Milei licúa la tarifa social y el gobierno de Kicillof denuncia otro golpe al bolsillo: el esquema que tensiona a la provincia
El Gobierno nacional volvió a abrir un frente de conflicto con la provincia de Buenos Aires tras modificar el esquema de financiamiento de la tarifa social del transporte público. A partir de julio, el descuento del 55% que reciben millones de beneficiarios dejará de actualizarse automáticamente junto con el valor del boleto y pasará a calcularse sobre una tarifa de referencia fijada por la Secretaría de Transporte de la Nación.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 40/2026, firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich, organismo que depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El cambio implica que, aunque el porcentaje del beneficio seguirá siendo del 55%, el monto efectivo comenzará a perder valor cada vez que aumenten las tarifas de colectivos y trenes.
Desde el gobierno bonaerense cuestionaron con dureza la medida. El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, aseguró que se trata de "una decisión en contra de la ciudadanía y en particular de la provincia de Buenos Aires".
Qué cambia con la tarifa social
Hasta ahora, el descuento se calculaba sobre el valor vigente del boleto, que en numerosas jurisdicciones se actualiza todos los meses mediante una fórmula que combina un incremento fijo del 2% más la inflación informada por el INDEC.
Con el nuevo esquema, la Nación tomará como referencia los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio de 2026. En consecuencia, cada aumento posterior reducirá progresivamente el valor real del beneficio para los usuarios alcanzados por la tarifa social.
La medida impacta sobre millones de personas que utilizan la tarjeta SUBE y pertenecen a grupos contemplados por el programa, entre ellos jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo, estudiantes del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de la Guerra de Malvinas.
En la provincia de Buenos Aires el cambio adquiere una dimensión especial porque las líneas de colectivos bajo jurisdicción provincial continúan actualizando sus tarifas mensualmente. Mientras el boleto seguirá aumentando, el aporte nacional quedará congelado sobre un valor anterior, reduciendo el alcance del subsidio.
La Provincia endureció las críticas
Durante una conferencia de prensa, Marinucci sostuvo que la decisión del Gobierno nacional perjudica directamente a quienes más necesitan la asistencia estatal para viajar.
El funcionario remarcó que el congelamiento del atributo social federal terminará trasladando mayores costos a los usuarios que hoy cuentan con el beneficio y cuestionó el criterio adoptado por la administración de Javier Milei.
Las críticas se suman al reclamo que desde hace meses mantiene la gestión de Axel Kicillof por la distribución de los recursos destinados al transporte público y por la eliminación de distintos mecanismos de asistencia nacional.
El cambio también generó preocupación entre empresas del transporte y gobiernos locales. Distintas fuentes del sector sostienen que, a medida que aumenten las tarifas, el peso efectivo del beneficio podría reducirse significativamente. Algunas estimaciones privadas incluso proyectan que el descuento real podría pasar del equivalente al 55% actual a valores cercanos al 43% en futuras actualizaciones.
Ese escenario abre dos alternativas que preocupan al sector: trasladar la diferencia al resto de los pasajeros mediante nuevos incrementos tarifarios o absorber un costo que podría profundizar la crisis económica de muchas empresas prestadoras.
Desde distintos municipios también cuestionaron la decisión nacional. El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, afirmó que "no es un cambio técnico, es una decisión política" y advirtió que, si la Nación reduce su aporte, la diferencia terminará recayendo sobre los vecinos o sobre las administraciones locales.
En la misma línea, funcionarios de otras provincias ya anticiparon que no cuentan con recursos para compensar el retiro parcial del financiamiento nacional.
La Provincia también ratificó la VTV y busca aprobar la Ley de Scoring
En paralelo a la polémica por la tarifa social, Marinucci confirmó que la provincia de Buenos Aires mantendrá sin cambios el régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), diferenciándose de la postura impulsada por el Gobierno nacional.
"En la Provincia es ley y entendemos que no se puede ser juez y parte", señaló el ministro al ratificar que no adherirán al esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar las verificaciones obligatorias.
Además, explicó que el objetivo provincial es ampliar gradualmente la cantidad de plantas verificadoras para facilitar el acceso al servicio en distintas localidades bonaerenses.
Por otra parte, confirmó que mantiene conversaciones con autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense para avanzar con la sanción definitiva de la Ley de Scoring, iniciativa que busca establecer un sistema de puntos para las licencias de conducir y fortalecer las políticas de seguridad vial junto con los controles de alcoholemia y fiscalización permanente en rutas y autovías.