Persianas bajas, consumo en caída y una ley bajo disputa: las pymes bonaerenses llevaron su crisis al Senado
La crisis de los comercios y las pequeñas y medianas empresas bonaerenses llegó al Senado provincial. Referentes empresarios describieron un escenario atravesado por la caída de las ventas, el aumento de los costos, las restricciones financieras y el cierre de establecimientos en diferentes puntos del territorio.
Las exposiciones se produjeron durante una reunión de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, convocada para analizar un proyecto de La Libertad Avanza que propone derogar la ley que regula la instalación y el funcionamiento de hipermercados, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.
Lo que comenzó como una discusión sobre regulaciones e inversiones terminó convirtiéndose en una radiografía de la economía cotidiana. Los representantes de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y de la Federación de Almaceneros bonaerense (FABA) pusieron sobre la mesa una preocupación más inmediata: cómo evitar que continúen bajando las persianas.
La reunión se desarrolló en el Salón “Nunca Más” del Anexo del Senado y fue encabezada por la presidenta de la comisión, la libertaria Analía Balaudo. También participaron de manera presencial la vicepresidenta del cuerpo, María Fernanda Raverta, junto a los senadores de Fuerza Patria Federico Fagioli y Evelyn Díaz. En forma virtual se conectaron Pedro Borgini, Laura Clark, Sergio Vargas y Diego Valenzuela.
Por FEBA asistieron su presidente, Alberto Kahale; el vicepresidente primero, Juan Carlos Uboldi; el vicepresidente cuarto, Carlos Cappelletti; el prosecretario general, Leonardo Tasca; y el protesorero, Guillermo Anso.
FABA estuvo representada por su titular, José Candiota, y su vicepresidente, Fernando Savore. La organización nuclea principalmente a almacenes, autoservicios y otros negocios de cercanía, uno de los sectores más expuestos al deterioro del poder adquisitivo familiar.
Los empresarios describieron realidades diferentes según cada municipio, pero coincidieron en los principales problemas: menos compradores, facturación debilitada, costos operativos difíciles de absorber y establecimientos que no consiguen sostenerse.
“Cada fin de mes hay una persiana baja”
Kahale había trazado en las semanas previas una de las definiciones más duras sobre la situación del sector. “Realmente es un momento crítico el que están pasando las pymes de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
El presidente de FEBA graficó el deterioro con una escena que comienza a repetirse en los centros comerciales: “Cuando llega el 30 de cada mes hay una persiana baja”.
Según su diagnóstico, la reducción de la inflación no logró traducirse en una recuperación del mercado interno. Por el contrario, sostuvo que la menor dinámica de los precios está asociada a una parálisis económica que afecta especialmente a jubilados, asalariados y sectores medios.
“Casi como que la parálisis económica es la receta, la herramienta para que los precios no suban, pero claro, eso tiene consecuencias”, cuestionó.
La advertencia coincide con el cuadro que ya había analizado GRUPOLAPROVINCIA.COM al mostrar cómo la contracción del consumo, el avance de la mora y el uso del crédito para afrontar gastos corrientes presionan sobre hogares y comercios.
La cadena es directa: cuando los ingresos familiares se destinan casi exclusivamente a alimentos, servicios, alquileres y deudas, los negocios venden menos. Y cuando la facturación cae, se vuelve más difícil pagar salarios, impuestos, alquileres, energía y proveedores.
La ley que abrió la discusión
El disparador formal del encuentro fue el proyecto presentado por el senador libertario Matías De Urraza, acompañado por Gonzalo Cabezas, María Florencia Arietto y María Cecilia Martínez.
El expediente propone derogar completamente la Ley 12.573, que establece el régimen provincial para la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.
La iniciativa ingresó al Senado el 7 de abril y fue girada a las comisiones de Comercio Interior y Legislación General. Después de escuchar a FEBA y FABA, quedó en estudio y no obtuvo dictamen.
La norma vigente busca ordenar la radicación de grandes establecimientos y evaluar su impacto sobre el comercio de cada región. Para los impulsores de la derogación, ese esquema representa una barrera regulatoria que demora inversiones y limita la apertura de nuevos emprendimientos.
Pero para los representantes del comercio minorista, eliminar completamente el régimen abre otro interrogante: qué posibilidades tendrá un almacén, un autoservicio o una pyme familiar de competir contra cadenas con mayor capacidad financiera, logística y comercial.
El punto resulta especialmente sensible porque la discusión no ocurre durante una expansión del mercado interno, sino en pleno retroceso del consumo. La eventual llegada de nuevos actores no garantiza por sí misma que aumente la demanda: también puede redistribuir ventas que ya se encuentran deprimidas.
Menos consumo, importaciones y costos en alza
Kahale también vinculó la crisis con la apertura de importaciones y cuestionó que los productos extranjeros ingresen al mercado sin afrontar condiciones equivalentes a las que recaen sobre la industria y el comercio nacional.
“No puede ser que se abran las fronteras como se abrieron y estemos por todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires con contenedores que llegan, se abren y se vende lo que hay adentro”, advirtió semanas atrás.
El titular de FEBA sostiene que esa competencia se suma a una estructura de costos compuesta por impuestos, tarifas, alquileres, salarios y dificultades para acceder al financiamiento.
La presión fiscal provincial también forma parte del debate. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en la Legislatura ingresó un proyecto para diferir durante tres meses el pago de Ingresos Brutos y reducir costos administrativos para las MiPyMEs.
La propuesta contempla bonificaciones del 70% para microempresas, del 50% para pequeñas firmas y del 30% para medianas empresas en distintos trámites provinciales. También plantea una tasa resarcitoria reducida ante ARBA, aunque todavía debe atravesar el debate parlamentario.
En paralelo, el Gobierno de Axel Kicillof busca contener el deterioro mediante herramientas del Banco Provincia. Una de ellas permite refinanciar deudas comerciales en hasta 36 cuotas, con una tasa fija anual del 25,7%. La medida apunta a firmas afectadas por la retracción de la actividad, la morosidad y las dificultades para acceder al crédito.
“Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas”, sostuvo Kicillof al presentar la línea.
La herramienta ofrece oxígeno financiero, pero no resuelve el problema central señalado por FEBA y FABA: sin una recuperación sostenida de las ventas, refinanciar obligaciones puede ordenar los vencimientos, aunque no garantiza que las empresas vuelvan a generar los ingresos necesarios para sostenerse.
La industria tampoco logra recuperar el terreno perdido
El deterioro comercial convive con una actividad fabril que todavía se mantiene por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno nacional. Según el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera bonaerense, durante el primer trimestre de 2026 la producción provincial permaneció 6,9% por debajo del mismo período de 2023.
Las mayores caídas respecto de aquel año se observaron en metales comunes, minerales no metálicos, caucho y plástico, papel y cartón y vehículos automotores. El retroceso industrial tiene impacto directo sobre proveedores, transportistas, comercios y economías locales.
Las pymes ocupan un lugar central dentro de ese entramado. En la provincia funcionan más de 633.000 unidades productivas, equivalentes a aproximadamente el 34% del total nacional de MiPyMEs, de acuerdo con los datos incorporados al debate legislativo sobre alivio fiscal.