La crisis municipal empuja un nuevo mapa de cooperación: el plan para gastar menos y dar más

La estrechez financiera de los municipios bonaerenses abrió una discusión que va más allá de reclamar fondos a la Provincia o a la Nación: cómo hacer que los recursos disponibles rindan más. Un proyecto presentado en el Senado por Inés Laurini, legisladora de Fuerza Patria por la Séptima sección electoral, propone darles a las comunas un régimen más preciso para comprar insumos en conjunto, compartir prestaciones técnicas y organizar sistemas regionales de salud, saneamiento, residuos o transporte.

La iniciativa parte de una realidad conocida por los intendentes, pero muy desigual a lo largo de los 135 distritos. Mientras algunas comunas cuentan con una recaudación propia importante, equipos profesionales amplios y capacidad administrativa para sostener servicios complejos, otras dependen en gran medida de las transferencias provinciales y nacionales. En esos municipios, adquirir medicamentos, reparar maquinaria pesada, mantener un laboratorio o tratar residuos puede resultar demasiado costoso si cada gobierno local lo hace por separado.

La propuesta no crea desde cero la posibilidad de cooperación. La Ley 13.580, sancionada en 2006, ya permite constituir Consorcios de Gestión y Desarrollo entre municipios y habilita, entre otros objetivos, la realización de compras generales.

El cambio que impulsa Laurini busca actualizar ese marco mediante tres modalidades diferenciadas, reglas más detalladas para distribuir gastos y administrar recursos, un registro específico y un fondo provincial de incentivo.

Una respuesta a la desigualdad municipal

El núcleo económico del proyecto es la escala. Si varios distritos unifican la demanda de medicamentos, combustible, luminarias, neumáticos o insumos hospitalarios, pueden negociar volúmenes mayores y obtener condiciones que difícilmente conseguirían por separado. La misma lógica se traslada a servicios que requieren personal especializado, equipamiento costoso o una estructura permanente.

El debate aparece en un escenario de fuerte presión sobre las cuentas locales. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la caída real de la coparticipación profundizó los ajustes en distintos municipios, mientras el aumento de la demanda social y las restricciones para utilizar fondos afectados complicaron tanto las obras como el funcionamiento cotidiano. En ese marco, la cooperación intermunicipal se presenta como una herramienta para reducir costos, aunque no reemplaza los recursos que cada distrito necesita para sostener sus obligaciones.

La discusión también se cruza con el reclamo legislativo para ampliar la libre disponibilidad de los fondos destinados a las comunas. A eso se suma una reducción real de las transferencias y el peso de las partidas condicionadas, una combinación que volvió a poner en alerta a las administraciones locales.

El texto pone el foco especialmente en las comunas pequeñas. Un laboratorio bromatológico, un equipo de zoonosis o un sistema moderno de tratamiento de residuos puede quedar fuera de su alcance individual. Compartido entre localidades próximas, en cambio, el costo fijo se distribuye y la infraestructura puede atender a una población más amplia.

La ecuación también plantea desafíos. Las comunas asociadas deberán coordinar prioridades, distancias, frecuencias y aportes en territorios que no tienen la misma población ni idéntica capacidad financiera. Por eso, la viabilidad no dependerá solamente del ahorro proyectado, sino de que los convenios definan con claridad qué recibe y cuánto paga cada integrante.

Los tres niveles de integración

El proyecto organiza la asociación municipal en tres figuras, diseñadas según la complejidad de la tarea compartida. La primera es la Central Intermunicipal de Compras y Abastecimiento, pensada como la puerta de entrada al sistema. Permitirá reunir pedidos de bienes de uso frecuente y realizar adquisiciones conjuntas para mejorar el poder de negociación frente a los proveedores.

Este formato podría aplicarse a medicamentos, combustibles, cubiertas, luminarias e insumos para hospitales, entre otros productos. El ahorro esperado surgiría tanto del volumen como de la reducción de procesos administrativos repetidos en cada municipio.

La segunda figura es la Agencia Intermunicipal de Servicios. Su alcance ya no se limita a comprar: permitirá compartir funciones técnicas, equipos y capacidades profesionales. El proyecto menciona laboratorios, bromatología, zoonosis, defensa civil, mantenimiento de maquinaria y sistemas de información.

La tercera modalidad, denominada Consorcio Regional Integrado, está prevista para políticas de mayor escala. Bajo ese esquema podrían organizarse redes regionales de salud, agua y saneamiento, gestión de residuos o transporte que atraviesen varios partidos.

La estructura es gradual. Los municipios podrían comenzar con una central de compras y, si la experiencia funciona, avanzar hacia servicios comunes o un sistema regional más amplio. Esa flexibilidad busca evitar que la única alternativa sea conformar desde el inicio una organización compleja y costosa.

La adhesión no será automática. Cada concejo deliberante tendrá que aprobar una ordenanza y los municipios deberán suscribir un convenio o estatuto constitutivo. Allí deberán precisar los aportes de cada distrito, el reparto de los costos, la administración de los fondos, los órganos responsables y el procedimiento aplicable si una comuna decide abandonar la asociación.

El proyecto contempla plazos mínimos de permanencia y mecanismos de compensación. La finalidad es impedir que una salida abrupta deje deudas, equipamiento sin sostén o servicios interrumpidos para los demás socios. Esa previsión resulta central en acuerdos que pueden sobrevivir a un cambio de intendente o a una modificación de las alianzas políticas locales.

La propuesta procura, justamente, que la cooperación no dependa de la sintonía circunstancial entre jefes comunales. Un estatuto, compromisos aprobados por ordenanza y reglas de retiro permitirían sostener la asociación aun cuando cambien las administraciones.

Un fondo inicial y el control de las cuentas

La iniciativa crea un Registro Provincial de Asociaciones Intermunicipales, donde deberán inscribirse las estructuras conformadas bajo el nuevo régimen. También prevé un Fondo Provincial de Incentivo para financiar estudios, asistencia técnica y el equipamiento inicial necesario.

Ese respaldo puede ser determinante para los distritos con menos recursos: compartir un servicio reduce su costo posterior, pero la puesta en marcha puede exigir estudios, sistemas informáticos, instalaciones o maquinaria que ninguna de las comunas esté en condiciones de pagar al comienzo. La necesidad de renovar equipos ya llevó a la Provincia a desplegar una línea de financiamiento por más de $4.019 millones para que los municipios adquieran bienes de capital. El alcance real del nuevo fondo dependerá, por lo tanto, de la asignación presupuestaria que reciba y de la reglamentación que establezca cómo acceder a los aportes.

El manejo económico quedará sujeto al control del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Además de la rendición obligatoria, el proyecto establece la publicación digital de la información. La trazabilidad será especialmente relevante en las compras conjuntas, donde se concentrarán pedidos de varios municipios y podrán ponerse en juego contratos de mayor volumen.

La legislación vigente ya reconoce a los consorcios personalidad jurídica propia, exige un estatuto y establece la incorporación y separación de municipios mediante ordenanza. También existe dentro del Ministerio de Gobierno bonaerense una Dirección de Consorcios de Gestión y Desarrollo, encargada de asistir y registrar estos esquemas. La reforma buscaría conservar esa base y adaptarla a prestaciones públicas que hoy requieren una integración más sofisticada.