Privatización de rutas: despidos, menos empleo y pueblos bonaerenses en alerta
El proceso de privatización de los corredores viales impulsado por el Gobierno de Javier Milei comenzó a dejar sus primeras marcas en el interior bonaerense. La salida de Corredores Viales y el desembarco de operadores privados modificaron el esquema de funcionamiento de las rutas nacionales y, detrás de la promesa oficial de reducir costos y mejorar la eficiencia, ya aparecen despidos, automatización de tareas y conflictos por el impacto que las nuevas concesiones pueden tener sobre las comunidades.
Uno de los casos más visibles se registra en Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226. Allí, el cambio de concesión estuvo acompañado por la desvinculación de trabajadores del peaje y de distintos servicios viales. La delegada del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) en Azul, Verónica Colman, advirtió que unas 120 familias de la región quedaron alcanzadas por la reestructuración.
El impacto no se limita a quienes trabajaban en las cabinas. El esquema anterior también involucraba asistencia vial, grúas, balanzas de control de cargas, mantenimiento, supervisión, soporte técnico y otras tareas vinculadas con la operación de los corredores. Con la nueva modalidad, varias de esas funciones quedaron bajo revisión y la automatización pasó a ocupar un lugar central.
El otro frente se abrió en Cacharí, partido de Azul, donde los vecinos rechazan la instalación de una estación de peaje en el kilómetro 290 de la Ruta Nacional 3. La ubicación de la cabina, entre la localidad y la ciudad cabecera, generó preocupación porque obligaría a quienes viven en Cacharí a pagar para trasladarse hacia Azul por cuestiones de salud, educación, trabajo o trámites.
La discusión terminó cruzando a distintos sectores políticos y sociales y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que excede el valor de una tarifa: qué costo tendrá para los pueblos del interior una transformación vial diseñada desde el Gobierno nacional con criterios de eficiencia económica y operación privada.
El nuevo esquema de concesiones
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la privatización de Corredores Viales S.A. fue autorizada por el Decreto 97/2025, que habilitó la transferencia de la operación de los corredores mediante concesiones de obra pública por peaje. La norma también estableció el camino hacia la disolución y liquidación de la empresa estatal una vez que fueran adjudicados los nuevos contratos.
El Gobierno nacional presentó el proceso como una forma de reducir el gasto público y trasladar al sector privado la operación y el mantenimiento de las rutas. La primera etapa contempló más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales, de los cuales unos 5.800 estaban bajo la órbita de Corredores Viales.
En mayo de 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó los tramos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Entre ellos quedó el denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que abarca rutas de la provincia de Buenos Aires y fue otorgado al consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. El contrato tiene una duración de 20 años.
El nuevo modelo contempla que las empresas privadas se hagan cargo de la operación y el mantenimiento de las trazas bajo un esquema de concesión por peaje. La apuesta oficial incluye además una mayor utilización de tecnología para automatizar procesos que hasta ahora requerían personal.
Ese punto es el que genera mayor preocupación entre los trabajadores del sector. La incorporación de sistemas automáticos de cobro permite reducir la cantidad de empleados necesarios en las estaciones, pero también modifica servicios que durante años estuvieron asociados a la presencia física de personal en las rutas.
Cacharí quedó en el centro del conflicto
La discusión tomó otra dimensión en Cacharí, donde el problema no pasa solamente por los puestos de trabajo sino por el costo que tendrá circular entre la localidad y Azul. Vialidad Nacional incorporó al esquema de concesiones una estación de peaje en el kilómetro 290 de la Ruta Nacional 3, ubicada entre Azul y Cacharí. Desde que se conoció la decisión, vecinos, organizaciones y autoridades locales cuestionaron que la cabina quede sobre el trayecto que conecta a la localidad con su ciudad cabecera.
El delegado municipal de Cacharí, Raúl Alcides Fernández Ortiz, planteó que el emplazamiento puede afectar el acceso cotidiano a trabajo, salud y educación. El funcionario sostuvo que el kilómetro 290 "nos quiebra como distrito" y reclamó que la estación sea trasladada al kilómetro 230.
El reclamo tuvo además una expresión concreta en las calles. Vecinos autoconvocados, comerciantes, productores, organizaciones vinculadas con la seguridad vial y representantes de distintos espacios políticos participaron de movilizaciones y volanteadas para rechazar la ubicación del peaje.
La protesta también estuvo atravesada por un reclamo de larga data: la construcción de una autovía en la Ruta Nacional 3. Los vecinos cuestionan que se incorpore un nuevo costo para quienes utilizan la traza sin que el esquema de concesión contemple la obra de infraestructura que consideran prioritaria para la región.
El Concejo Deliberante de Azul también intervino en la discusión y aprobó una resolución para expresar preocupación por las nuevas estaciones de peaje previstas en la Ruta Nacional 3.
El reclamo por el pase libre
En ese escenario apareció uno de los últimos capítulos de la disputa. Concejales de La Libertad Avanza de Azul anunciaron gestiones para que los vecinos de Cacharí accedan a una tarifa reducida en el peaje del kilómetro 290.
La respuesta de la concejal de Fuerza Patria Gisela Arbiza fue inmediata. La edil, oriunda de Cacharí, rechazó que una reducción de la tarifa pueda ser presentada como una solución y volvió a reclamar el pase libre para los habitantes del partido o el traslado de la estación.
"¿De verdad esperan que les demos las gracias?", cuestionó Arbiza al referirse al anuncio libertario, al considerar que los vecinos no deberían pagar por trasladarse dentro del mismo distrito.
El planteo de la concejal apunta especialmente a quienes deben viajar de manera frecuente entre Cacharí y Azul. La localidad depende de la ciudad cabecera para distintos servicios y actividades, por lo que el peaje podría convertirse en un costo recurrente para trabajadores, estudiantes, pacientes, comerciantes y familias.
Arbiza también puso el foco en los Bomberos Voluntarios de Cacharí y en los servicios de emergencia que intervienen ante los accidentes registrados en la Ruta 3. Su argumento es que la comunidad que sostiene esos servicios no debería afrontar, además, un costo para circular por la misma ruta en la que presta asistencia.
La discusión dejó expuesta una diferencia política sobre cómo abordar el problema. Mientras desde La Libertad Avanza se plantea una reducción de la tarifa como alternativa, desde Fuerza Patria y las organizaciones vecinales se sostiene que la solución debe ser el pase libre o el corrimiento de la estación.