Del freno nacional al rescate bonaerense: la pulseada por la obra pública y las viviendas que quedaron abandonadas
La paralización de la obra pública se convirtió en uno de los principales frentes de confrontación entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada mantiene congelados proyectos de infraestructura en todo el país, la Provincia asegura que debe destinar recursos propios para evitar que viviendas, obras de saneamiento y centros para la primera infancia queden definitivamente abandonados.
En ese escenario, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, elevó el tono de sus cuestionamientos y vinculó el freno de las obras con un deterioro que, según afirmó, excede la discusión presupuestaria.
La funcionaria habló con Infocielo de un "ahogo" financiero, sostuvo que la planificación estatal quedó "completamente desdibujada" y cuestionó la ausencia del Estado nacional para sostener políticas habitacionales. Aseguró, además, que el vínculo con la Nación se fue deteriorando hasta que "prácticamente no existe" y afirmó que la Provincia debió reorganizar toda su estrategia para continuar proyectos que habían quedado a mitad de camino.
La ministra recordó que el Censo 2022 expuso un déficit habitacional cercano a las 270.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que la decisión del Gobierno nacional de retirarse del financiamiento de la obra pública agravó un problema estructural.
Según explicó, la administración bonaerense debió redefinir prioridades y concentrarse en terminar aquellas construcciones que presentaban un alto grado de avance para evitar que la inversión ya realizada se perdiera.
En ese contexto, cuestionó que la gestión nacional haya dejado 16.000 viviendas sin terminar en territorio bonaerense y remarcó que esa situación obligó a la Provincia a intervenir para evitar un deterioro aún mayor.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Hábitat impulsó el Programa Completar, una herramienta destinada a absorber obras paralizadas por la Nación y concluir aquellas que ya registraban avances del 70%, 80% o incluso 90%.
Batakis explicó que el objetivo fue asistir a los municipios para que pudieran desvincularse administrativamente de los convenios nacionales y continuar los trabajos con financiamiento provincial.
La funcionaria también aclaró que las restricciones presupuestarias modificaron el ritmo de ejecución. Recordó que durante el año pasado la Provincia alcanzó un récord cercano a las 4.000 viviendas entregadas con recursos propios, mientras que para este año la proyección ronda las 1.000 unidades, producto del menor margen financiero generado por la caída de la actividad económica.
Al mismo tiempo, señaló que comenzaron a evaluarse sistemas constructivos más rápidos que permiten reducir considerablemente los tiempos de obra, aunque reconoció que presentan un desafío financiero porque exigen desembolsos mucho más concentrados que una construcción tradicional.
La obra pública como eje del enfrentamiento político
El planteo de Batakis se suma a una estrategia que el gobierno de Axel Kicillof viene profundizando desde que la Nación interrumpió el financiamiento de cientos de proyectos.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, uno de los casos más recientes es la reactivación de la nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Carmen de Patagones, una obra que había quedado paralizada en diciembre de 2023 cuando presentaba un avance físico del 33,16%.
La intervención será financiada íntegramente por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes, reducir el impacto ambiental sobre el río Negro y modernizar el sistema de saneamiento de la ciudad.
Durante la presentación, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, resumió el mensaje político de la administración provincial: "Es saneamiento, es cuidado del río y del ambiente, para que esta ciudad pueda crecer con los servicios que su gente necesita. Lo que Nación frenó, la Provincia lo reactivó".
La política de recuperación también alcanza a desarrollos habitacionales y obras sociales distribuidas en distintos municipios bonaerenses. Uno de los casos más representativos se dio en Bahía Blanca, donde Kicillof entregó 44 viviendas, otorgó 526 escrituras y firmó un convenio junto al intendente Federico Susbielles para finalizar otras 36 casas del barrio Luz y Fuerza que habían quedado inconclusas tras el retiro de los fondos nacionales.
El administrador general del Instituto de la Vivienda bonaerense, Diego Menéndez, sostuvo que el Programa Completar busca finalizar las obras abandonadas durante los últimos años por el Gobierno nacional y reiteró que son 16.000 las viviendas que quedaron sin terminar en la provincia.
La disputa también alcanzó a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Según denunció Kicillof, la administración nacional paralizó 86 obras destinadas a la primera infancia en distintos municipios. Frente a ese escenario, la Provincia decidió asumir parte del financiamiento para concluir varios de esos proyectos mediante acuerdos con los gobiernos locales.
En paralelo, el gobierno bonaerense avanzó sobre otro frente. A través del Decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial, modificó la reglamentación de la Ley de Obra Pública bonaerense con el objetivo de agilizar los procesos de contratación, introducir cambios en la ejecución de los contratos y dar mayor previsibilidad a las obras que requieren financiamiento durante más de un ejercicio presupuestario.
La norma redefine el rol del Consejo de Obras Públicas, que pasará a emitir dictámenes exclusivamente técnicos antes de las licitaciones, incorpora nuevos criterios para las adjudicaciones y flexibiliza los mecanismos para autorizar ampliaciones, trabajos adicionales y prórrogas en obras ya iniciadas. Además, establece que el Ministerio de Economía deberá prever en cada presupuesto los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los proyectos plurianuales.