Milei avanza con la privatización de rutas en Buenos Aires en medio de denuncias por abandono y falta de obras

El Gobierno nacional de Javier Milei formalizó el llamado a licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. La medida, oficializada mediante la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial, incluye corredores estratégicos en cinco provincias, entre ellas Buenos Aires, donde el estado de la red vial acumula reclamos por deterioro, obras paralizadas y falta de mantenimiento.

En territorio bonaerense, el proceso alcanza a trazas clave como las rutas nacionales 3, 5 y 205, fundamentales para la conectividad productiva y el tránsito cotidiano. El esquema prevé que empresas nacionales e internacionales asuman la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de los corredores bajo el sistema de concesión de obra pública por peaje, con la posibilidad de sumar actividades complementarias que generen ingresos adicionales.

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Desde el Ministerio de Economía señalaron que las firmas interesadas tendrán tiempo hasta el 7 de mayo para presentar sus ofertas, que serán evaluadas por una comisión técnica. El ministro Luis Caputo defendió la iniciativa al afirmar que busca “reemplazar un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia”.

Rutas deterioradas y obras paralizadas

El avance de las concesiones se produce en un contexto crítico para la infraestructura vial. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) advierte que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, con impacto directo en la seguridad y la logística productiva.

Según el relevamiento, la falta de mantenimiento preventivo y la paralización de obras derivaron en fallas estructurales en calzadas, banquinas, señalización e iluminación. El deterioro ya se refleja en la siniestralidad: las muertes en rutas crecieron 14% interanual y alcanzaron las 4.369 víctimas fatales.

La jefa de asesores del Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez cargó contra Milei por el estado de las rutas.

En la provincia de Buenos Aires, la situación es especialmente sensible. Estudios del Instituto Argentina Grande indican que la mitad de las rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense está en mal estado, en un escenario vinculado a la política de “obra pública cero” y a una fuerte caída de la inversión nacional en infraestructura. El gasto de capital de la Nación se redujo un 80% real en 2025 respecto de 2023, mientras que la inversión de Vialidad Nacional en la provincia cayó 82%.

Casos como la Ruta 5 —definida por usuarios como un “peaje hacia la muerte”— o la Ruta 3, con alta incidencia de choques frontales en algunos tramos, se convirtieron en ejemplos del deterioro que denuncian vecinos, transportistas y autoridades locales.

Cuestionamientos al modelo de concesiones

El sistema impulsado por el Gobierno también genera críticas desde el sector técnico y gremial. El secretario gremial de Fepevina, Fabián Catanzaro, advirtió que las nuevas concesiones podrían terminar siendo un “negocio financiero” para las empresas adjudicatarias.

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Según el dirigente, varios proyectos licitados como inversión privada cuentan con financiamiento subsidiado del Estado a través del Banco BICE, con tasas preferenciales y períodos de gracia que reducen el riesgo empresario. Además, cuestionó el nivel de intervención previsto en los contratos. “No harán más que salir a bachear o a hacer dos repavimentaciones en 20 años”, señaló, y advirtió que ese esquema “no colaboraría a mejorar las condiciones de la infraestructura”.

El deterioro de la red vial también se vincula con la subejecución de recursos. De acuerdo con informes técnicos, durante 2024 y 2025 se ejecutó cerca de un 40% menos del presupuesto destinado al mantenimiento, mientras que solo una parte de los fondos del Impuesto a los Combustibles llegó efectivamente a Vialidad.

En paralelo, el avance de la privatización de Corredores Viales S.A. y el intento de reestructuración del organismo profundizaron el debate sobre el rol del Estado en el mantenimiento de la infraestructura. Catanzaro sostuvo que el organismo atraviesa un proceso de “parálisis y vaciamiento” y alertó que la falta de mantenimiento genera un costo futuro mayor: “Cuando no se mantiene esa inversión, luego rehabilitar lo mismo te sale entre tres y cinco veces más caro”.