De la mora al préstamo ilegal: la Provincia alerta por más violencia ligada al endeudamiento familiar
El endeudamiento de las familias empezó a mostrar en la provincia de Buenos Aires una derivación que excede largamente la tarjeta impaga o la cuota atrasada. La caída de los ingresos, la pérdida de acceso al crédito formal y la necesidad de conseguir dinero para llegar a fin de mes están empujando a sectores vulnerables hacia prestamistas informales que, según advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en algunos barrios aparecen ligados a organizaciones dedicadas al narcomenudeo.
El dato que encendió las alarmas es policial: Alonso afirmó que durante los primeros cuatro meses de 2026 se duplicaron, respecto del mismo período del año pasado, los hechos violentos relacionados con deudas de dinero.
Habló de homicidios, intentos de homicidio, lesiones graves y amenazas con armas de fuego, y calculó entre 250 y 300 episodios mensuales en territorio bonaerense. También señaló un crecimiento de ataques con disparos en las piernas como mecanismo de cobro.
Del banco al prestamista del barrio
El recorrido que describió el funcionario comienza mucho antes de la intervención policial. Familias cuyos ingresos ya no alcanzan pierden primero el crédito bancario; después recurren a mutuales, billeteras digitales u otros mecanismos y, cuando también quedan afuera de esos circuitos, siguen necesitando efectivo. Es allí donde pueden aparecer prestamistas sin regulación y, en los sectores más castigados, personas vinculadas a economías criminales.
Alonso describió casos que comienzan con préstamos de apenas $200.000 y terminan meses después con exigencias millonarias y amenazas sobre la vivienda. En otra intervención mencionó familias que se endeudaron por montos cercanos al millón de pesos y luego quedaron expuestas a intimidaciones destinadas, presuntamente, a despojarlas de sus casas. “Esto se corrige desde la política económica”, sostuvo al plantear que la respuesta policial, por sí sola, no alcanza para cortar el circuito.
Según explicó, esas organizaciones encuentran además un negocio adicional al de la venta minorista de drogas: utilizan capital disponible para prestar dinero y cobran mediante intereses elevados, amenazas o agresiones.
El ministro aseguró que la Provincia interviene cuando las víctimas denuncian las extorsiones, aunque reconoció una dificultad central: muchos de esos episodios permanecen inicialmente dentro del ámbito privado y afectan a familias de extrema vulnerabilidad.
En ese circuito, Alonso relató un episodio ocurrido dos meses atrás en el barrio Ejército de los Andes, en Tres de Febrero, conocido como Fuerte Apache: dos bandas se enfrentaron a tiros dentro de un monoblock mientras, según explicó, se disputaban el negocio de prestar dinero a las familias del lugar.
El ministro sostuvo que algunas organizaciones dedicadas a la venta de drogas, una vez asentadas en un barrio, comienzan a extender su actividad hacia otros mercados ilegales, entre ellos los créditos informales. Frente a esos casos, aseguró que la Provincia interviene para desarticular los puntos vinculados a estas maniobras y avanzar contra sus responsables.
La administración de Axel Kicillof también empezó a intervenir sobre otro eslabón del problema. El gobernador y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron expedientes a partir de denuncias contra billeteras virtuales por presuntos casos de acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas, falta de información sobre los préstamos y posibles incumplimientos de normas de Defensa al Consumidor.
La deuda también atraviesa a la Bonaerense
El deterioro económico alcanza incluso a quienes deben intervenir frente a esos delitos. Alonso informó que entre el 10% y el 12% de los efectivos de la Policía bonaerense registra problemas de morosidad. Un agente recién incorporado percibe, según sus datos, algo más de $1,1 millón mensual y alrededor de 35.000 policías realizan servicios adicionales en estadios, recitales y otros eventos para completar sus ingresos.
Ante esa situación, la Provincia puso en marcha mecanismos de refinanciación a través de la caja previsional policial y el Banco Provincia. Esas herramientas permitieron asistir a 1.200 efectivos con créditos por alrededor de $1.500 millones. “El problema no son solamente los salarios bajos, sino el bajo poder adquisitivo que tienen los salarios”, explicó Alonso.
El fenómeno tampoco se limita a la fuerza provincial. Datos difundidos por Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional, indican que el 25% de los integrantes de fuerzas federales y Fuerzas Armadas que poseen créditos registra atrasos: 43.784 personas. Entre el resto de la administración pública nacional, la proporción informada es del 10,8%.
A ese escenario se suma la discusión por los recursos. Alonso aseguró que el Gobierno nacional dejó de transferir fondos destinados al sistema de seguridad bonaerense y sostuvo que la Provincia debió mantener patrullaje, salarios, tecnología y equipamiento con menores recursos. “La seguridad requiere inversión. Sin inversión no hay seguridad”, planteó.
Cuattromo: “El problema de la mora es macroeconómico”
La lectura económica llegó este jueves desde el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Durante el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, afirmó que la morosidad se multiplicó por cinco y vinculó ese salto directamente con la pérdida del poder adquisitivo. “Si el salario se recupera, se cancelan las deudas”, sostuvo.
Cuattromo cuestionó además la política económica nacional y afirmó que la falta de demanda funciona como uno de los mecanismos utilizados para contener el dólar. Para el titular del Bapro, un salario real en retroceso impide hablar de equilibrio macroeconómico. “Mi visión es que no hay estabilidad con este mercado de trabajo”, concluyó.