La batalla por la tierra llega al Senado: el oficialismo intenta eliminar los límites para compradores extranjeros
El Senado de la Nación se prepara para una de las sesiones más sensibles del año. En la última reunión antes del receso invernal, el oficialismo buscará darle media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone una profunda modificación del régimen de propiedad privada en Argentina.
Aunque el texto incluye cambios en materia de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, el capítulo que concentra la mayor controversia es el que elimina los límites vigentes para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales, una reforma que reavivó el debate político sobre la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.
La sesión comenzará este jueves al mediodía y será presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, hasta último momento persistían dudas sobre la posibilidad de reunir el quórum necesario para iniciar el debate.
La discusión excede la tradicional disputa entre oficialismo y oposición. Según trascendió en los últimos días, el proyecto también generó diferencias dentro del propio Gobierno.
Fuentes parlamentarias señalaron que Villarruel expresó reparos sobre el capítulo referido a la venta de tierras y mantuvo un fuerte intercambio con la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones para intentar garantizar la aprobación del proyecto.
Pese a esas diferencias, desde La Libertad Avanza aseguran que cuentan con el respaldo de sus aliados y de parte de los bloques provinciales para avanzar con la iniciativa.
Qué cambia con la compra de tierras por extranjeros
El punto más discutido modifica la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de la superficie rural de cada provincia y municipio. El nuevo proyecto elimina esos topes para personas físicas y empresas privadas extranjeras.
Las únicas restricciones que permanecerían vigentes alcanzarían a Estados extranjeros y compañías con participación estatal, que deberán contar con autorización provincial y nacional para concretar las operaciones.
La propuesta también flexibiliza las adquisiciones en zonas de frontera mediante un sistema de autorización que contempla el denominado "silencio administrativo positivo", es decir, si el Estado no responde dentro del plazo previsto, el trámite quedará aprobado automáticamente.
Para el Gobierno, la reforma busca eliminar trabas a las inversiones y equiparar el régimen argentino con estándares internacionales.
Desde la oposición, en cambio, sostienen que la iniciativa facilita la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros y debilita las herramientas de protección sobre áreas consideradas estratégicas.
De acuerdo con los últimos datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, el porcentaje de tierras en manos extranjeras a nivel nacional se mantiene por debajo del límite fijado por la legislación vigente.
Sin embargo, existen departamentos donde la participación supera ampliamente ese porcentaje. Entre ellos aparecen San Carlos y Molinos, en Salta; General Lamadrid, en La Rioja; Lácar, en Neuquén; y Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde la presencia de propietarios extranjeros representa una parte significativa del territorio rural. Ese escenario es uno de los principales argumentos utilizados por quienes rechazan la reforma.
Expropiaciones, desalojos y manejo del fuego
El proyecto no se limita únicamente a la venta de tierras. Uno de los capítulos modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y ampliar las indemnizaciones que deberá afrontar el Estado, incluyendo el lucro cesante debidamente acreditado.
Según sus impulsores, la medida brinda mayor seguridad jurídica para los propietarios. Otro de los cambios habilita procedimientos de desalojo más rápidos, permitiendo que un juez ordene la restitución provisoria de un inmueble antes de la sentencia definitiva cuando considere verosímil el derecho invocado por el demandante.
Además, la iniciativa elimina las restricciones que actualmente impiden modificar durante décadas el destino de tierras afectadas por incendios, un aspecto que también despertó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas.
Desde Unión por la Patria concentraron sus esfuerzos en intentar frenar la eliminación de los límites para la compra de tierras.
El senador Eduardo "Wado" de Pedro calificó la iniciativa como un proyecto de "extranjerización del territorio" y cuestionó la decisión del oficialismo de avanzar con el debate en medio del clima generado por la participación de la Selección argentina en la final del Mundial.
En paralelo, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen alternativo para mantener las restricciones vigentes e incorporar nuevas categorías de protección para zonas de frontera y áreas ambientalmente sensibles.
Una sesión con otros temas de peso
Además del proyecto sobre propiedad privada, el Senado deberá tratar un amplio paquete de pliegos judiciales y diplomáticos enviados por el Poder Ejecutivo.
Entre ellos sobresale la prórroga por cinco años del camarista laboral Víctor Pesino, quien cumple 75 años el próximo 27 de julio y necesita un nuevo acuerdo del Senado para continuar en funciones.
Pesino fue uno de los jueces que revocó la cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, por lo que su continuidad también quedó envuelta en la disputa política.