El ajuste pega de lleno en Buenos Aires: 1 de cada 4 despidos privados fue en la Provincia
Un reciente informe del Observatorio Económico Bonaerense del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alertó sobre el impacto que tuvo el programa de ajuste del gobierno de Javier Milei en el distrito más poblado del país, gobernado por Axel Kicillof.
El relevamiento, que analiza indicadores laborales, productivos, sociales y fiscales hasta junio de 2026, muestra que el territorio bonaerense absorbió una parte decisiva del deterioro del empleo registrado desde el cambio de administración nacional. Según el estudio, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 85.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de la Provincia.
La cifra equivale al 25% del total de empleos registrados destruidos en la Argentina durante el mismo período. En otras palabras, uno de cada cuatro puestos formales que se perdieron desde la llegada de Milei al poder correspondió a la provincia de Buenos Aires.
El dato laboral aparece como uno de los ejes más sensibles del informe. La provincia de Buenos Aires concentra el 38% de la población nacional y tiene un peso determinante en la estructura productiva argentina, especialmente por su entramado industrial, comercial y de servicios. Sin embargo, de acuerdo con el relevamiento de CEPA, el distrito registra resultados por debajo del promedio nacional en buena parte de los indicadores analizados desde noviembre de 2023.
La pérdida de empleo formal se produjo en un contexto de caída de la actividad, retracción del consumo y tensión sobre los ingresos. Para el gobierno bonaerense, estos números refuerzan una lectura que Axel Kicillof y distintos funcionarios provinciales vienen planteando desde hace meses: que el ajuste nacional no impacta de manera homogénea, sino que golpea con más fuerza sobre los territorios donde se concentra la producción, el empleo asalariado y la demanda interna.
El informe de CEPA no se limita a medir el recorte de puestos registrados. También vincula el deterioro laboral con otros indicadores que afectan de lleno a los hogares bonaerenses: aumento del desempleo, pérdida de poder adquisitivo, suba del transporte, cierre de empresas y caída del consumo masivo.
El conurbano, en el punto más caliente
El principal conglomerado urbano del país aparece como una de las zonas más afectadas. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación en los partidos del Gran Buenos Aires llegó al 9,7%, casi dos puntos por encima del promedio nacional, que se ubicó en el 7,8%.
La situación resulta todavía más delicada entre los jóvenes. Según el relevamiento, la desocupación juvenil en el GBA ronda el 15%, un nivel que prácticamente duplica el indicador general de la región. Ese dato expone una tensión adicional para los municipios del conurbano, donde la pérdida de empleo formal convive con el crecimiento de changas, trabajos informales y ocupaciones de baja estabilidad.
El problema no se reduce a la cantidad de personas sin empleo. También pesa la calidad del trabajo disponible. En un escenario de menor actividad económica, el empleo registrado pierde lugar frente a estrategias de supervivencia laboral más precarias, con ingresos irregulares y menor cobertura de derechos.
El informe también marca una diferencia entre la evolución de los ingresos en el Gran Buenos Aires y el promedio nacional. Los trabajadores registrados del sector privado del GBA todavía no lograron recuperar el poder adquisitivo previo a diciembre de 2023.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios reales de ese segmento cayeron 1,43% en el GBA. A nivel nacional, en cambio, los ingresos registrados del sector privado ya se ubicaron 2,41% por encima de los valores previos al cambio de gobierno.
La brecha se agranda cuando se considera la nueva estructura de consumo relevada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Bajo esa medición, CEPA estimó que la pérdida de poder adquisitivo en el Gran Buenos Aires asciende al 11,41%, principalmente por el peso creciente de tarifas, servicios y transporte en el presupuesto familiar.
El dato resulta clave porque muestra que la discusión salarial no depende únicamente de la inflación general. En el conurbano, el bolsillo se vio presionado por rubros que aumentaron con especial intensidad y que ocupan una porción cada vez mayor de los ingresos mensuales.
Transporte, tarifas y bolsillo
La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 alcanzó el 320,2% en el Gran Buenos Aires, ocho puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Dentro de ese proceso, el transporte público aparece como uno de los rubros de mayor impacto cotidiano.
Según el informe, el transporte acumuló una suba del 416% desde el inicio de la gestión nacional. El gasto mensual promedio para viajar al trabajo pasó de $6.656 a $115.944. Para una persona que cobra el salario mínimo, ese costo representaba el 4,6% de sus ingresos al comienzo del período y ahora absorbe el 33% del haber mensual.
Por otro lado, el capítulo productivo también muestra señales de deterioro. La industria manufacturera bonaerense, que concentra cerca del 40% de los establecimientos fabriles del país, acumula retrocesos y opera con niveles de utilización de capacidad instalada que dejan inactivas a cuatro de cada diez máquinas.
Ese freno industrial golpea de manera directa sobre el empleo registrado. En la Provincia, buena parte del trabajo formal depende de sectores vinculados al mercado interno, la producción manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios asociados a la actividad económica local.
En paralelo, el Observatorio Económico Bonaerense contabilizó el cierre de 6.211 empresas en el territorio provincial desde diciembre de 2023. El universo incluye desde pequeños talleres hasta plantas industriales con décadas de trayectoria, lo que marca un deterioro que atraviesa distintas escalas del aparato productivo.
El cierre de unidades productivas no solo implica pérdida de puestos laborales. También reduce la base económica de los municipios, achica redes de proveedores, debilita el comercio local y limita la capacidad de recuperación futura cuando la actividad intenta recomponerse.