el costo que tendrán los desplazamientos cotidianos y el acceso a servicios esenciales para localidades que dependen de una ciudad cabecera.

En ese contexto, el conflicto de Cacharí aparece como uno de los primeros casos donde la discusión sobre la privatización de las rutas deja de concentrarse exclusivamente en quién administra los corredores y empieza a girar alrededor de cómo ese cambio puede modificar la vida cotidiana de miles de bonaerenses.