Milei acelera la reforma del Banco Central y el oficialismo ya proyecta la votación en Diputados

El oficialismo buscará dar esta semana un paso decisivo para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Luego del inicio del debate en Diputados y de las negociaciones con bloques dialoguistas, La Libertad Avanza confía en conseguir el miércoles un dictamen de mayoría y apunta, de manera tentativa, a llevar el proyecto al recinto el 19 de agosto.

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La discusión continuará en una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch. El encuentro está previsto para el miércoles por la tarde, todavía sin horario confirmado, y el objetivo del oficialismo será pasar a la firma del despacho.

Las expectativas del Gobierno se apoyan en los acuerdos trabajados durante la semana pasada con sectores aliados. En una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados participaron autoridades del Banco Central, entre ellas su presidente, Santiago Bausili, junto con referentes de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza.

Durante ese encuentro, los funcionarios explicaron los principales puntos de la iniciativa, que busca impedir la emisión monetaria sin respaldo destinada al financiamiento del Tesoro y de las provincias. Los sectores dialoguistas mostraron predisposición a acompañar el proyecto, aunque algunos plantearon que el oficialismo contemple iniciativas propias dentro del temario de la próxima sesión.

Posteriormente, Bausili y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, expusieron ante el plenario de comisiones para defender la propuesta y detallar sus principales lineamientos.

Qué cambia con la reforma del Banco Central

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los objetivos establecidos para el Banco Central. La propuesta elimina la multiplicidad de propósitos contemplados actualmente en su Carta Orgánica y establece como mandato central la preservación del valor de la moneda.

La iniciativa también busca cerrar distintas vías de financiamiento monetario al sector público. Entre otras modificaciones, prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y los préstamos a las provincias, elimina el uso de letras intransferibles y establece que las transferencias de utilidades deberán limitarse a ganancias reales obtenidas por la entidad.

Además, el proyecto retira del Directorio del Banco Central funciones vinculadas con la orientación del crédito hacia determinados destinos y con políticas crediticias diferenciadas. El argumento del Ejecutivo es que esas atribuciones corresponden a funciones de fomento y no a las tareas propias de una autoridad monetaria.

La reforma fue definida por Javier Milei como una de las iniciativas centrales de esta etapa de su administración. El Gobierno pretende convertir en una restricción legal permanente su política de emisión cero y limitar la posibilidad de utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del sector público.

Más requisitos para remover a las autoridades del BCRA

Otro eje importante pasa por la independencia institucional del organismo. La iniciativa endurece las condiciones para remover al presidente y a los directores del Banco Central y establece que una decisión de ese tipo requerirá la intervención del Congreso.

Según el texto, la remoción solo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo luego de recibir la aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. El objetivo declarado es reducir la capacidad de los gobiernos de modificar la conducción de la autoridad monetaria por diferencias respecto de la política económica.

La propuesta también deroga la disposición que permite al ministro de Economía, o a un representante suyo, participar con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio del Banco Central. Para el Gobierno, esa modificación busca establecer una separación más clara entre el Tesoro y la conducción de la política monetaria.

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Mientras el oficialismo confía en acelerar esta reforma, el escenario aparece más complejo para otro de los proyectos de la agenda inmediata del Gobierno: la nueva ley de Inocencia Fiscal. Esa iniciativa enfrenta mayores resistencias en Diputados y, por el momento, no tendría el mismo camino despejado para alcanzar rápidamente un dictamen.