Milei oficializó una nueva tanda de nombramientos judiciales con cargos clave en tribunales federales
El Gobierno nacional oficializó una nueva tanda de designaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público, con nombramientos en tribunales federales y nacionales de distintas jurisdicciones del país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El paquete incluye jueces, conjueces, vocales de cámaras, fiscales federales y defensoras públicas. Entre los nombres más relevantes aparece Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
Ese tribunal tiene bajo su órbita expedientes de alto impacto político y judicial, entre ellos la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y su expareja Jesica Cirio.
Un juzgado federal con causas sensibles
Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y defendió su postulación durante las audiencias públicas realizadas en el Senado. Ahora quedará al frente de un juzgado considerado estratégico por su competencia territorial y por los expedientes que tramitan allí.
Además de la investigación vinculada a Insaurralde y Cirio, el juzgado interviene en causas relacionadas con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el complejo penitenciario federal de esa localidad y una pesquisa sobre presuntas irregularidades vinculadas con la AFA y la financiera Sur Finanzas.
En ese expediente está imputado el empresario Ariel Vallejo, mencionado en la investigación por sus presuntos vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.
Designaciones en Capital Federal, Provincia y el interior
Dentro de los nuevos jueces designados, seis corresponden a la Capital Federal. Se trata de Juan Carlos Riccardini, Pedro Manuel Crespo, Paula Vanesa Romeo, Mariano Adolfo Klumpp, María Gabriela Janeiro y José Ignacio Polizza, quienes ocuparán cargos en tribunales orales, juzgados comerciales y de la seguridad social.
En la provincia de Buenos Aires fueron nombrados Bernardo María Rodríguez Palma, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, y Juan Tomás Rodríguez Ponte, en el juzgado federal de Lomas de Zamora.
También hubo designaciones en el interior del país. Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron nombrados jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán; Ruth María Ponce de León fue designada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; y Leopoldo Jorge Rago Gallo quedó al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan por un período de cinco años desde el 26 de agosto de 2026.
Conjueces, vocales y Ministerio Público
El Ejecutivo también nombró seis conjueces para los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba: Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y Andrea Cristina Di Gregorio.
En paralelo, fueron designados nueve vocales para distintas cámaras nacionales y federales. En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron nombrados Diego Fernando Manauta, María Claudia Jueguen, Diego Javier Tula, Javier Jorge Cosentino, Claudio Fabián Loguarro y Marina Edith Pisacco. También se sumaron Santiago José Martín en Mar del Plata, Santiago French en Salta y María Virginia Ise en Resistencia, Chaco.
En el Ministerio Público, las designaciones alcanzaron a dos defensoras públicas y cuatro fiscales federales. Amanda Espino fue nombrada Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, mientras que María Laura Irastoza fue designada Defensora Pública de Víctima con asiento en Río Negro.
Como fiscales federales fueron nombrados Patricio Nicolás Sabadini en Resistencia, Fernando Gabriel Alcaraz en Mendoza, Hugo Daniel Froy en Paso de los Libres y Juan Marcelo Burella Acevedo en Corrientes.
La oficialización de los cargos se da en medio de un proceso de recambio judicial impulsado por el Gobierno, con foco en la cobertura de vacantes en tribunales nacionales y federales.