La Provincia prolonga el freno al MESA y reaviva la disputa por la asistencia alimentaria y los fondos de Nación
La extensión de la suspensión del Programa MESA hasta el 31 de enero de 2027 abrió una nueva disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y la oposición por el destino del gasto social bonaerense. El PRO cuestionó la secuencia administrativa y acusó al Ejecutivo de convertir la asistencia alimentaria en una variable de ajuste. La Libertad Avanza se sumó al reclamo, aunque su intervención quedó atravesada por el recorte fiscal y la reducción de transferencias que lleva adelante la administración de Javier Milei.
La Provincia sostiene otra lectura: afirma que la emergencia económica y la menor llegada de recursos nacionales obligaron a concentrar el presupuesto en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una prestación diaria que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes. La controversia, así, no se limita al freno de un programa: expone una discusión por las prioridades, el financiamiento y el alcance de la política alimentaria.
Del plazo inicial a enero de 2027
El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense fue formalizado en 2022 a partir de la experiencia de entrega de alimentos durante la suspensión de la presencialidad por la pandemia. Funcionaba como complemento del SAE y distribuía módulos mensuales entre estudiantes en situación de vulnerabilidad de escuelas estatales provinciales y municipales, con ejecución a cargo de municipios y consejos escolares.
En abril, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, dispuso su suspensión durante 90 días a partir del 1° de mayo. La decisión fue fundamentada en la emergencia económica, la recesión, el aumento del costo de los alimentos y la caída de transferencias automáticas y no automáticas provenientes de Nación.
Durante esa interrupción quedaron obligaciones pendientes con proveedores por las entregas de marzo y abril. La Resolución 1573/2026 habilitó a los municipios y consejos escolares a utilizar excedentes del rubro Alimentos del SAE para cancelar esas facturas. No creó una partida nueva: cada ejecutor debía informar los saldos disponibles y esperar la autorización de la Dirección del Sistema Alimentario Escolar antes de transferir el dinero a las cuentas del MESA.
Cuando ese procedimiento todavía ocupaba el debate, la Resolución 1640/2026 prolongó la suspensión desde el 30 de julio hasta fines de enero del próximo año.
Petrecca cuestiona las prioridades
Pablo Petrecca, senador provincial y presidente del bloque PRO, sostuvo que el recorrido revela, a su entender, improvisación y falta de planificación. El legislador objetó que el Ejecutivo frenara el programa, reconociera deudas, recurriera a remanentes de otra política alimentaria para pagarlas y luego extendiera la interrupción.
También advirtió que los proveedores continuaban reclamando pagos atrasados y que los gobiernos locales debían absorber con recursos propios una demanda alimentaria creciente. En su planteo, la discusión dejó de ser exclusivamente presupuestaria porque la Provincia habría elegido ajustar primero un complemento destinado a estudiantes vulnerables, mientras conservaría margen para ampliar cargos y estructuras administrativas.
Petrecca reclamó que Kicillof explicara con precisión la duración de la medida y el criterio utilizado para distribuir los recursos. Según el jefe de la bancada amarilla, los actos administrativos contradicen el discurso oficial de protección a los sectores con mayores necesidades.
La defensa del SAE y la paradoja libertaria
La administración bonaerense diferencia ambos dispositivos. Define al MESA como extraordinario y complementario, financiado íntegramente con recursos provinciales, y al SAE como una política regular, permanente y estructural. Bajo ese argumento, asegura que la suspensión de los módulos no implica interrumpir la asistencia alimentaria escolar, sino sostener la prestación cotidiana de mayor cobertura.
El Gobierno anunció para agosto un aumento del 15% en el SAE, que lleva la actualización acumulada de 2026 al 49,58% y eleva la inversión mensual por encima de $70.000 millones. También afirmó que la Nación mantiene una deuda superior a $220.800 millones por este concepto y que su menor participación obligó a la Provincia a incrementar el aporte propio.
La Libertad Avanza buscó explotar políticamente la decisión. Sebastián Pareja, titular bonaerense del espacio y diputado nacional, acusó a Kicillof de quitar asistencia en lugar de reducir privilegios; Carlos Curestis, jefe del bloque libertario en el Senado, reclamó alternativas para las familias, y el diputado provincial Juanes Osaba sostuvo que la suspensión demostraba, a su criterio, “la mentira del modelo” oficial. El partido anticipó un nuevo pedido de informes conjunto en ambas cámaras.
El cuestionamiento libertario convive, sin embargo, con el ajuste fiscal nacional, la reducción del gasto público y el recorte de transferencias discrecionales a las provincias. Es justamente esa merma la que la gestión bonaerense invoca para defender su decisión. Petrecca cerró su planteo con una definición: “Una provincia no se mide por los discursos que pronuncia, sino por las decisiones que firma”.