Justicia bonaerense: tres nuevas vacantes reabren la discusión por los cargos sin cubrir y la Corte incompleta
El Gobierno bonaerense oficializó este miércoles tres renuncias que vuelven a ampliar el mapa de cargos sin cubrir en la Justicia provincial y reaniman una discusión que ya venía acumulando reclamos desde distintos sectores. Las salidas alcanzan a tribunales de Mercedes y San Martín y a una defensoría de San Isidro, en momentos en que también permanecen pendientes numerosas designaciones y la Suprema Corte continúa funcionando con sólo tres de sus siete integrantes.
Los decretos 1095/2026, 1096/2026 y 1097/2026, firmados por el gobernador Axel Kicillof y refrendados por los ministros Juan Martín Mena, de Justicia y Derechos Humanos, y Carlos Bianco, de Gobierno, aceptaron las dimisiones de Fabián Fernando Brahim, juez del Tribunal en lo Criminal N°4 de Mercedes; Alicia Aida Cerminaro, defensora oficial ante los fueros Civil, Comercial y de Familia de San Isidro; y Martín Esteban Klobovs, juez del Tribunal en lo Criminal N°3 de San Martín.
Brahim y Cerminaro renunciaron con fines jubilatorios a partir del 1° de agosto. Klobovs lo hizo por motivos particulares, con efecto desde el 1° de julio. Los decretos consignan que no existían actuaciones en trámite vinculadas con ellos ante los organismos encargados de intervenir en eventuales procesos disciplinarios.
Cinco salidas recientes y una cobertura que lleva tiempo
Las tres bajas se conocen pocas semanas después de otras dos renuncias que tendrán efecto desde el 1° de septiembre. Nicolás Grappasonno dejará el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Matanza y Nicolás Ramón Ceballos hará lo mismo en el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro después de haber sido promovidos por el presidente Javier Milei para desempeñarse en tribunales nacionales.
No se trata de cinco lugares pertenecientes al mismo órgano ni deben confundirse con las cuatro sillas libres de la Suprema Corte. El punto común está en el mecanismo de reemplazo y en los tiempos necesarios para completar la estructura: el Consejo de la Magistratura interviene en la selección de postulantes, el Poder Ejecutivo debe avanzar sobre las propuestas y, para los cargos que lo requieren, los pliegos terminan en el Senado para obtener acuerdo legislativo.
Rafael Gentili, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), advirtió en una entrevista reciente sobre las consecuencias prácticas de esas demoras. Señaló que existen concursos pendientes, ternas ya conformadas a la espera del Senado y organismos que todavía deberían crearse. En departamentos judiciales como Bahía Blanca, sostuvo, la falta de fiscales obliga a subrogaciones que aumentan la carga laboral y generan cuellos de botella.
Cuatro sillones que llevan la discusión a la política
La situación adquiere otra dimensión en la Suprema Corte bonaerense. El máximo tribunal está integrado actualmente por Sergio Torres, presidente; Daniel Soria, vicepresidente; e Hilda Kogan. De los siete miembros previstos, cuatro lugares permanecen libres tras la muerte de Héctor Negri en 2020, las salidas de Eduardo Pettigiani y Eduardo de Lázzari en 2021 y el retiro de Luis Genoud en 2024.
Torres viene reclamando públicamente que se complete el cuerpo. Durante la apertura del año judicial recordó que eran tres los ministros presentes cuando deberían ser siete, mientras COLPROBA calificó la situación como de gravedad institucional y advirtió que una integración reducida puede afectar el servicio de justicia, la seguridad jurídica y la elaboración de doctrina legal.
Sin embargo, la negociación continúa frenada. En el entorno de Kicillof sostienen que “no están dadas las condiciones” para abrir actualmente una discusión que necesita atravesar un Senado fragmentado y las diferencias internas del propio peronismo. El gobernador también rechaza incluir la conformación de la Corte en un paquete junto con asuntos electorales como reelecciones, PASO o desdoblamiento.
La UCR había reclamado que se cumpliera un supuesto entendimiento alcanzado durante la negociación presupuestaria para enviar los cuatro pliegos antes de la mitad del año. Desde el Ejecutivo reconocieron que existió intención de avanzar, aunque negaron que hubiera un compromiso específico que reservara un lugar para el radicalismo y remarcaron que otros acuerdos de aquel momento tampoco se cumplieron. Bianco, por su parte, sostuvo que la propuesta de candidatos es una potestad del gobernador y debe resolverse según criterios de “oportunidad, mérito y conveniencia”.
En julio circularon, sin oficialización, distintos nombres alrededor de una eventual negociación: Marisa Herrera y el ministro Mena fueron mencionados entre opciones vinculadas al kirchnerismo; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, por el Frente Renovador; el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel, cercano al kicillofismo; y también María Fernández Vázquez, Sergio Pilarche y Marina Sánchez Herrero desde distintos espacios opositores. Ninguno fue formalizado por el Ejecutivo como candidato.
El Consejo se mueve, pero la Corte va por otro carril
La recomposición del Consejo de la Magistratura permitió retomar entrevistas personales, concursos y tratamiento de ternas para juzgados, fiscalías y defensorías. Ese funcionamiento despeja parte del camino para los cargos ordinarios, pero no resuelve las cuatro vacantes de la Suprema Corte, cuya integración depende directamente de una propuesta del gobernador y del posterior acuerdo del Senado.
Gentili planteó que la demora no sólo afecta la organización interna sino también el acceso efectivo al servicio. Para el titular de COLPROBA, los candidatos deben surgir de consensos, tener antecedentes profesionales sólidos y contemplar criterios de género y representación territorial. Sobre los tiempos, dejó una definición que resume el reclamo: “la justicia finalmente llega, pero a veces llega demasiado tarde, entonces ya deja de ser justicia”.