Celulares en cárceles: bloqueo nacional, límite judicial y presión opositora en la Provincia
El nuevo programa nacional para bloquear teléfonos en establecimientos penitenciarios reactivó una discusión que en la provincia de Buenos Aires atraviesa al Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia. La Nación abrió una vía técnica para inhabilitar dispositivos y convocó a las jurisdicciones a adherir, pero desde la administración de Axel Kicillof advirtieron que el régimen vigente no depende solamente de una decisión gubernamental: el acceso de los internos a los celulares está sujeto a disposiciones judiciales.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios mediante la Resolución 806/2026, publicada el 25 de agosto. La medida habilita convenios con las provincias. La ministra Alejandra Monteoliva buscó trasladar la decisión a los gobernadores: “La herramienta ya está. Ahora depende de que cada provincia tome la decisión y la implemente”.
Qué permite el nuevo sistema
El mecanismo identifica el IMEI del equipo, el IMSI del abonado y la línea asociada para desactivarlos en conjunto. Así procura impedir que un aparato vuelva a funcionar con el simple reemplazo del chip. La Resolución 336/2026 había autorizado el procedimiento en cárceles federales y la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones lo extendió a los establecimientos provinciales que adhieran.
Monteoliva sostuvo que el esquema ya funciona en el Servicio Penitenciario Federal y recordó la destrucción de más de 4.000 aparatos incautados en abril. “En nuestras cárceles hay control, ley y orden. Los presos trabajan. No hay celulares”, afirmó.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, relativizó esa descripción. En una entrevista reciente aseguró que existe una sola unidad penitenciaria totalmente incomunicada en el país, destinada a detenidos vinculados con el narcotráfico. “En las otras hay, por más que se diga lo contrario”, planteó.
Alonso reconoció que el marco normativo y doctrinario debe actualizarse y diferenció entre internos de alta peligrosidad y quienes se aproximan a recuperar la libertad. “Alguien peligroso no puede tener teléfonos de ninguna manera, pero el teléfono es parte de un premio que se da a aquel que está próximo a salir”, explicó.
El límite que marca la Justicia
La autorización de celulares en las cárceles bonaerenses se remonta a marzo de 2020, cuando una resolución judicial permitió su ingreso durante el aislamiento por la pandemia para sostener vínculos familiares, consultas jurídicas y actividades educativas. La excepción continuó después de las restricciones sanitarias.
Alonso remarcó que los detenidos alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense están bajo la órbita de los jueces de ejecución. “El que ordena lo que se hace con el preso es el juez; el juez es el que nos obliga a que ellos accedan al teléfono”, afirmó.
La discusión también incluye posiciones contrarias a una prohibición absoluta. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, sostuvo que el uso regulado de celulares contribuyó a reducir los conflictos interpersonales y los homicidios dentro de los penales bonaerenses. La Universidad Nacional del Centro advirtió, además, que resultan necesarios para la continuidad educativa de los internos.
Ese cuadro explica por qué una adhesión administrativa al programa nacional no resolvería por sí sola el régimen bonaerense. También haría falta adecuar las reglas provinciales y compatibilizarlas con las resoluciones judiciales vigentes.
Proyectos frenados y causas abiertas
En paralelo, el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, volvió a reclamar que el Ejecutivo adhiera al convenio. El proyecto que tiene como coautores a sus compañeros de bancada Alex Campbell y Juan Manuel Rico Zini, crea un Sistema de Comunicación Digital Supervisada, administrado por el SPB, para reemplazar los equipos particulares y preservar el contacto con familiares y abogados. El expediente ingresó en abril y permanece en estudio, sin despacho.
“Un celular dentro de una cárcel puede convertirse en una herramienta para seguir delinquiendo afuera”, sostuvo Petrecca. También señaló que Córdoba ya firmó el protocolo y que en Río Negro surgieron pedidos legislativos para avanzar en el mismo sentido.
La discusión cruza varios espacios. La senadora del Frente Renovador en Fuerza Patria Malena Galmarini presentó una iniciativa para prohibir dispositivos no autorizados e instalar sistemas supervisados; el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Carlos Curestis, reclamó mayores controles; y el diputado libertario Oscar Liberman impulsó la “Ley Rodrigo”, en referencia al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida después de una extorsión que, según la investigación, se habría originado en la Unidad 36 de Magdalena.
Los expedientes se apoyan en causas concretas. Una organización que presuntamente operaba desde las unidades 43 y 58 de González Catán motivó 31 allanamientos y 32 detenciones, entre ellas las de un policía y dos agentes penitenciarios. La víctima entregó US$10.000 y transfirió cerca de $3 millones.
La investigación continúa a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede, titular de la UFI N°5 de La Matanza. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, también advirtió sobre fallas de control al intervenir en la causa de la denominada “Banda del Millón”.
En mayo, otra investigación dirigida por la Ayudantía Fiscal N°3 de La Matanza, con intervención del auxiliar letrado Juan Cruz Rovediello, derivó en un allanamiento a la Unidad 39 de Ituzaingó: se secuestraron cuatro teléfonos y 14 chips, y dos personas quedaron detenidas. En paralelo, el Tribunal Oral Criminal N°4 de Morón rechazó prohibirle el acceso a internet a un condenado por delitos sexuales digitales porque no existe una norma específica que habilite esa restricción.