Precios, impuestos y habilitaciones: la disputa por los bazares chinos en territorio bonaerense
El avance de los bazares chinos en el Conurbano y el interior bonaerense abrió una discusión sobre política económica, consumo y comercio local. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, atribuyó su proliferación a la apertura de importaciones impulsada por Javier Milei. Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), respondió que se explica por la elección del público y reclamó reducir la presión tributaria.
La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) sumó otra voz. Su vicepresidente, Carlos Cappelletti, relacionó el fenómeno con la llegada de mercadería extranjera y con una transformación en los hábitos de compra.
Dos diagnósticos sobre el crecimiento
Durante una conferencia de prensa del Gobierno bonaerense, Costa afirmó que la multiplicación de esos locales era esperable cuando se realiza una “apertura indiscriminada de importaciones”. Según su análisis, la gestión nacional está “premiando” la actividad importadora y la venta de productos extranjeros, lo que puede desplazar a fabricantes, emprendimientos y negocios que trabajan con mercadería producida en el país.
El funcionario también mencionó las plataformas digitales que permiten comprar directamente en el exterior. Para Costa, ese circuito y la expansión de los multirrubros modificaron las condiciones de competencia para un sector golpeado por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.
El ministro reconoció que la Provincia no puede intervenir sobre la política comercial ni sobre el ingreso de productos, materias que corresponden a la Nación. Señaló que la gestión de Axel Kicillof dispone de programas de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial para acompañar a los negocios locales, pero sostuvo: “Quien tiene que hacerse cargo de no destruir el comercio de la provincia de Buenos Aires es el Gobierno nacional”.
La palabra del ministro Costa.
En una entrevista reciente, Durán rechazó que se responsabilice a los bazares por los problemas de otros sectores. “Costa, que se dedique y analice con Kicillof, y todos los diputados de la Provincia, a bajar los impuestos”, contestó. Según planteó, la presencia de productos extranjeros no alcanza para explicar el fenómeno: si esos artículos permanecen en las góndolas, argumentó, es porque existe una demanda.
Más de 200 locales y nuevas aperturas
Durán estimó que funcionan más de 500 establecimientos de este tipo en el país y más de 200 en la provincia de Buenos Aires. La cifra no surge de un padrón oficial, sino de un cálculo aportado por la dirigente. La mayor concentración estaría en el Conurbano, aunque la expansión ya alcanzaría a ciudades del interior. “En Luján estamos abriendo otro”, anticipó.
La titular de Cedeapsa atribuyó ese despliegue a una oferta que reúne marroquinería, medias, pañuelos, maquillaje, juguetes, valijas, artículos de ornamentación y otros productos en un mismo espacio. También sostuvo que, ante la reducción del ingreso disponible, muchos consumidores priorizan valores accesibles. Como ejemplo, aseguró que un lápiz labial ofrecido en otros negocios entre 8.000 y 10.000 pesos puede conseguirse allí a 2.500.
Por su parte, Cappelletti describió una tendencia semejante en Junín y otras ciudades bonaerenses. “Más que lentamente, están creciendo rápidamente”, afirmó en diálogo con la prensa. El vicepresidente de FEBA comparó el escenario con el auge de los “todo por dos pesos” durante la década de 1990 y señaló que el volumen de mercadería les permite obtener diferencias que desafían a los comercios especializados.
“Hoy entra cualquier cosa: tecnología, herramientas, alimentos, frutas y una enorme cantidad de productos importados. Eso modifica completamente el negocio de los comercios especializados”, advirtió Cappelletti. También destacó el avance de las ventas electrónicas en los rubros de hogar, decoración y bazar.
Municipios, empleo y carga tributaria
La apertura de cada establecimiento depende de los controles municipales. Durán aseguró que la relación con los intendentes varía según el distrito, pero afirmó que no deberían existir impedimentos cuando los responsables presentan la documentación requerida. Explicó que los trámites cambian de acuerdo con las dimensiones: un local de 1.000 metros cuadrados demanda más gestiones que uno de 200, 300 o 400.
La dirigente agregó que el circuito genera empleo directo e indirecto y mencionó a despachantes de aduana, transportistas, repositores y cajeros. Su defensa incluyó un cuestionamiento a Ingresos Brutos, las percepciones y las cargas sociales.
Según sus estimaciones, el primero puede representar entre el 3% y el 4,9% de la facturación bruta en determinados casos. También afirmó que el Estado puede absorber hasta el 60% de los ingresos; ambas cifras corresponden a sus declaraciones y no a datos oficiales incorporados al material consultado.
Para Durán, la diferencia entre los productos importados y los nacionales obliga a revisar la estructura de costos argentina. “No podés decirle a la gente ‘no vayas a comprar’. Si la gente te elige, ¿qué querés hacer con la gente?”, planteó.