El PRO vuelve a presionar por la reforma de la VTV y reclama que el Senado trate el proyecto
El PRO volvió a poner la reforma de la Verificación Técnica Vehicular en la agenda del Senado bonaerense. La decisión de la Ciudad de Buenos Aires de habilitar la inscripción de talleres, concesionarias e importadores le dio a la bancada opositora un nuevo argumento para reclamar que la provincia de Buenos Aires amplíe la cantidad de prestadores y revise un esquema que el gobierno de Axel Kicillof decidió conservar.
La presión lleva la firma del senador provincial Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO en la Cámara alta. Su proyecto de declaración insta al Poder Ejecutivo a revisar y adecuar el marco provincial, y solicita que evalúe la habilitación de Talleres de Revisión Técnica en talleres mecánicos y concesionarios oficiales que cumplan los requisitos técnicos y las condiciones de funcionamiento. Según el legislador, una oferta más amplia permitiría mejorar los turnos, acercar el servicio a las localidades del interior y sumar competencia, tecnología y trazabilidad.
“Primero avanzó Nación y ahora se sumó la Ciudad. Mientras otros modernizan sus sistemas, amplían la competencia y buscan facilitarle las cosas a la gente, la Provincia sigue sosteniendo un modelo viejo. Buenos Aires no puede seguir llegando tarde”, cuestionó Petrecca.
Un proyecto que espera en el Senado
La propuesta permanece sin tratamiento formal en las comisiones del Senado, de acuerdo con la información difundida por el bloque. Esa demora pasó a ocupar el centro del planteo del PRO: ya no se limita a pedirle cambios al Ejecutivo, sino que reclama que la Legislatura habilite la discusión sobre quiénes pueden prestar el servicio y bajo qué condiciones.
El punto de partida de la oposición es la cobertura disponible. En sus fundamentos, el proyecto afirma que el sistema cuenta con aproximadamente 52 plantas fijas y 10 móviles para toda la provincia. Para el PRO, esa red resulta insuficiente en distintas zonas del interior, donde los usuarios podrían enfrentar mayores distancias y dificultades para obtener turnos.
El documento vincula la actualización reclamada con los decretos nacionales 196/2025 y 139/2026, que Petrecca toma como referencia para ampliar la oferta bajo condiciones técnicas y de control. En los fundamentos, el senador sostiene que el mapa oficial concentra establecimientos en el Área Metropolitana y algunas ciudades cabecera, mientras que en numerosos distritos del interior los vecinos deben recorrer decenas o incluso cientos de kilómetros, asumir mayores costos y perder tiempo para cumplir con un trámite que muchas veces recae sobre vehículos utilizados como herramienta de trabajo.
Petrecca sostiene que incorporar más establecimientos no debería equivaler a rebajar las exigencias técnicas. “La discusión no es controlar menos, sino controlar mejor. Podemos garantizar la seguridad vial y al mismo tiempo tener más prestadores, más tecnología, trazabilidad y mejores controles”, afirmó. También cuestionó la continuidad de “estructuras cerradas simplemente porque siempre funcionaron así”.
El senador bonaerense Guillermo Montenegro había presentado otra iniciativa para que la Provincia adhiriera al régimen nacional. Ambos proyectos comparten el pedido de apertura, aunque la nueva ofensiva de Petrecca coloca el acento en ampliar la red provincial y llevar el servicio a distritos donde la oferta es reducida.
La Ciudad le dio impulso al reclamo
El Gobierno porteño abrió la inscripción para talleres calificados, concesionarias e importadores interesados en realizar la verificación. El esquema fue aprobado mediante la Ley 6.963 y exige que cada prestador ingrese a un Registro Único, acredite instalaciones y equipamiento, cuente con dirección técnica y quede sujeto a inspecciones y auditorías.
“Ampliamos la oferta del servicio: ahora también podrán realizar verificaciones talleres calificados y concesionarias”, anunció el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. Jorge Macri presentó el cambio como el final de la exclusividad de las plantas tradicionales.
La normativa porteña también modificó la periodicidad. Los vehículos particulares y motovehículos cero kilómetro tendrán cinco años de gracia antes de la primera revisión. Hasta los diez años de antigüedad, el certificado durará 24 meses; después volverá a ser anual. Las estaciones deberán registrar digitalmente las inspecciones, sus resultados y las causas de rechazo.
Además, cada establecimiento podrá fijar el precio según las condiciones del mercado, aunque continuarán las exenciones previstas para determinados jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad.
Nación había avanzado previamente con la apertura permanente y digital del registro de talleres. Su aplicación, sin embargo, no obliga automáticamente a las provincias, que conservan facultades para regular y fiscalizar el tránsito dentro de sus territorios.
La Provincia defiende el esquema vigente
La administración de Kicillof ratificó que no adherirá a la flexibilización impulsada por el gobierno de Javier Milei. En territorio bonaerense seguirán vigentes las plantas autorizadas, los plazos, los requisitos y el cronograma actual. El Ministerio de Transporte sostiene que la centralización permite aplicar criterios homogéneos, controlar la emisión de certificados y determinar responsabilidades ante una revisión defectuosa.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, rechazó que el debate pueda reducirse a la existencia de un supuesto monopolio. “Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó.
También vinculó la periodicidad de las inspecciones con el deterioro de rutas nacionales y la paralización de obras: “Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”.
Dentro de la oposición tampoco existe una única salida. El diputado bonaerense Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, impulsa directamente la eliminación de la VTV obligatoria para vehículos particulares y sostiene que el trámite representa una carga económica. Petrecca, en cambio, insiste en conservar la fiscalización y modificar la prestación.
“Queremos un Estado que controle mejor: moderno, transparente, eficiente y útil. Que utilice la tecnología para simplificarle la vida al ciudadano y no para agregarle obstáculos. Ese es el cambio que estamos proponiendo para la Provincia”, concluyó el presidente del bloque PRO.